¿Cómo puede contribuir el sector privado a reducir la informalidad?

Por César Reyna Ugarriza, consultor en temas económicos, políticos y sociales. Correo: cesarreyna78@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN. –

La informalidad se erige como el principal problema del país, ya que sus ramificaciones afectan todas las esferas de la sociedad peruana. Este fenómeno, arraigado en la cultura y también de índole económica, política, social e institucional, tiene un impacto negativo significativo en el ámbito normativo y jurídico, erosionando progresivamente la política y las instituciones del país.

Contrario a la noción convencional, el antónimo real de la informalidad no es simplemente la formalidad, sino una mayor institucionalidad. La formalidad emerge como una consecuencia directa de la institucionalidad robusta y estable, que debe ser establecida y consolidada para que pueda sostener efectivamente la formalidad. La institucionalidad pública engloba un conjunto de normas, reglas, principios y prácticas que garantizan la estabilidad jurídica, orientan las acciones de la administración pública y fomentan el bienestar social y económico.

Abordar la informalidad requiere, ante todo, fortalecer y ampliar la institucionalidad. Esta debe extenderse por todo el territorio y ser eficiente, proactiva y funcional, anticipándose a los problemas en lugar de reaccionar ante ellos. Solo una institucionalidad sólida puede reducir o erradicar la informalidad de manera efectiva.

Es crucial entender que la informalidad va más allá de la esfera económica, involucrando también aspectos políticos, sociales y culturales. La informalidad empresarial y laboral, que constituye la mayoría de los estudios sobre el tema, es solo una manifestación de un problema más profundo y generalizado.

Por ejemplo, la minería ilegal y el empleo informal son ejemplos tangibles de esta informalidad económica, que se caracteriza por la evasión de impuestos, la falta de permisos oficiales y la ausencia de medidas de seguridad laboral.

Es importante destacar que la formalidad empresarial no se limita a cuestiones registrales o tributarias, sino que abarca prácticas y comportamientos éticos y legales. La existencia de agentes híbridos, que operan en la frontera entre la legalidad y la informalidad, complica aún más el panorama.

2. MARCO TEÓRICO: TEORÍA GENERAL DE LA INFORMALIDAD (TGI). –

En el intrincado panorama de la economía del Perú, la informalidad se erige como un fenómeno omnipresente, profundamente arraigado en el tejido social, cultural, institucional, político y económico de la nación. En esa línea, la Teoría General de la Informalidad (TGI) (Reyna, 2019)[1] busca comprender las complejidades de este problema sistémico y cuestión multifacética que afecta diversos aspectos de la sociedad. Este marco integral profundiza en las raíces de la informalidad, rastreando su trayectoria histórica desde la era colonial hasta la actualidad, al tiempo que ofrece una perspectiva teórica única que integra a la perfección ideas de enfoques estructuralistas, legalistas y holísticos. Según la TGI, la informalidad está estrechamente relacionada con factores culturales, económicos, políticos, sociales e institucionales, que se detallan a continuación:

i. Factores culturales: La informalidad suele estar arraigada en las normas culturales, actitudes y comportamientos de una sociedad. Estos factores culturales influyen en la forma en que individuos y empresas perciben e interactúan con las instituciones y regulaciones formales. Por ejemplo, prácticas informales como el soborno y la corrupción pueden estar normalizadas en ciertos contextos culturales, socavando las estructuras de gobernanza formales.

ii. Factores económicos: Las condiciones económicas, como la pobreza, la falta de acceso al empleo formal y la desigualdad económica, pueden llevar a individuos y empresas a realizar actividades informales como medio de supervivencia. El empleo informal puede ofrecer flexibilidad y oportunidades de ingresos inmediatos que no están disponibles en el sector formal, especialmente en regiones con oportunidades económicas limitadas.

iii. Factores políticos: La gobernanza débil, la aplicación ineficaz de leyes y regulaciones, y la corrupción en las instituciones políticas pueden perpetuar la informalidad al crear un entorno donde las prácticas informales prosperan. La inestabilidad política y los conflictos pueden exacerbar aún más la informalidad al socavar el estado de derecho y la integridad institucional.

iv. Factores sociales: La exclusión social, la discriminación y la falta de protección social pueden empujar a grupos marginados, como mujeres, jóvenes y minorías, hacia actividades informales con derechos legales y sociales limitados. La informalidad puede perpetuar las desigualdades sociales al privar a las personas de acceso al empleo formal, educación, atención médica y seguridad social.

v. Factores institucionales: La capacidad institucional débil, las ineficiencias burocráticas y las barreras regulatorias pueden obstaculizar los esfuerzos de formalización y perpetuar la informalidad. Las empresas informales pueden enfrentar desafíos para acceder a crédito, mercados y servicios públicos debido a su falta de reconocimiento legal y cumplimiento. Fortalecer las instituciones formales y simplificar los procesos burocráticos es esencial para reducir la informalidad y promover un crecimiento inclusivo.

La comprensión de los factores culturales, económicos, políticos, sociales e institucionales resulta fundamental para desarrollar estrategias efectivas para abordar la informalidad y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible.

3. DIAGNÓSTICO. –

En base al planteamiento multidimensional de la Teoría General de la Informalidad (TGI), la informalidad es el principal problema del país porque de esta se derivan todos los demás. Y es, antes que nada, un fenómeno de raíz y naturaleza cultural, pero también económica, política, social e institucional. Está repercute negativamente en el plano normativo o jurídico (legal) al tener injerencia determinante sobre la política y las instituciones, contribuyendo a su deterioro progresivo.

En ese orden de ideas, lo opuesto a la informalidad, su verdadero antónimo, no es precisamente la formalidad, sino una mayor institucionalidad. La formalidad es una consecuencia directa de la institucionalidad, por lo que esta última debe establecerse y consolidarse primero para que la primera anide y sea realmente eficaz. La institucionalidad pública implica un sistema, estructura y organización que permite el funcionamiento del Estado y la sociedad en términos óptimos al atender necesidades y generar bienestar. La institucionalidad pública está formada por normas, reglas, principios, criterios, estándares, parámetros, procesos, procedimientos, medidas, prácticas, etc., que permiten la previsibilidad de las actuaciones y comportamientos de la administración pública y los funcionarios, aseguran estabilidad jurídica o legal, brindan orientación a los ciudadanos, facilitan el desarrollo de distintas actividades económicas o no, ofrecen pautas claras, ayudan a crecer la economía, combaten prácticas ilegales e informales, generan incentivos claros para actuar dentro de la legalidad establecida, son realmente inclusivas, operan bajo criterios objetivos para evitar subjetividades, toman en cuenta todos los intereses que alberga una sociedad diversa, buscan el desarrollo sostenible, etc.

Se combate la informalidad con mayor y mejor institucionalidad. Esta debe estar presente en lugar de ausente en distintas partes del territorio. La institucionalidad no solo debe estar presente sino que debe ser eficiente, eficaz y proactiva. Debe anticiparse a los problemas y no ser meramente reactiva. Debe estar consolidada y tener un alcance para generar impactos positivos. Pero debe ser ante todo funcional, es decir, las instituciones deben ser capaces de cumplir con la misión y objetivos para los cuales fueron creadas en un primer momento. La funcionalidad de la institución determina su impacto sobre la realidad. Solo así podrá disminuir o eliminar la informalidad.

Entonces, a mayor institucionalidad se tiene una menor informalidad. Por lo tanto se requieren mejores y más instituciones políticas, económicas y sociales, y no solo legales.

La informalidad que se mide o estudia es, por lo general, la informalidad empresarial y laboral, esto es, de naturaleza económica o productiva. Entre los ejemplos están la minería ilegal y el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que pertenece al sector informal. La minería informal opera sin permisos ni licencias. El empleo informal es aquel que carece de los beneficios contemplados en la ley (no estar en la planilla de empresas o entidades públicas, por ejemplo). La informalidad económica se caracteriza por lo general por no tributar (no declarar ni pagar los impuestos correspondientes a la actividad realizada), realizar actividades productivas sin contar con permiso oficial, operar sin protección o medidas de seguridad, entre otros.

Sin embargo, en el mercado hay agentes híbridos, que son aquellos que son parcialmente legales e informales a la vez. Esto implica que presentan una cara visible o aparentemente formal (legal), pero en su faceta menos expuesta o poco visible para el resto operan informalmente. Esta dualidad es bastante común entre muchas empresas de todo tamaño.

De modo que la formalidad empresarial no se determina exclusivamente por contar con una personería jurídica (empresa inscrita en registros públicos), declarar ingresos para efectos del pago de impuestos, contar y pagar planillas de empleados, poseer estados financieros, llevar un libro contable, mostrar un domicilio fiscal, contar con una estructura u organización en la que se evidencien las funciones y responsabilidades del personal de dirección, gestión, administración, etc., toda vez que las empresas pueden eludir el pago de impuestos, no aportar a la seguridad social ni a los fondos de pensiones privados de los trabajadores, pueden incumplir con normas ambientales y de seguridad, pueden pagar a funcionarios y servidores públicos para conseguir licencias y permisos (soborno), pueden evitar inspecciones y fiscalizaciones mediante ofrecimientos indebidos (soborno), entre otras prácticas.

La formalidad no depende necesariamente de la partida registral, tener un registro de contribuyente tributario, declarar y pagar una planilla laboral, mantener un libro contable, exhibir estados financieros, poseer documentación sobre las actividades del negocio, tener una sede administrativa, ni un responsable legal como un gerente legal o representantes acreditados, sino de las prácticas y conductas exhibidas por los agentes económicos, en este caso, empresas aparentemente formales. Como ejemplo se tiene el caso de Intigold, una minera que comercializa oro de otra empresa sin permiso de esta al invadir su concesión minera (opera en áreas que no le corresponde y comete delitos). Este acto lo realizada desde hace tiempo y con total impunidad y presunta complicidad de diversas entidades públicas.

Una característica resaltante de la informalidad es que predispone al delito, a cometer actos ilícitos. El formal, para pasar a la ilegalidad, tiene de por medio la opción de la informalidad antes de optar por cometer delitos. En cambio el informal no tiene esa alternativa, ya que el paso a la ilegalidad es mucho más sencillo o factible desde la posición en la que se encuentra. Naturalmente podría optar por la formalidad, pero esta le resulta esquiva o difícil por diversas razones y por tal motivo viene operando en la informalidad. El informal se encuentra en una zona gris entre la formalidad y la ilegalidad. Por lo general el tránsito hacia la ilegalidad es mucho más fácil que hacia la formalidad por haber estado acostumbrado a actuar en un limbo extralegal o paralegal como en el caso de los mineros informales que pertenecen a la minería artesanal y pequeña minería (MAPE). Un caso es el de la elusión y evasión tributaria, que en conjunto cuestan más de 8% de PBI de Perú anualmente. La administración tributaria busca maneras y mecanismos para reducirlas y combatirlas pues restan recursos al fisco, lo que desfinancia el presupuesto público y obliga al Estado a endeudarse y no cumplir con sus metas de déficit fiscal.

En el documento alcanzado por la organización de Capitalismo Consciente- Perú, se considera que la informalidad es producto de servicios públicos deficientes (argumento institucional), régimen normativo opresor porque persigue al formal y no combate la informalidad (argumento legal), de la debilidad en la capacidad de supervisión o fiscalización gubernamental (argumento institucional), por el bajo nivel educativo que genera menor capital humano en el mercado y la sociedad (argumento socioeconómico o estructural de la economía peruana), y por una estructura primara de la economía orientada a la explotación de recursos naturales (argumento socioeconómico o estructural de la economía peruana).

Adicionalmente, durante una reunión del citado grupo, se mencionó que la sobrerregulación existente que dificulta muchas veces al empresario o emprendedor (trámites engorrosos y procesos administrativos complicados) es responsabilidad del Estado, lo cual es cierto. Pero la causa real es más bien que la sobrerregulación es una reacción del Estado o autoridad para impedir que agentes informales ingresen al mercado, es decir, que sabiendo de antemano que la sociedad peruana es abiertamente informal, culturalmente hablado, lo que busca el funcionario o legislador es impedir que actores informales puedan realizar actividades bajo el manto o amparo de la legalidad para que no perjudiquen a terceros. De tal modo que la exigencia de diversos requisitos obedece al establecimiento de un filtro con el que se persigue este objetivo.

A los argumentos antes mencionados se debe añadir necesariamente el argumento cultural. Así pues, la informalidad es, sobre todo, un sistema que promueve y reproduce determinadas conductas y relaciones, y cuenta con ciertas reglas o principios propios (una suerte de caos ordenado). La informalidad también es una identidad diferenciada dentro de la sociedad. Los que pertenecen a ella se reconocen tal. Esta identidad es tan fuerte como la adhesión a alguna religión. Se formó a lo largo del tiempo y caracteriza a los peruanos y latinoamericanos en general con las particularidades de cada caso o región. La informalidad es multidimensional y transversal (atraviesa todas las dimensiones de la realidad, a saber: política, social, cultural, económica, institucional y legal). Su origen data de la época de la conquista y es uno de los mayores aportes de los colonizadores españoles al continente americano como el idioma castellano y la religión cristiana. De modo que tiene una amplia presencia histórica.

Otra característica es que la informalidad opera dentro y fuera del Estado, ya que ha penetrado en las esferas de decisión política, administrativa, gubernamental, regulatoria, fiscalizadora y legislativa. En su última fase evolutiva ha capturado la política, de ahí que se dicten medidas que favorecen los intereses de grupos de poder económico informal o ilegal (como la permisividad estatal frente a la minería informal-ilegal, la autorización para el retiro de fondos de pensiones privados para financiar el gasto o consumo de corto plazo, el ingreso de maestros no calificados a la educación pública, etc).

En materia económica la informalidad convierte al capitalismo en infracapitalismo, una forma de capitalismo inferior, desnaturalizado y disfuncional que no permite que el capitalismo se asiente realmente ni pueda alcanzar o cumplir con sus finalidades. El capitalismo no puede operar ni progresar como tal ante la ausencia de reglas y prácticas altamente informales. El marco que enfrenta en países como Perú es de elevada incertidumbre política e inseguridad jurídica y social. La falta de institucionalidad (institucionalidad débil) es una de las causas del predominio de la informalidad sobre el ámbito económico. Como consecuencia se tienen una economía que presenta baja inversión, poca capacidad de ahorro, reducida productividad y escasa rentabilidad. La informalidad hace que el mercado sea poco atractivo y menos sofisticado. Los países altamente informales no logran desarrollarse ni crecer a tasas altas que puedan sostener a lo largo del tiempo; solamente cuando crecen los precios de las materias primas que exportan, por lo que son o poseen economías bastante primarias. El infracapitalismo es entonces la manera en la que el capitalismo logra “adaptarse” o “funcionar” en una economía muy informal como la peruana, lo que imposibilita la existencia de empresas sofisticadas de gran tamaño, sino, por el contrario, de empresas sumamente pequeñas que desaparecen con facilidad del mercado por su poca competitividad y mala gestión.

La informalidad trae consigo algunas “ventajas” –antiéticas e ilegales, por supuesto- como no pagar impuestos (no tributar), no pagar planillas (contratación en negro de trabajadores sin reconocer sus derechos laborales), no cumplir con regulaciones ambientales o de seguridad que suponen mayores gastos, adquirir bienes y servicios en el mercado negro (contrabando), entre otras.

La informalidad se ha convertido en una opción sin salida para muchos ante la incapacidad manifiesta del Estado de poder brindar servicios públicos de óptimos o de calidad en salud, educación, seguridad e infraestructura. ¿Qué ofrece el Estado al ciudadano común y corriente, al trabajador o empresario si no puede garantizar la prestación efectiva de servicios básicos esenciales? Dado que los servicios públicos son deficientes no existen incentivos o razones aparentemente valederas para pagar impuesto al fisco. Además muchos de los recursos públicos obtenidos de los particulares se asignan de manera ineficiente y se pierden totalmente por las prácticas arraigadas de corrupción entre funcionarios públicos y terceros.

El Estado peruano no garantiza derechos de propiedad, no garantiza la seguridad jurídica ni ofrece protección judicial y policial a quien lo necesita. Los pequeños y micro empresarios son objeto de amenazas, intimidaciones, coacción, coerción y extorsiones por parte de bandas y organizaciones criminales que operan con total libertad e impunidad, dado que los fiscales no formalizan las denuncias respectivas cuando los integrantes de estas bandas son capturados por la policía. Además el Congreso de la República es populista y socava la estabilidad fiscal al autorizar mayores gastos que no encuentran sustento técnico ni legal.

En cuanto al financiamiento, los agentes informales tienen acceso al crédito regular de la banca formal e informal. Los informales crearon redes de crédito y se prestan dinero entre ellos de diversas formas. Esto se realiza entre conocidos, amigos y familiares. En algunos casos otorgan garantías como la propia mercadería que comercializan o dan a prendas de valor. En muchos casos obtienen financiamiento rápido y sin previa calificación crediticia por parte de organizaciones de prestamistas que suelen amenazarlos y cobrar más de la cuenta (usura). Por lo que muchos acceden a préstamos de dinero en condiciones bastante desfavorables y hasta peligrosas por las amenazas que reciben. Las penalidades, tasas y moras se fijan de manera arbitraria por parte del prestamista gota a gota, sin un contrato de por medio, modalidad que vino de países vecinos como Colombia, Ecuador y Venezuela, donde operan varias redes criminales internacionales que tienen actividades en Perú.

La informalidad en sí no es competitiva, pues no permite crecer a tasas más altas. Esta limita el crecimiento económico de mediano y largo plazo. El PBI de los países afectados por un grado elevado de informalidad económica no llega a despegar, por lo que no podrán alcanzar el desarrollo logrado por los países que forman parte de la OCDE. La economía jamás alcanza su potencial por otros factores, además de la propia incidencia de la informalidad, como la falta de capital humano en la sociedad y mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El agente informal, como toda persona, realiza un análisis costo-beneficio, antes de resolver pasar o permanecer en la informalidad como actividad primaria. En el caso peruano no se puede hablar de agentes informales puros o exclusivos, pues una misma persona puede realizar una actividad económica totalmente formal y otra absolutamente informal como en el caso de un médico que trabaja por su cuenta y atiende en un consultorio privado donde recibe ingresos que no declara al fisco y receta medicamentos de manera indebida a quien se lo solicita; pero laboro para una clínica u hospital donde atiende bajo un estricto horario y su remuneración sufre descuentos para el pago de impuestos. Este es el caso de un agente híbrido, que son presumiblemente la mayoría de trabajadores con ingresos provenientes de diversas fuentes o índole.

El informal prescinde de la legalidad (institucionalidad) del mercado y del Estado por razones económicas, además de culturales. Cuando se aparte voluntariamente de las reglas es porque tiene opciones, a diferencia de los informales que se ven obligados a laborar y producir para sobrevivir en el medio informal. Quien tiene opciones rechaza la formalidad por ser costosa u onerosa (cuesta ser formal y mantenerse en la formalidad pues se debe pagar impuestos, realizar gastos por servicios contables, legales, administrativos, entre otros. Además ser formal consume tiempo y esfuerzos de diverso tipo. La formalidad en países como Perú tiene el problema de ser poco clara, ser incomprensible o confusa para el común entendimiento de individuos que no han recibido una educación adecuada. A ello se suma que la formalidad es invasiva en el sentido que ingresa o accede información personal y del propio negocio, lo que le quita atractivo por someterse el individuo a una supervisión exigente y regular.

Otro factor es que el Estado peruano no ofrece incentivos reales a los agentes informales para formalizarse. El Estado no habilita mecanismos que faciliten la contratación entre el sector público y privado, por ejemplo. Los trámites son engorrosos, complicados y hay vacíos legales que facilitan diversas interpretaciones. Esto se agrava al descubrir que existen trabas o barreras burocráticas y la existencia de mafias o grupos que ganan los concursos, licitaciones y convocatorias para cargos, adquisición de bienes y la contratación de servicios. Los concursos amañados o arreglados impiden que el Estado cuente con mejores servidores públicos, lo que lo torna más ineficiente y además fomenta una mayor desconfianza en el aparato público (falta de confianza y credibilidad en las instituciones públicas). Por estos elementos es difícil contratar con el Estado, quien además es un mal pagador al no cumplir a tiempo con los pagos que esperan sus proveedores, lo que afecta la cadena de pagos en la economía y promueve la insolvencia de muchas empresas afectadas por retrasos injustificados en los pagos. El Estado tampoco promueve la generación de cadenas de valor.

El Estado peruano, desde luego, no es un buen ejemplo de legalidad, institucionalidad ni formalidad, habida cuenta de los últimos expresidentes del país han sido condenados o procesados penalmente por delitos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos. Este no promueve el orden, sino más bien la represión injustificada y arbitraria, por ello son procesados cientos de policías y militares en distintas épocas, incluyendo la actual. El Estado peruano no demuestra mayor respeto por la ley, pues es el primero el transgredirla. Su ineficiencia, corrupción e informalidad lo señalan como un problema antes que ser parte de la solución. Esta situación obliga a pensar en la reforma total o refundación del Estado en términos institucionales. Lo que precisa es un shock de institucionalidad para que adquiera la fuerza y capacidad necesaria a fin de abordar los grandes desafíos que enfrenta el país.

La informalidad no solo es económica en términos de la PEA informal o el cálculo PBI de las actividades informales con el del PBI del país, por lo que necesita medirse de otras maneras como el grado de institucionalidad del país (para establecer qué tan funcionales son las entidades públicas y privadas), el índice de densidad del Estado para medir su presencia en el territorio (mediante la prestación efectiva de servicios), conocer el número aproximado de agentes híbridos o duales que actúan tanto en el mercado formal como informal, determinar el impacto de la informalidad sobre las instituciones para precisar su grado de deterioro, entre otras mediciones.

Finalmente, en la actualidad se evidencia dos factores alarmantes: el primero es la penetración de la informalidad en el Estado, particularmente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por medio del populismo. El populismo no es otra cosa que la manifestación política y social de la informalidad, sobre todo cuando se difunde e impone sobre las instituciones existentes con el propósito erosionarlas primero y capturarlas después. Este fenómeno social aparece cuando las ideas o ideologías tradicionales de izquierda, centro o derecha carecen de respaldo popular, así como los partidos políticos que las encarnan, esto es, cuando se han debilitado naturalmente gran parte de las instituciones políticas y democráticas. El populismo surge entonces como una respuesta o reacción contra el sistema u orden establecido (establishment) que fallado en atender las necesidades sociales -como en materia de seguridad y crecimiento económico- para tratar imponer otro “orden” en el que no se planifica, ni se sigue una razón de Estado, sino las consignas o el clamor de popular para atender de manera inmediata las demandas y necesidades postergadas del denominado “pueblo”. Además, los populistas no tienen en cuenta las reglas ni los procedimientos oficiales del sistema y busca contentar a la masa o muchedumbre con prebendas para seguir recibiendo su apoyo, que se encuentra condicionado a la dádiva, beneficio y subsidios de toda clase bajo los que se conoce al llamado clientelismo.

El segundo factor es el choque o competencia entre el poder económico tradicional y el poder emergente, constituido el primero por la clase empresarial criolla y extranjera, y el segundo por grupos informales-ilegales de origen periférico o provinciano. Estos agentes disputan el control del poder político o aparato público, uno para mantener el estatus quo u orden de cosas (Constitución, modelo económico y normas de menor rango) y otro para subvertirlo, imponer condiciones y beneficiarse a sus anchas con la captura del Estado, pues considera al presupuesto público como botín. Esta contienda involucra a dos actores claramente diferenciados por sus intereses antagónicos. A manera de ejemplo, la lucha se puede apreciar entre la mediana y gran minería formal y la minería informal e ilegal, ya que se enfrentan social y legalmente por las áreas de explotación de minerales. En este caso la minería ilegal invade concesiones mineras a nombre de compañías formales para explotar sin ningún control ni fiscalización alguna, generando incalculables pasivos ambientales, graves problemas sociales y grandes distorsiones económicas (la minería informal e ilegal es responsable del 40% de la producción de oro en Perú) que originan pérdidas tributarias al Estado, ahuyentan la inversión privada y ponen en entredicho la gobernabilidad y el Estado de Derecho en el país.

4. CONCLUSIONES. –

Estas conclusiones que se presentan a continuación resaltan la complejidad del problema de la informalidad en Perú y subrayan la necesidad de enfoques integrales y multidisciplinarios para abordarlo de manera efectiva:

i. Impacto cultural y económico: La informalidad, en gran medida, es un fenómeno arraigado en la cultura peruana, con raíces históricas que se remontan a la época de la conquista, pasando por la colonia o virreinato, república, el siglo XX y el presente siglo. Esta identidad informal se ido transformando y perpetuado a lo largo del tiempo, penetrando incluso en las esferas políticas, “institucionales” y gubernamentales del país.

Desde una perspectiva privativamente económica, la informalidad convierte al capitalismo en lo que se podría llamar un “infracapitalismo”, que es una forma distorsionada y disfuncional de sistema económico capitalista que impide el desarrollo sostenible y la prosperidad a largo plazo. La falta de institucionalidad y la prevalencia de la informalidad limitan la inversión, el ahorro, la productividad y la competitividad del mercado peruano.

Aunque la informalidad puede ofrecer ciertas “ventajas” en términos económicos a corto plazo, como la evasión de impuestos o la reducción de costos laborales, a largo plazo tiene efectos devastadores sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país.

ii. Necesidad de una reforma estructural: La informalidad en Perú es un fenómeno arraigado que no puede abordarse únicamente a través de medidas económicas o modificaciones legales. En tal sentido se requiere una reforma estructural que aborde las deficiencias institucionales y culturales que subyacen al problema. Por ejemplo, se podría implementar una reforma del sistema judicial para mejorar la aplicación de la ley y garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores informales. Además, se podría promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno para combatir la corrupción y mejorar la confianza en las instituciones públicas.

iii. Impacto en la desigualdad: La informalidad exacerba a la desigualdad económica al privar a los trabajadores de los beneficios y protecciones que proporciona la formalidad. Por ejemplo, los trabajadores informales suelen carecer de acceso a la seguridad social y a las prestaciones laborales, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión social. De modo que abordar integralmente la informalidad es crucial para reducir la brecha entre distintos estratos socioeconómicos y promover la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

iv. Desafío para el desarrollo sostenible: La persistencia de la informalidad representa una amenaza para el desarrollo sostenible en Perú debido a sus efectos negativos sobre el ambiente, el desempeño económico y la sociedad. Por ejemplo, la minería informal suele causar daños irreparables a los ecosistemas locales y poner en peligro la salud de las comunidades cercanas. Además, la falta de regulación en el sector informal puede perpetuar la explotación laboral y el trabajo infantil, entre otras prácticas cuestionables y cuasi delictivas, lo que socava los esfuerzos para promover una sociedad más justa y equitativa.

v. Importancia de la educación y la conciencia: La educación y la conciencia pública juegan un rol central en la lucha contra la informalidad en Perú. Por ello es necesario promover una mayor comprensión de los riesgos y desventajas asociados con la informalidad, así como fomentar una cultura de cumplimiento de la ley y la responsabilidad social. Por ejemplo, se podrían implementar campañas de sensibilización pública para destacar los beneficios de la formalización y los riesgos de permanecer en la informalidad.

vi. Oportunidades para la innovación social y empresarial: A pesar de sus múltiples desafíos, la informalidad también puede ser una fuente de innovación y emprendimiento social en Perú. Por ejemplo, muchos trabajadores informales que desarrollan habilidades y conocimientos especializados en distintos campos podrían aprovecharse para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en el país. Este capital humano conformado por cientos de miles de profesionales podría recolocarse, mejorar sus competencias e incursionar en nuevos ámbitos si existen las oportunidades e incentivos correctos. Además, la informalidad puede fomentar la creación de nuevas empresas y modelos de negocio que respondan a las necesidades y demandas del mercado local. Sin embargo, es importante garantizar que estas iniciativas sean compatibles con las leyes y regulaciones pertinentes para evitar prácticas ilegales, arbitrarias o injustas.

vii. Retos y perspectivas futuras: El desafío de reducir la informalidad requiere de un gran esfuerzo, colaboración multiactor y enfoque integral que aborde tanto las causas económicas y estructurales como los factores culturales e institucionales que la perpetúan. Es fundamental promover una mayor institucionalidad y fortalecer el cumplimiento de las normas y prácticas éticas en todos los niveles de la sociedad peruana.

Además, es necesario repensar el papel del Estado peruano y su capacidad para garantizar servicios públicos eficientes y de calidad, así como para promover un entorno empresarial favorable que fomente la formalización y el crecimiento económico sostenible.

Finalmente, solo a través de un esfuerzo realmente concertado y sostenido, que aborde tanto las causas profundas como las manifestaciones o consecuencias superficiales de la informalidad, se podrá avanzar hacia una sociedad peruana más próspera y equitativa.

5. Recomendaciones para el sector privado para reducir la informalidad. –

De acuerdo con la descripción, análisis y detalle presentados sobre el grave problema de la informalidad: ¿cómo puede contribuir el sector privado a reducir la informalidad de un país como el Perú?

Ahora bien, al destacar la importancia de contar con instituciones sólidas para combatir el problema, es preciso presentar algunas recomendaciones dirigidas del sector privado al sector público, a fin de articularse y colaborar con este, y otras específicas o exclusivas para el sector privado con el propósito de tratar de combatir efectivamente la informalidad, por lo que se sugieren las siguientes:

i. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Fomentar la formación y capacitación de funcionarios y servidores públicos a través de programas o carreras que mejoren sus competencias, habilidades y capacidades, los cuales deben ofrecer facilidades de pago o ser gratuitos en determinados casos. Invertir en la capacitación y desarrollo profesional para funcionarios públicos sin duda mejoraría las habilidades y experiencia de los empleados gubernamentales, haciéndolos más efectivos en el desempeño de sus funciones. Estos se podrían ofrecer desde entidades de educación superior privadas o mediante convenio con universidades públicas, y tendrían el objetivo de fortalecer al Estado en sus distintos niveles, sobre todo en regiones que administran recursos provenientes del canon y regalías por la explotación de recursos naturales. Lo que se busca es la estandarización de conocimientos y cierto grado de especialización dentro de la Administración Pública. Se considera que al elevar la calidad del servicio público no solo se reduce la ineficiencia administrativa, sino que se reduce la informalidad en materia de gestión y procedimientos. Esto también ayudaría a reducir la corrupción y garantizar que todas las entidades públicas ofrezcan un trato justo y profesional.

1. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Ayudar a implementar una reforma del sector público a través de la realización de evaluaciones basadas en el desempeño y ascensos basados ​​en el mérito para los funcionarios públicos. Con ello se ayudaría a garantizar que solo las personas más calificadas y competentes sean promovidas a puestos de autoridad. Lo que se pretende con esta propuesta es afianzar la meritocracia para que quien acceda a una plaza en el Estado lo haga en función a sus méritos, experiencia y capacidades. Hoy en día resulta prioritario que esta propuesta se lleve a cabo en el sector de la educación pública para asegurar el ingreso de los mejores profesores, maestros y docentes a escuelas, institutos y universidades públicas. El sector privado podría realizar las evaluaciones para evitar filtraciones de los exámenes, así como brindar cursos para reforzar los conocimientos de los postulantes a las plazas disponibles.
2. Propuesta exclusiva para el sector privado: El sector privado podría prestar determinados servicios básicos en zonas altamente vulnerables socioeconómica-mente hablando, donde existen brecha muy grandes en materia de acceso a salud, educación e infraestructura, sin descuidar la alimentación de la población. Esto se podría implementar mediante un mecanismo y voluntario denominado “servicios por impuestos” (SxI), a través del cual las empresas participantes cancelarían parte del Impuesto a la Renta mediante la dotación de algún servicio básico esencial. Para lo cual podrían contar con la asistencia de especialistas, técnicos y personal administra-tivo que se encargaría de prestar efectivamente el servicio, mientras que la empresa participante solo cubriría el pago de los salarios, la adquisición de bienes y servicios y el mantenimiento de infraestructura para su correcto funcionamiento. A manera de alternativa, la empresa privada podría solamente administrar los recursos públicos asignados por el Estado con el propósito de brindar una mejor gestión de los mismos con el objetivo de prestar efectivamente el servicio. En este caso la empresa podría financiar o cubrir parte del presupuesto requerido con recursos del mecanismo “servicios por impuestos”. Esto incentivaría una mejor prestación de los servicios públicos e involucraría a las empresas en la solución de graves problemas sociales. En estos supuestos se trata de la administración directa o tercerizada de la gestión de servicios públicos por parte de compañías del sector privado.
3. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Ayudar a fortalecer la educación pública y privada para iniciar un cambio cultural que empiece con las generaciones más jóvenes de peruanos para que sean plenamente conscientes de los impactos adversos de la informalidad sobre diversos ámbitos de la realidad nacional. De lo que se trata es propiciar un cambio social entre la juventud para que rechacen la informali-dad por ser nociva para el crecimiento y desarrollo del país. Naturalmente algunos no podrán rechazarla porque su precaria situación económica los impulsa a trabajar a temprana edad en las calles, donde están expuestos diversos riesgos y peligros. Sin embargo, es necesario incorporar a la población más joven para que tome cartas en el asunto en una etapa decisiva de su formación como personas y ciudada-nos. Ninguna posible solución puede pasar por alto la inclusión de los jóvenes en la reducción de la informalidad. Lo importante es que sepan identificar las diferentes prácticas informales para conocerlas en su real dimensión y sepan que afecta sus posibilidades y perspectivas a mediano y largo plazo en el plano laboral, profesional y cívico. De ahí la necesidad de ampliar el alcance de los cursos que abordan la realidad nacional en los colegios.
4. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Promover el servicio voluntario entre los trabajadores que pertenecen al sector formal de la economía para que contribu-yan a mejorar el desempeño de ciertos servicios públicos que ofrece el Estado como el sector privado. La propuesta busca que los profesionales más competentes que laboran en empresas privadas destinen parte de su tiempo al servicio comunitario con el propósito de fomentar una mayor consciencia sobre los problemas del país, como es el caso de la informalidad, pero a la vez ayuden a mejorar la educación, salud, entre otros, ámbitos. Estos trabajadores puede convertirse eventualmente en referentes y líderes locales, cuyo aporte sería significativo para empezar a construir lazos en la sociedad. Un ejemplo de ello se dio durante el periodo de la última emergencia sanitaria por la incidencia del Covid-19, cuando estudiantes universitarios y jóvenes profesionales del distrito de Corani en Puno ayudaron a alumnos de primaria y secundaria con sus tareas y en los exámenes de ingreso institutos técnicos y las universidades ante la imposibilidad de recibir clases de manera presencial y las dificultades para acceder virtualmente a estas por la falta de servicio de internet.
5. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Contribuir a la creación de una escuela especializada para la formación de mejores jueces y fiscales para garantizar la eficiencia, idoneidad e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto podría tener un impacto significativo en la administración de justicia ya que se contaría a futuro con jueces y fiscales mejor preparados para asumir los retos que demanda la carrera. Esto puede implicar el aumento el presupuesto de las referidas entidades, al que las empresas privadas podrían contribuir con la donación de equipos y materiales utilizados en los despachos judiciales y fiscales. Parte del mobiliario que las empresas dejan de utilizar podría ser reasignado al Poder Judicial o Fiscalía mediante la celebración de convenios interinstitucionales. Si se logra instalar una escuela de la magistratura se podría contar entre sus docentes con jurisconsultos reconocidos a nivel nacional e internacional. Con ello se lograría nombrar jueces y fiscales través de un proceso más transparente y basado en el mérito, evitando así la provisionalidad o falta de idoneidad de los magistrados que se vienen designando. Esto ayudaría mucho a consolidar la estabilidad jurídica.

Cabe precisar que a nivel del Poder Legislativo esta propuesta ya se viene discutiendo para tratar de asegurar el concurso de mejores jueces y fiscales. Aunque presentar desafíos importantes en materia logística y presupuestal, existen recursos económicos para solventarla. El principal obstáculo reside en la voluntad de los tomadores de decisión política más que económico. La principal razón para apoyar un planteamiento semejante es que la Cancillería peruana (Ministerio de Relaciones Exteriores) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cuentan con instancias formativas como la Academia Diplomática y el Curso de Extensión para seleccionar a su personal, quienes se convertirán en futuros funcionarios de carrera de ambas instituciones, que son dos de las que mejor funcionan en el país gracias a que pueden educar en los conocimientos y habilidades que precisan tanto el servicio diplomático como la implementación de la política monetaria, respectivamente

1. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Reformar integral y constitucional-mente el proceso de elaboración de leyes y otras normas con dicho rango mediante la institucionalización de oficinas de estudios de impacto normativo y regulatorio en el Congreso de la República y la Presidencia de la República. El Análisis de Impacto Normativo (AIN) es un proceso mediante el cual se evalúa los resultados buscados y los impactos positivos y negativos potenciales de una propuesta o modificación de una norma con rango de ley. Este análisis se realiza sobre proyectos de medida para determinar realmente su necesidad, idoneidad y oportunidad, estimando el probable impacto en diferentes dimensiones de la realidad de llegar a aprobarse.

Por otro lado, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), es un enfoque sistémico para evaluar de manera crítica los efectos positivos y negativos de las propuestas regulatorias y regulaciones existentes y sus respectivas alternativas no regulatorias.

Ambas propuestas, aún no materializadas del todo, representan una reforma para el Perú, que tiene orígenes en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la política regulatoria del país, y comprende el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir, sobre la base de evidencia, los posibles impactos de distintas alternativas de solución de un problema público para lograr la adopción de una solución para mejorar del bienestar de la sociedad.

El propósito es que ningún tipo de norma relevante escape de la evaluación mínima que debe recibir antes de ser debatida en el Pleno del Congreso o en una sesión del Consejo de Ministros. Para ello el sector privado debería insistir por medio de los distintos gremios que lo conforman, así como de los colegios de abogados, para establecer una reforma ineludible para evitar normas de mala calidad que podría tener un efecto negativo sobre la sociedad. Con ello se tendría un filtro para contener propuestas legislativas de corte populista y aquellas que solo buscan favorecer determinados intereses. Estas instancias de análisis deberían estar conformadas de manera mixta, es decir, por representantes del sector privado y público para tener un equilibrio bajo criterios estrictamente profesionales para garantizar su idoneidad. Una vez aprobada la propuesta ningún proyecto de norma relevante podría saltearse o evitar la evaluación técnica de rigor. Por medio de esta medida se reduciría la informalidad con la que se vienen aprobando distintas iniciativas normativas en perjuicio de la sociedad.

Es preciso mencionar que ambos mecanismos vienen aplicándose, pero es necesario conferirles un mayor grado de obligatoriedad con modificaciones normativas en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y del Legislativo, así como en la Constitución para garantizar que la discusión, formulación y expedición de leyes se realicen bajo criterios eminentemente reflexivos y de interés general.

1. Propuesta del sector privado dirigida al Estado: Ayudar a mejorar el sistema de contrataciones y adquisiciones públicas para hacerlo más transparente y competitivo. Esto podría reducir la cantidad de trámites innecesarios, fomentar la formalización de empresas y trabajadores informales, y generar mayor eficiencia en el sector público. Lo que se busca es que los procesos de contratación sean más claros, menos engorrosos, más flexibles y adaptables y que permitan la inclusión económica de aquellos emprendedores informales que podrían ofrecer sus productos o servicios mediante sistemas de licitación electrónica. La existencia de cientos de miles de empresas que no cumplen con los requisitos para contratar con el Estado las priva de ingresos y clientes importantes como las distintas entidades que lo conforman. El objetivo es que contratar con el Estado sea el incentivo que la motive a formalizarse, siempre que el Estado y el sector privado ayuden en dicho proceso, esto es, que puedan orientarlas con asesorías e información precisa para que puedan alcanzar dicha meta. El sector privado podría ofrecer recomendaciones y estudios sobre cómo abordar el problema y plantear diversas propuestas de mejora, señalando claramente dónde se encuentran los cuellos de botella en materia de contratación pública, tanto de personal como de bienes y servicios. Esta cooperación podría ampliarse a la capacitación de empresas y trabajadores informales mediante la habilitación de plataformas digitales y orientación en línea. El voluntariado de los propios trabajadores del sector privado podría dirigirse a ayudar en la consolidación de la pequeñas y micro empresas (pymes) que precisen de conocimientos y asesorías especializadas. Para dicho fin se podrían emplear recursos tecnológicos disponibles para crear aplicativos y tutoriales en redes sociales.
2. Propuesta exclusiva para el sector privado: El sector privado puede promover la formalización de las actividades económicas ofreciendo incentivos reales para que las empresas y trabajadores informales se conviertan en formales. Esto podría incluir la simplificación de trámites para la contratación, pero siempre bajo estándares de calidad y precio. El sector privado puede brindar acceso a financiamiento, capacitación empresarial y asistencia técnica a los empresarios informales que pretendan iniciar negocios formales. Esto puede contribuir a aminorar la dependencia del trabajo informal y promover la creación de empresas formalmente establecidas. Las empresas formales, especialmente las extractivas, puede ayudar a fortalecer a las empresas y trabajadores informales de las zonas de influencia en donde operan para acceder a las oportunidades de contratación. Esto implica la provisión efectiva de capacitación y asesoramiento para ayudar a los empresarios informales a comprender y aprovechar los beneficios de la formalización.
3. Propuesta exclusiva para el sector privado: Las empresas pueden contribuir a reducir la informalidad creando más y mejores empleos formales, ofreciendo condiciones laborales justas y beneficios para sus empleados. Esto implica cumplir con las leyes laborales y proporcionar seguridad social, seguro de salud, vacaciones pagadas y otros beneficios a sus trabajadores, lo cual es común en la gran y mediana empresa a nivel nacional, aunque menos frecuente en empresas de menor tamaño por deficiencias en la fiscalización gubernamental y un mayor escrutinio interno en las empresas de mayor dimensión.
4. Propuesta exclusiva para el sector privado: Las empresas formales, sobre todo las más reconocidas y visibles en el mercado por la magnitud de sus actividades, deben cumplir con todas las normativas y regulaciones establecidas para servir de ejemplo para el resto, esto es, contar con legitimidad social al momento de proponer modificaciones normativas y reformas estructurales a funcionarios de gobierno, congresistas y opinión pública en general. Esto comprender, naturalmente, el pago escrupuloso de impuestos, la obtención de licencias y permisos necesarios, el cumplimiento de estándares de seguridad y medioambientales, entre otros requisitos. El cumplimiento de estas regulaciones contribuye a la formalización de la economía y a la reducción de la informalidad.
5. Propuesta exclusiva para el sector privado: El cumplimiento de los criterios ESG (Ambiente, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés) por parte del sector privado puede jugar un papel relevante en la reducción de la informalidad al promover prácticas empresariales responsables y sostenibles que benefician tanto a los empleados como a las comunidades locales. Al adoptar enfoques centrados en las personas, la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas, las empresas pueden contribuir a crear un entorno empresarial más justo, equitativo y propicio para la formalización económica.

A continuación se muestran algunos ejemplos específicos de cómo las empresas pueden aplicar estos criterios para reducir la informalidad:

a) Promoción de prácticas sostenibles: Las empresas impulsadas por la incorporación de parámetros ESG priorizan la sostenibilidad ambiental, reduciendo su impacto ambiental negativo y contribuyendo a un ecosistema más saludable. Esto puede atraer a consumidores que valoran productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, lo que podría conducir a una mayor demanda de empresas formales que se adhieran a tales prácticas.

b) Aspectos sociales y laborales: Las empresas que cumplen con los criterios ESG tienden a respetar los derechos laborales, ofrecer condiciones de trabajo justas y proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para sus empleados. Esto puede incluir el pago de salarios justos, el cumplimiento de las leyes laborales, la igualdad de oportunidades de empleo y el fomento de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Al mejorar las condiciones laborales, estas empresas pueden ayudar a reducir la atracción hacia el empleo informal.

c) Inclusión y diversidad: Las empresas comprometidas con la inclusión y la diversidad suelen adoptar políticas y prácticas que promueven la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual o discapacidad. Al fomentar la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo, estas empresas pueden ayudar a reducir la exclusión social y económica que a menudo alimenta la informalidad.

d) Desarrollo comunitario: Las empresas comprometidas con el desarrollo sostenible suelen invertir en proyectos y programas que benefician a las comunidades locales en las que operan. Estas iniciativas pueden incluir programas de educación, capacitación laboral, salud, infraestructura y desarrollo económico que ayudan a fortalecer las capacidades locales y a crear oportunidades de empleo formal. Al mejorar las condiciones de vida en las comunidades, estas empresas pueden reducir la necesidad de recurrir al empleo informal como única opción de subsistencia. Las empresas impulsadas por la adopción de criterios ESG contribuyen a una economía más inclusiva al crear oportunidades de trabajo decente, protegiendo al medio ambiente, y defender prácticas éticas. Esto puede reducir la pobreza, mejorar el bienestar social, y promover el desarrollo económico sostenible.

e) Reducir riesgos y mejorar la reputación: Al adherirse a los estándares ESG, las empresas pueden mitigar los riesgos asociados con la informalidad, como conflictos laborales, daño ambiental, y daño a la reputación. Esto puede conducir a la estabilidad y el crecimiento a largo plazo, hacer que las empresas formales sean más atractivas para socios y clientes potenciales.

f) Transparencia y rendición de cuentas: Las empresas que cumplen con los criterios de gobierno corporativo tienden a ser más transparentes en sus operaciones y a rendir cuentas ante sus partes interesadas, incluidos los empleados, los inversores, los clientes y la sociedad en general. Esta transparencia y rendición de cuentas pueden contribuir a reducir la corrupción y la opacidad que a menudo facilitan la informalidad, al tiempo que promueven la confianza y la legitimidad de las empresas en la sociedad.

1. Propuesta exclusiva para el sector privado: El sector privado puede aportar decisivamente en la reducción de la informalidad alineando sus acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) pertinentes y trabajando en colaboración con otras partes interesadas para abordar este fenómeno o desafío multifacético que afecta a la economía y la sociedad en su conjunto. Al centrarse en la creación de empleo formal, la promoción de la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones, puede contribuir significativamente a la construcción de una economía más inclusiva, justa y sostenible.

A continuación se presentan algunas formas en las que el sector privado puede ayudar a abordar este desafío, considerando algunos de los ODS más relevantes:

a) ODS 1: Fin de la pobreza: La informalidad está estrechamente relacionada con la pobreza, ya que muchas personas recurren a empleos informales debido a la falta de oportunidades formales en el mercado. Al respecto, el sector privado puede contribuir a reducir la pobreza creando empleos formales, ofreciendo salarios dignos y proporcionando oportunidades de desarrollo económico en comunidades desfavorecidas, sobre todo en el caso de la industria minera que se desarrolla en zona de exclusión socioeconómica y ausencia del Estado.

b) ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el empleo formal y decente es fundamental para reducir la informalidad. El sector privado, por tanto, puede crear empleos formales mediante la inversión en sectores que generen trabajo productivo y sostenible. Además, debe garantizar condiciones laborales justas y oportunidades de crecimiento profesional ayuden a desincentivar la informalidad laboral.

c) ODS 10: Reducción de las desigualdades: La informalidad a menudo perpetúa la desigualdad socioeconómica al marginar a ciertos grupos de la sociedad y excluirlos de los beneficios del desarrollo económico. Las compañías pueden ayudar a reducir estas desigualdades mediante prácticas laborales inclusivas, políticas de contratación transparente y programas de desarrollo comunitario que aborden las necesidades de capacitación de los grupos marginados para fomentar la creación de capital humano a nivel local.

d) ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas: La informalidad puede debilitar las instituciones y socavar el Estado de derecho al operar fuera de los marcos legales y regulatorios. Las empresas privadas, en ese sentido, pueden apoyar la construcción de instituciones sólidas mediante el cumplimiento de las leyes y regulaciones, la promoción de la transparencia y la integridad empresarial, y la colaboración con el gobierno en iniciativas anticorrupción.

e) ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos: Abordar la informalidad requiere la estrecha colaboración entre el sector privado, el gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas. La contribución del sector privado puede consistir en la reducción de la informalidad mediante alianzas estratégicas y colaborativas que aprovechen los recursos, la experiencia y la influencia de diferentes actores para implementar soluciones integrales y sostenibles.

1. Propuesta exclusiva para el sector privado: Poner mayor énfasis en la participación en programas de responsabilidad social empresarial (RSE) y valor compartido: A través de estos enfoque las empresas pueden contribuir a reducir la informalidad mediante la implementación de programas de RSE y creación valor compartido (CVC) que aborden las causas subyacentes de la informalidad, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la capacitación, y la exclusión social. Estos programas pueden incluir iniciativas de educación y formación laboral, apoyo a pequeñas empresas y emprendedores, y proyectos de desarrollo comunitario.

ANEXO 1 — RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD

Estrategias para reducir la informalidad requieren un enfoque integral que aborde sus causas subyacentes y su naturaleza multidimensional. Algunas estrategias clave incluyen:

i. Fortalecimiento de instituciones formales: Mejorar la capacidad y efectividad de las instituciones formales, incluyendo organismos legales y reguladores, agencias de aplicación de la ley y autoridades administrativas, es crucial para reducir la informalidad. Esto implica mejorar las estructuras de gobernanza, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y combatir la corrupción para crear un entorno propicio para la formalización.

ii. Promoción de oportunidades económicas: Crear oportunidades de empleo formal, emprendimiento e inversión es esencial para reducir la informalidad. Esto requiere implementar políticas que promuevan el crecimiento económico, la innovación y la productividad, así como proporcionar acceso a financiamiento, capacitación y vínculos con el mercado para las empresas informales.

iii. Mejora de la protección social: Ampliar los programas de protección social, incluyendo seguro social, atención médica, educación y vivienda, puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de los trabajadores y hogares informales. Esto implica extender la cobertura de seguridad social formal a los trabajadores informales, mejorar el acceso a educación de calidad y servicios de salud, y brindar apoyo dirigido a grupos marginados.

iv. Fomento de la inclusión social: Promover la inclusión social y abordar la discriminación y exclusión social son esenciales para reducir la informalidad. Esto implica implementar políticas que promuevan la igualdad de género, el empoderamiento de los jóvenes y los derechos de las minorías, así como proporcionar acceso a servicios básicos e infraestructura para comunidades marginadas.

v. Facilitación de la formalización: Simplificar los procedimientos administrativos, reducir las barreras regulatorias y proporcionar incentivos para la formalización puede ayudar a alentar a las empresas informales a pasar al sector formal. Esto implica agilizar los procesos de registro y licencia de negocios, proporcionar incentivos fiscales y subsidios para empresas formales y mejorar el acceso a crédito y mercados para emprendedores informales.

vi. Fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento: Mejorar los mecanismos de cumplimiento, incluyendo monitoreo, inspección y aplicación de leyes y regulaciones, es esencial para reducir la informalidad. Esto implica aumentar la capacidad y los recursos de las agencias de aplicación de la ley, mejorar la coordinación entre las agencias gubernamentales e imponer sanciones por incumplimiento de los requisitos formales.

vii. Promoción de la conciencia pública: Aumentar la conciencia pública sobre los costos y consecuencias de la informalidad es esencial para fomentar una cultura de cumplimiento y promover la formalización. Esto implica llevar a cabo campañas de información, proporcionar programas de capacitación y desarrollo de capacidades, y colaborar con partes interesadas para aumentar la conciencia sobre los beneficios de la formalización.

viii. Mejora de la cooperación internacional: Fortalecer la cooperación internacional es crucial para abordar las dimensiones transfronterizas de la informalidad, incluido el comercio ilícito, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Esto implica compartir información y mejores prácticas, coordinar esfuerzos de aplicación y promover iniciativas regionales e internacionales para combatir la informalidad. La asistencia podría ampliarse al conocimiento y estudio de aquellos casos en los que distintos países combatieron la informalidad dentro de sus economías, jurisdicciones y territorios con acierto o efectividad.

En tal sentido, conviene revisar y analizar los casos de Turquía, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, entre otros, países en los que se aplicó mano dura (sanción efectiva y políticas de no impunidad o cero tolerancia frente a inconductas sociales e ilícitos penales), previo fortalecimiento del Estado que derivó en un Estado fuerte y omnipresente capaz de efectuar un riguroso control social –mediante mecanismos de incentivos y castigos- y generar un crecimiento y desarrollo económico sostenido a tasas muy altas que elevó los ingresos promedio y expandió la clase media, gracias a un exitoso proceso de transformación educativa y modernización industrial en el que se realizaron diversas reformas, empezando por las culturales para disminuir y romper diametralmente con la informalidad, dado que es un claro fenómeno de tipo cultural.

ANNEXO 2 — EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN EL ABORDAJE DE LA INFORMALIDAD

El papel del sector privado en la lucha contra la informalidad es fundamental. Las empresas a menudo interactúan con las economías informales, directa o indirectamente, y sus acciones pueden influir significativamente en la prevalencia de la informalidad en la sociedad. A continuación se presentan algunos aspectos clave de la relación entre el sector privado y la informalidad:

i. Prácticas laborales: Muchas empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), operan en sectores informales debido a factores como cargas regulatorias más bajas, impuestos reducidos y prácticas de contratación flexibles. Si bien el empleo informal puede ofrecer beneficios como costos laborales más bajos y mayor flexibilidad para los empleadores, a menudo se produce a expensas de los derechos de los trabajadores, la seguridad social y la estabilidad laboral. Para combatir estas prácticas es necesario que el sector privado contribuya en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión laboral mediante capacitaciones a funcionarios y servidores públicos y la entrega de equipos y materiales necesarios para cumplimiento de dicha función. Otra forma de abordar este problema es que el sector privado y el público condicionen la participación en sus procesos de contratación a la regulariza-ción de la situación laboral de los trabajadores de empresas que operan en la informalidad.

ii. Cadenas de suministro: Muchas empresas formales suelen involucrar proveedores o subcontratistas informales para reducir costos o acceder a habilidades/recursos específicos. Sin embargo, esto puede perpetuar la informalidad al crear una demanda de mano de obra informal y expandir las redes informales dentro de las cadenas de suministro. Por lo que entre las empresas formales se debe alentar la adopción de prácticas de abastecimiento ético y la colaboración estrecha con sus proveedores para reducir la dependencia del trabajo informal. Esta situación puede cambiar si las empresas formales ayudan a formalizar a sus proveedores y subcontratistas mediante programas de capacitación y la aplicación de controles estrictos (inspecciones) en toda su cadena de valor.

iii. Competencia: Las empresas informales, especialmente aquellas que operan fuera de los marcos regulatorios, suelen competir deslealmente con las empresas formales al recortar precios de bienes adquiridos en el mercado negro (contrabando), evadir impuestos, invadir vías públicas para utilizarlas como puesto de venta (en el caso de los vendedores de ropa que compiten con las galerías y tiendas formales en el emporio textil y comercial de Gamarra en la ciudad de Lima) e ignorar las normas laborales, de seguridad y ambientales. Esto naturalmente distorsiona el funcionamiento de los mercados y obstaculiza el crecimiento empresarial y del empleo formal. En tal sentido, se deben fortalecer los mecanismos de supervisión y promover iniciativas que apoyen la formalización de empresas informales para llegar a mitigar esto. Para lograrlo sin duda se necesita mayor presencia del Estado en tareas de fiscalización del comercio informal e ilegal, sin embargo, el sector privado podría aprovechar los canales, los puestos y la fuerza de venta de los informales para ofrecer productos de procedencia legítima, ofreciendo incentivos como bonos por ventas realizadas, brindar capacitación en ventas, entre otros.

iv. Asociaciones y colaboración: El sector privado puede abordar activamente la informalidad asociándose con gobiernos, la sociedad civil y agencias internacionales. Esto puede implicar el desarrollo de capacidades para los empresarios informales, el apoyo a la formalización y la promoción de reformas políticas públicas para reducir las barreras regulatorias y fomentar el crecimiento inclusivo. En ese orden de ideas, el sector privado puede contribuir mediante la identificación de barreras burocráticas que dificultad la formación de nuevas empresas y planteando reformas que flexibilicen la contratación y el despido de trabajadores, dado que existen sobrecostos laborales en economías como la peruana, lo que desincentiva la contratación de personal por parte de empresas formales.

v. Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Muchas empresas formales integran iniciativas de RSE para abordar los desafíos sociales y económicos relacionados con la informalidad. Los programas de RSE centrados en el desarrollo de habilidades, la educación, la atención sanitaria, la inseguridad alimentaria y la inclusión financiera empoderan a los trabajadores informales y contribuyen a esfuerzos más amplios para reducir la informalidad. En la medida que las empresas ayuden a generar más capital humano, sobre todo en zonas que presentan grandes brechas sociales, se contará con trabajadores mejor calificados que tendrán opciones reales de integrar las planillas de empresas formales, conseguir salarios dignos y tener mejores oportunidades de crecimiento personal y laboral.

Involucrar al sector privado en la reducción de la informalidad requiere un enfoque de múltiples partes interesadas que reconozca los incentivos y desafíos de las empresas en diversos entornos económicos. A través del diálogo, prácticas comerciales responsables e incentivos a la formalización, las partes interesadas pueden colaborar para lograr una economía más inclusiva, formal y sostenible.

ANEXO 3 — ESTRUCTURA DE LA TEORÍA GENERAL DE LA INFORMALIDAD (TGI)

CAPÍTULO I: Definición y naturaleza de la informalidad. –
(Presentación e introducción del tema):
https://lnkd.in/e-jGMsvP

CAPÍTULO II: Antecedentes u orígenes. –
Primera parte: a) Conquista y Virreinato del Perú:
https://lnkd.in/ebBS48Vh

Segunda parte: b) La República S.XIX-XX — actualidad: el nuevo milenio:
https://lnkd.in/eSbmhQp2

Tercera parte: c) Interpretación histórica del fenómeno de la informalidad:
https://lnkd.in/euwE6DkH

CAPÍTULO III: Marco teórico y causas de la informalidad. –
a) desarrollo de los enfoques estructuralista, legalista y holístico:
https://lnkd.in/gTWmtyd
b) Enfoque histórico-cultural (por desarrollar)

CAPÍTULO IV: Introducción a la Teoría General de la Informalidad (TGI). —
Contenido: causas, características y principios de la informalidad
La Informalidad Laboral: Una Nueva Aproximación:
https://lnkd.in/gvcshJt

CAPÍTULO V: Teoría económica de la informalidad
5.1. Introducción: https://lnkd.in/eicyajqc

5.2. El mercado informal (primera parte/por desarrollar)
5.3. La relación entre la economía formal e informal (segunda parte/por desarrollar):
5.4. El Infracapitalismo (tercera parte /por desarrollar)

CAPÍTULO VI: Consecuencias para el Estado, la economía y la sociedad. — (Por desarrollar)

CAPÍTULO VII: Instrumentos de medición de la Informalidad (Por desarrollar).
7.1. Presentación del Indicador que mide la informalidad a nivel país.
7.2. Indicador para el sector público: sirve para calcular el grado de informalidad dentro de la administración pública (entidades emblemáticas o relevantes como los ministerios de Salud, Educación, etc.)
7.3. Indicador para el sector privado según el tamaño de la empresa: micro, pequeña, mediana y grande.
7.4. Indicador por tipo de actividad económica: se aplica para medir el grado de informalidad de las principales actividades productivas y servicios: minería, transporte, comercio, construcción, pesca, agricultura, educación, salud, etc.

CAPÍTULO VIII: Posibles remedios o soluciones para eliminar, reducir o combatir la informalidad (por desarrollar)

CAPÍTULO XI: Conclusiones y recomendaciones (por desarrollar)

Notas:

[1] Reyna Ugarriza, C. (2019). Teoría General de la Informalidad. Medium.