“Diseño, Objetivos y Discusión sobre asuntos clave en torno a una futura Política Nacional del Litio (PNL)”

(Categoría: Geología / Exploraciones — Nuevas estrategias y políticas para exploración de minerales, metales críticos y estratégicos)

Autor: César Daniel Reyna Ugarriza

RESUMEN

En la presente investigación se aborda la necesidad de elaborar una política nacional sobre la gobernanza del litio, recurso o mineral considerado estratégico por su importancia para el desarrollo de la industria de la electromovilidad a nivel mundial. Esta preponderancia del litio, cuyas propiedades permiten el almacenamiento eficiente de energía en baterías, y su creciente valorización económica, genera o propicia las condiciones para la discusión entre diferentes actores, tanto políticos, económicos, académicos y sociales, sobre posibles marcos normativos que faciliten, entre otras cosas, su exploración, explotación, comercialización y potencial industrialización.

Para desarrollar este trabajo se recurrió a fuentes bibliográficas, entrevistas con expertos, información pública y cursos o seminarios en los que se tocaron temas relacionados con los sistemas o regímenes regulatorios mineros en la región latinoamericana, la evolución del mercado internacional del litio, las cadenas de valor del mineral y los incipientes procesos de industrialización en marcha en Sudamérica, además de los enfoques de política adoptados por países vecinos.

Como principales conclusiones se tiene que la Política Nacional del Litio (PNL) puede ser necesaria para precisar la orientación y estrategia del país en lo que al desarrollo minero del litio se refiere, además de aclarar algunos conceptos o elementos fundamentales como el de recurso estratégico, el papel del Estado, la razonabilidad o viabilidad de una política de industrialización del mineral, la promoción de las exploraciones mineras litíferas, la reducción de la tramitología, entre otros asuntos. Esta propuesta considera además algunas recomendaciones para seguir apostando por la exploración y eventual explotación de litio, a la vez que desarrolla argumentos sobre las posibilidades y limitaciones reales del país con respecto a iniciar un proceso de industrialización y sus alcances.

1. Introducción. –

La primera cuestión que aborda el trabajo es si realmente se necesita una Política Nacional del Litio (PNL), y, de ser así, cuál debería ser su orientación y los objetivos de la misma. Si bien el litio es un mineral crítico y estratégico a nivel internacional, y tiene una cotización más que interesante, cabe preguntarse si el Estado debe regular necesariamente esta futura actividad productiva en lo concerniente a su exploración, explotación, comercialización y potencial industrialización o, por el contrario, debe dirigir sus esfuerzos a la promoción de inversiones para encontrar nuevos recursos que puedan convertirse en más reservas del mineral a fin de diversificar los ingresos provenientes de la minería.

La pregunta, naturalmente, no es sencilla de responder, ya que dependerá mucho de las circunstancias y el discurso político o sentimiento dominante durante las discusiones que tengan lugar en torno a su necesidad y el sesgo ideológico de las partes o interlocutores clave.

A la fecha, el Perú no posee un marco legal específico para la exploración y/o explotación del litio. Sin embargo, los procedimientos normativos

vigentes le permiten a cualquier empresa desarrollar yacimientos de litio en roca (no existen salares con esa aptitud), debido a que su procesamiento es similar al de cualquier otro mineral, cuyas fases incluyen las de preconcentración, lixiviación, eliminación de impurezas y precipitación del producto (Bowell, 2019). Además, si bien en el país todavía no se explotan depósitos de litio, esta falta de experiencia no es impedimento para iniciar proyectos a lo largo del territorio.

A diferencia de países vecinos como Chile y Bolivia, Perú no ha definido políticas destinadas a la industrialización del litio, ni ha celebrado convenios de cooperación técnica o tecnológica con empresas o potencias mundiales. Sin embargo, existe gran interés por parte de algunos congresistas y bancadas de iniciar su industrialización, pese a que los recursos encontrados en Puno en 2018, pertenecientes al denominado “Proyecto Falchani” de Macusani Yellowcake, aún no se han convertido a reservas y este no cuenta con estudio de factibilidad. Al respecto, cabe mencionar que el estudio de prefactibilidad se encuentra en elaboración y será divulgado en este año (American Lithium, 2023), por lo que al momento solo cuenta con una evaluación económica preliminar del 2020.

Ahora bien, pensar en la elaboración de una Política Nacional del Litio (PNL) cobra sentido si sirve para definir cuestiones medulares como la promoción de exploraciones, garantizar la seguridad jurídica de inversiones privadas, la precisión de su condición como recurso estratégico, las opciones de industrialización a seguir (si ese es el caso), los alcances de la participación del Estado, la generación de cadenas de valor, la sostenibilidad de operaciones mineras, una mejor distribución del canon y regalías, entre otros asuntos relevantes.

Solo en esos términos sería útil discutir un marco de política pública que sea realmente inclusiva, ya que debe comprender a todos los actores, tanto políticos, económicos y sociales para trabajar en una agenda de trabajo coherente que promueva las inversiones y el desarrollo del país. Se considera que cuanto más inclusiva sea la participación en el debate y definición de la Política Nacional del Litio (PNL), será más legítima y ganará en eficacia al tratarse de un instrumento consensuado.

2. Objetivos. –

Los objetivos del presente trabajo de investigación son los siguientes:

a) Definir los objetivos principales y secundarios de la Política Nacional del Litio (PNL).

b) Establecer los principios básicos que regirían a dicha política.

c) Ofrecer definiciones consistentes sobre conceptos claves para aclarar cualquier duda sobre sus implicancias o interpretaciones.

d) Incorporar mecanismos que faciliten su discusión y difusión a nivel nacional para recoger diversos aportes, críticas u observaciones.

e) Fijar límites a la participación del Estado para que no colisione con otros intereses.

f) Crear las bases para la gobernanza en materia de exploración y explotación de litio.

g) Precisar algunas finalidades fundamentales del futuro marco regulatorio.

3. Fundamentación teórica. –

Entre los elementos conceptuales o teóricos en los que se sustenta este estudio, se tienen los siguientes: el enfoque de políticas públicas y el Análisis Económico del Derecho (AED).

Bajo el primero se presenta el concepto de lo que son las políticas públicas, sus finalidades, características e importancia ya que el esbozo de la Política Nacional del Litio (PNL) aquí presentada aspira a convertirse en una futura política pública.

Por su parte, el Análisis Económico del Derecho (AED), tanto en su vertiente positiva como normativa, ofrecen la posibilidad de anticipar las consecuencias económicas que tendrían algunas orientaciones jurídicas (planteamientos legislativos actuales sobre el litio) en el primer caso, y en el segundo caso (el del enfoque normativo del AED) la posibilidad de proponer alternativas jurídicas para generar una situación óptima de beneficio social, a fin de evitar ineficiencias.

3.1. Enfoque de políticas públicas. –

Las políticas públicas (policy, para Lasswell, 1992) son un conjunto de estrategias diseñadas y orientadas a solucionar problemas de índole público o general.

En ese sentido, el enfoque basado en políticas públicas presenta dos aristas o dimensiones: i) el estudio de las múltiples causas de los procesos de tomas de decisión, y ii), el reconocimiento de la mejor alternativa de solución para resolver problemas o atender necesidades públicas.

3.1.1. ¿Cuáles son las principales características de las políticas públicas?

Las políticas públicas guardan estrecha relación con el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios básicos. Consisten, esencialmente, en un conjunto de procedimientos normativos, administrativos y acciones que buscan atender y dar respuestas a la gran variedad de necesidades, intereses y preferencias de los distintos grupos y personas que conforman una sociedad.

3.1.2. ¿Cuáles son los beneficios de las políticas públicas?

Cuatro son los beneficios de evaluar e implementar políticas públicas, a saber:

a) Ofrecer mejores conocimientos y aprendizajes acerca de políticas públicas para que los funcionarios adopten decisiones idóneas.

b) Asegurar procedimientos claros y transparentes en la elaboración y divulgación de la información, contribuyendo así a incrementar la transparencia de la Administración Pública.

c) Coordinar y mejorar los trabajos de planificación y evaluación al interior de cada dependencia pública.

d) Perfeccionar los instrumentos de rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios sobre el cumplimiento de objetivos, estado de la prestación de servicios públicos, entre otros.

3.1.3. Contenido esencial de la política pública.

En líneas generales, toda política pública debe contar con lo siguiente:

a) Agenda: se refiere a los temas principales y segundarios que serán discutidos y abordados.

b) Problemas a resolver: consiste en las dificultades, limitaciones o impedimentos identificados, incluyendo su causa o raíz, que afectan la calidad de servicios públicos o la acción del Estado para atender necesidades básicas.

c) Objetivos: se trata de las finalidades o metas de la política pública que se piensa diseñar y aplicar para conseguir mejores resultados que los actuales.

d) Selección de la opción: en esta parte los tomadores de decisión, luego de haber iniciado un debate propositivo y participativo, reúnen suficientes criterios y elementos de juicio, así como evidencia científica, para elaborar una propuesta de política pública coherente con los objetivos deseados.

e) Implementación: una vez diseñada, la política pública se aplica sobre la realidad que se busca cambiar a efectos de lograr determinados resultados. Estos deben medirse, naturalmente, bajo indicadores previamente elaborados.

3.2. Análisis Económico del Derecho (AED). Esta disciplina, en palabras de Alfredo Bullard (2018), “(…) pretende ser una teoría de conducta y es un intento, entre muchos otros disponibles, para tratar de responder preguntas conceptuales relevantes. Para ello toma prestados de la economía su método y aproximación. El usar el método y aproximación de la que es quizás la reina de las ciencias sociales permite descubrir aspectos del derecho que, paradójicamente, no pueden ser descubiertos usando solo el derecho”.

El AED presenta las siguientes herramientas económicas para el análisis de las propuestas o planteamientos normativos en el Perú -como en países vecinos-, teniendo como principal meta la eficiencia de los marcos legales.

3.2.1. Costo de oportunidad. –

El costo de oportunidad es un concepto fundamental en economía. Este consiste analizar el valor de la opción dejada de elegir, es decir, aquel camino o decisión no tomada. Entonces, los impactos o efectos que hubiera reportado la alternativa dejada de lado se denomina costo de oportunidad, sean positivos o negativos para el decisor como para terceros.

Para decidir, todas las personas precisan de información sobre las consecuencias aparentes y no aparentes de cualquier decisión.

En ese orden de ideas, la teoría económica aporta dos criterios muy útiles cuando se trata de la toma de decisiones: i) el análisis de las consecuencias no solo inmediatas, sino también las de mediano y largo plazo, y, ii) tener presente el costo de oportunidad, para concebir de manera anticipada, aquello a lo que se renuncia por cada elección realizada.

Esto será muy importante al momento de analizar la idoneidad de las propuestas planteadas por distintos actores políticos y sociales.

3.2.2. Eficiencia. –

La eficiencia, como concepto económico, no representa un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos del marco o sistema normativo, y siempre a un menor costo.

Para el AED positivo, la eficiencia es concebida en base a un supuesto en el que los agentes económicos son racionales y buscan maximizar sus beneficios, asumiendo que emplearán, también eficientemente, todos los medios de los que disponen.

3.2.3. Análisis costo/beneficio. –

Bajo este análisis se considera que las normas, sobre todo si han sido diseñadas bajo un exhaustivo análisis costo/beneficio, pueden llegar a presentar incentivos para convertirse en instrumentos que posibiliten el logro de los objetivos de las políticas públicas, tales como eficiencia en la utilización de recursos y la eficacia la consecución de sus fines, esto según Cooter y Ulen (2002).

4. Metodología. –

La metodología empleada consiste en el estudio de diferentes marcos normativos, principalmente en la región latinoamericana, así como las propuestas desarrolladas por el sector público (Congreso de la República) y sector privado (empresas y asociaciones), la academia, consultoras especializadas y organismos multilaterales (CEPAL, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, etc.) para contar con el suficiente soporte o respaldo teórico que induzca a formular una propuesta de política pública en torno a la industria minera del litio en el país.

5. Cuestiones preliminares. –

A continuación, se precisan los contenidos de algunos conceptos o temas fundamentales para una mejor comprensión de la propuesta de Política Nacional del Litio (PNL).

5.1. ¿Qué es el litio?

El litio es el metal alcalino más liviano de todos. Su peso atómico es 3 en la tabla periódica. Es muy reactivo y posee una gran capacidad de carga eléctrica, lo que lo convierte en un transmisor de corriente eléctrica muy eficiente. Por su elevado calor específico, es ideal para aplicaciones de transferencia de calor. Por su parte, el Li2Co3, conocido como carbonato de litio es una sal inorgánica (sal de litio). Este compuesto químico representa menos de 5% del peso total de una batería utilizada en vehículos eléctricos.

5.2. ¿Dónde se encuentra el litio?

Este mineral se encuentra principalmente en salmueras (salares), arcillas, rocas, fuentes geotermales y el mar. En el caso peruano se han encontrado depósitos en la zona norte Puno (provincia de Carabaya, distrito de Corani), a más de 4200 m.s.n.m. fruto de las exploraciones realizadas a finales de 2017 y que continúan a la fecha con la finalidad de convertir los recursos en reservas.

5.3. Usos y aplicaciones del mineral. –

El litio presenta varios usos industriales no solo en el sector de la electromovilidad (como componente químico principal en las baterías de vehículos) y almacenamiento estacionario de la electricidad generada por paneles solares y turbinas de viento, sino en la fabricación de vidrios, cerámicas, espejos y telescopios. Además, es utilizado en medicina para tratar trastornos mentales como la bipolaridad, entre otros. Está presente en las baterías de equipos electrónicos que se utilizan diariamente.

5.4. El mercado del litio. –

El mercado del litio es un mercado en desarrollo, es decir, no es un mercado maduro en el que se pueda prever los movimientos de la oferta y demanda mundial como en el caso del cobre. Esto se debe a que la capacidad productiva (oferta del mineral) se está construyendo en diversas partes del mundo para poder atender a una demanda cada vez más creciente.

Además, es preciso mencionar que este mercado crece básicamente por influjo de la transición energética y las políticas que la promueven en EE. UU., Europa y Asia, fundamentalmente, para cambiar el parque automotor mundial en poco más de una década (al 2035), ello con la finalidad de reducir emisiones causantes del calentamiento global. De manera que, sin la intervención decidida de distintos gobiernos o bloques comerciales, el aumento de la demanda de litio no hubiera tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años.

Dicho esto, conviene revisar algunas cifras sobre el incremento espectacular que hay detrás de la demanda del mineral. Según Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), se espera la demanda crezca cinco veces (495%) con respecto a las cantidades actuales. La demanda actual se estima en 690 mil TM (en 2021 fue de 460 mil TM), por lo que para 2035 sería de 3.8 millones de TM. Para esa fecha, se calcula que más del 50% de vehículos serán eléctricos (Cochilco, 2023).

Este mercado, aún incipiente, presenta problemas de transparencia pues se desconoce información sobre transacciones y precios acordados. Esto dificulta la estimación del precio de los distintos productos o subproductos derivados del litio como el carbonato e hidróxido. La opacidad representa un obstáculo para la gobernanza de la industrial del litio a nivel global (Arratia, 2023).

Ahora bien, la gran diferencia entre oferta y demanda hará que los precios sean muy atractivos para los productores de litio. El déficit previsto sería de 1.34 millones de TM en 2035, ya que se estima que la producción mundial alcance las 2.46 millones de TM para ese año, teniendo una demanda de 3.8 millones de TM (Cochilco, 2023).

Tabla Nº 2: Demanda proyectada de litio a nivel mundial

Año

Demanda en millones de TM de litio

2030

2.1

2035

3.8

2040

4.5

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cochilco y Wood Mackenzie (2023)

Por otro lado, la volatilidad de precios registrada durante 2022 hizo que el litio pase de 22 mil a más de 80 mil dólares americanos la TM. The Economist (2023) indica que la demanda pasará de más de 600 mil a 2.4 millones de TM al 2030.

En la actualidad, a pesar de haberse registrado precios récord o históricos con respecto a años anteriores, el desarrollo de nuevas operaciones mineras y fábricas de baterías alrededor del mundo ayudará a estabilizar los precios en el futuro (Pedersen, 2023).

Por su parte, el precio del carbonato de litio en Asia (China, Japón y Corea del Sur) promedió los US$ 32.370 por tonelada en mayo, representando una reducción del 3,9% con respecto a abril, y del orden del 56,4% a mayo de 2022. A esta valoración, el precio permanece en niveles de finales de 2021. Durante los cinco primeros meses de 2023 el precio llegó a US$ 54.094, un 16% menos que el precio promedio del mismo periodo de 2022, cuando alcanzó US$ 64.353.

Sin embargo, las perspectivas son positivas debido a mayores colocaciones de vehículos eléctricos en los próximos años. Al respecto, la consultora McKinsey (2022) «proyecta que la demanda mundial de vehículos eléctricos se multiplicará por seis desde 2021 hasta 2030, con ventas anuales de unidades que pasarán de 6,5 millones a aproximadamente 40 millones durante ese período».

5.5. El contexto global. –

La Tercera Revolución Industrial, en la que se encuentra inmerso el planeta, depende en gran medida de la explotación de elementos como el litio para garantizar un suministro regular para la fabricación de baterías que almacenen energía en distintos dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes, tablets, laptops, cigarreras); vehículos de todo tamaño y función (autos, buses, camiones, drones, motocicletas, bicicletas, scooters, etc.); y energía producida por plantas fotovoltaicas o de turbinas de viento, etc.

Las nuevas formas de transporte originadas en la electromovilidad garantizan la reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por motores de combustión y una menor dependencia de fuentes tradicionales de energía basadas en el carbono (gas y petróleo, principalmente), así como de la contaminación sonora en beneficio del medioambiente.

Por ese motivo se ha mencionado que el litio es el “nuevo oro blanco”, en contraposición al petróleo, recurso en el que se sustentó la Segunda Revolución Industrial a partir de la aparición del motor de combustión interna propulsado por combustibles fósiles.

Ahora bien, son dos las poderosas razones que explican el desarrollo de la industria del litio. La primera es la globalización, contexto en el que se han producido una serie de transformaciones económicas, culturales, políticas, sociales y ambientales a nivel mundial, y en la que convergen capitales privados y nuevas tecnologías para el diseño de mejores sistemas de generación energética. Asimismo, el segundo motivo es la necesidad de reducir los gases responsables del denominado “efecto invernadero”, que son causantes del cambio climático en el planeta, responsable de las elevadas temperaturas, una de las principales amenazas para la humanidad.

En la actualidad Estados Unidos lanzó un programa cargado de incentivos cuando aprobó la Ley de Reducción de la Inflación el año pasado (2022), lo que facilita la inversión en la construcción de minas, plantas de procesamiento de litio y factorías, además de ofrecer créditos tributarios para la adquisición de vehículos eléctricos fabricados en EE.UU. o sus socios comerciales. Iniciativas del mismo calibre vienen aprobándose en Europa para promover el desarrollo de la electromovilidad con el fin de cumplir con las metas de reducción de emisiones para el 2030 (Benchmark, 2023).

Estas políticas se adoptan en un contexto en el que China, tercer productor mundial de litio (13% del mercado), elabora el 80% del hidróxido de litio refinado y fabrica el 56% de las baterías de litio (Peralta, El País, 2023). Si bien China domina ampliamente las cadenas de suministro mundiales vinculadas con la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, no controla la explotación de litio, asunto en el que Sudamérica juega un rol preponderante (Bloomberg, 2023).

La compleja competencia geopolítica entre las grandes potencias o bloques económicos por la seguridad de los suministros globales de minerales críticos para la transición energética repercute en los países productores o con recursos del mineral, ya que a raíz de ello algunos han planteado nuevas políticas, estrategias y acciones sobre el acceso a estos recursos naturales. Esas orientaciones van desde posiciones más nacionalistas o estatistas bajo las que se limita la participación del sector privado a otras más liberales en las que se protege las inversiones privadas y fomenta el crecimiento de la minería de litio en todas sus fases o etapas.

5.6. ¿Por qué el litio es considerado un recurso estratégico?

En principio tiene esa condición debido a que es un mineral indispensable para la transición energética, es decir, el proceso gradual en el que se sustituyen fuentes de energía más contaminantes y no renovables basadas en combustibles fósiles, por otras renovables y bajas en emisiones de carbono a la atmósfera, a fin de evitar los efectos o consecuencias indeseadas del cambio climático (temperaturas extremas, sequías, lluvias intensas, desertificación, migraciones climáticas, pobreza, etc.).

Este mineral por ahora no tiene un sustituto o competidor claro en materia de rendimiento, seguridad, densidad de carga y liviandad, por lo que otros compuestos a base de sodio, azufre, etc., deben aún ganar mucho terreno y ser lo suficientemente rentables para que la industria de fabricación de baterías considere otras opciones.

El litio también posee el atributo señalado por su alta demanda en el sector de la electromovilidad, responsable en la actualidad de más del 80% de la demanda global de litio (U.S. Geological Survey, 2023). Además, la oferta resulta ser insuficiente para atender a una demanda mundial en rápido crecimiento.

A ello se suma que pocos países cuentan con recursos o reservas del mineral en volúmenes y calidad suficiente para permitir el desarrollo de proyectos mineros rentables. Por lo que la lista actual de los principales productores se encuentra concentrada en cuatro países, en ese orden: Australia, Chile, China y Argentina, responsables del 93.6% de la producción mundial (Venditti, 2023).

5.7. La transición energética como necesidad. –

Smil (2010; vii) entiende el proceso de la transición energética como “el cambio en la composición (estructura) del suministro de energía primaria, el cambio gradual de un patrón específico de suministro de energía a un nuevo estado de un sistema energético”.

Por su parte, Markard, Raven y Truffer (2012) consideran que esta comprende cambios de gran trascendencia en distintos ámbitos como la economía, institucional, político, económico, tecnológico y sociocultural. Además, este proceso involucra a una gran variedad de actores y, por lo general, se extiende en periodos largos (50 o más años).

La transición energética no solo implica atacar los efectos adversos del cambio climático y generar mayor ahorro y altos niveles de eficiencia energética, sino que debe incidir en el desarrollo de innovación tecnológica que permita la transformación integral y la modernización de la infraestructura energética local en cualquier país.

En cuanto a las características principales de la que transición energética actual, la más reconocibles son las siguientes:

i) La utilización de fuentes de energía renovables.

ii) La producción y consumo energético que contribuye en la reducción significativa de emisiones de gases contaminantes (huella de carbono).

iii) El empleo de tecnología que se encuentra al alcance de la mayoría de economías a nivel mundial (paneles solares en África, Asia y Sudamérica, por ejemplo).

iv) La apuesta por el consumo responsable de energía, por lo que la transición viene acompañada de un profundo cambio cultural.

5.8. La electromovilidad: la promoción de políticas públicas. –

La electromovilidad se refiere al uso de vehículos impulsados por uno o más motores eléctricos. El desarrollo de vehículos eléctricos no es precisamente una innovación de los últimos años. Los primeros modelos de vehículos eléctricos o vehículos de cero emisiones fueron fabricados en el siglo XIX.

Actualmente, hay en circulación alrededor de 26 millones de vehículos electrificados entre eléctricos e híbridos enchufables según datos de 2022. En China transitan cerca de 13.8 millones (más del 50%), de acuerdo con el informe Perspectivas globales sobre el vehículo eléctrico de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

La citada agencia prevé que durante el 2023 se venderán cerca de 14 millones de vehículos de esta clase a nivel mundial, aproximadamente un 35% más en términos comparativos interanuales.

En lo que a la Política Nacional del Litio (PNL) se refiere, se necesita coherencia en los incentivos para estimular las ventas de autos eléctricos y dar a conocer los beneficios económicos y ambientales de su utilización. Ello también ayudaría a concienciar a los usuarios de estos vehículos sobre de la necesidad de explorar y explotar los interesantes recursos de litio que posee el país.

5.9. El paradigma de la sostenibilidad. –

En concreto, el paradigma de la sosteni-bilidad induce a mantener determinadas condiciones de vida sin afectar la capacidad de la generación presente o futura, es decir, sin mermar o menoscabar los recursos existentes para su aprovechamiento responsable. Como proceso obliga a analizar pormenorizadamente las fortalezas y debilidades del sistema de producción actual, así como introducir nuevas y mejores alternativas o soluciones en aras de lograr la sustentabilidad, que significa que las condiciones del propio sistema le permiten sostenerse de manera autónoma sin comprometer el disfrute de los recursos.

En el caso del litio, la sostenibilidad representa un aspecto fundamental por las exigencias de los países o mercados de destino de producir el mineral y sus compuestos de la manera más eficiente en términos energéticos, de consumo de agua y reducción de emisiones. Esta obligación, por supuesto, también es doméstica, ya que la mayoría de Estados productores tienen legislaciones al respecto y han suscrito acuerdos y protocolos internacionales para controlar la temperatura del planeta, proteger especies, bosques tropicales, nevados, glaciares y fuentes de agua en general.

6. Enfoques y estrategias de política regionales con respecto a la gobernanza del litio. –

Cualquiera que sea la Política Nacional del Litio (PNL), esta conduce hacia la adopción de una estrategia nacional, que en el caso peruano debe enmarcarse en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del sector Energía y Minas para el periodo 2024–2030, la cual se encuentra en elaboración (El Peruano, 2023).

Por otro lado, definir el tipo o nivel de participación del Estado es uno de los aspectos más importantes a dilucidar dentro de esta política, ya que de ello depende el rumbo que se plantee seguir como país en cuanto a la captación de inversiones para el desarrollo del sector, la economía y la sociedad.

En ese sentido, la participación puede ser pasiva o expectante, que generalmente se limita, como en el caso peruano, a la obtención de recursos tributarios (renta minera) y la regulación de la actividad en materia fiscal, laboral y ambiental. En el caso contario, la participación estatal puede convertirse o devenir en distintos de esquemas intervencionistas, a saber: a) moderado, b) extremo y c) totalizante o monopolizador.

Por moderada debe entenderse a la intervención del Estado en la industria como socio minoritario, como en el caso de la provincia de Jujuy (Argentina), donde el gobierno provincial creó una empresa que posee el 8.5% de Sales de Jujuy, firma dedicada a la explotación de litio, donde Allkem, una minera australiana apunto de fusionarse con la estadounidense Livent, con la que crearía al tercer productor del mineral (Reuters, 2023). Allkem y Toyota poseen el 66.5% y el 25% del accionariado de Sales de Jujuy, respectivamente (Castello, A. y Kloster, M., 2015). Esta asociación (joint venture) permite que el inversionista privado controle la operación mientras que el Estado, en su calidad de accionista minoritario, recibe una porción de la utilidad en función a su participación en el capital, además de recibir información financiera.

En el escenario extremo, que puede calzar con el chileno, el Estado compite con el privado al crear una empresa nacional que participe en toda la cadena de valor del litio, es decir, desde la etapa exploratoria hasta su eventual industrialización y comercialización. Pero además se le permite asociarse con compañías privadas que operan en el territorio en participaciones y condiciones aún por discutir (en negociaciones), usando como baza el hecho de que los recursos litíferos no han sido otorgados mediante concesiones mineras, sino a través de contratos administrativos de explotación por la Corfo Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad gubernamental que entrega cuotas de explotación de litio en salares por un determinado periodo a empresas como SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) y Albemarle, empresa estadounidense de fabricación de productos químicos especializados, dos de los actores más importantes del sector a nivel mundial.

Chile se encontraría dentro de la segunda alternativa, la extrema, en el marco de su Estrategia Nacional del Litio, puesto que su gobierno pretende que las empresas que operan en sus salares se asocien, forzosamente, con la estatal Codelco y la futura Empresa Nacional del Litio (ENL) para extraer y procesar de manera conjunta el litio a partir del 2030, fecha en la que empiezan a vencer los primeros contratos administrativos (arriendos). De acuerdo con la agencia calificadora Fitch, esta «anticipa que la estrategia no proporcionará el impulso previsto a la industria del litio, dado que considera que es poco probable que las empresas privadas inviertan un capital significativo para desarrollar proyectos de litio a través de consorcios controlados por el estado» (América Economía, 2023).

La modalidad extrema es un tipo de orientación que aleja a las mejores compañías internacionales, puesto que estas precisan del control para ser productivas y eficientes, algo de lo que distan la mayoría de empresas gestionadas por Estados en la región.

La tercera alternativa, la posición totalizante o monopolizadora, ha sido adoptada por México y Bolivia, principalmente por esta última nación, poseedora de las mayores reservas de litio según la U.S. Geological Survey (2023), con 21 millones de toneladas. Esta consiste en controlar efectivamente todo el proceso y sus respectivas etapas, no permitiendo o limitando la participación privada. Bajo esta orientación las empresas privadas solo pueden ingresar en determinados segmentos de la cadena de valor que, en el caso boliviano, sería la generación de valor agregado para producir baterías de ion-litio. Esta opción de política ahuyenta decididamente a inversores occidentales; pero atrae a compañías chinas deseosas de tener algún tipo de participación mínima, aunque con la esperanza de captar futuras cuotas de exportación del mineral.

7. Consideraciones preliminares para elaborar una futura Política Nacional del Litio (PNL). –

Una futura Política Nacional del Litio (PNL) debería abordar temas como los productivos y de mercado en lo concerniente al ámbito económico; aspectos tributarios, laborales y ambientales en materia de regulación estatal; y elementos tecnológicos y científicos respecto a la promoción de la investigación y desarrollo (I+D).

Por esto último se entiende que la PNL debe fomentar el desarrollo productivo para lograr mayor valor agregado, la diversificación productiva y la innovación.

Entre los objetivos principales de esta política, se plantean los siguientes:

a) La promoción de inversiones mineras: se trata de que el Estado, a través del MINEM, siga cumpliendo su rol, al igual que otras entidades del país. Esta función es la que permite atraer capitales para el avance de la exploración y explotación minera.

b) La explotación sostenible del recurso: consiste en que la producción de litio debe hacerse en función de los criterios ASG (ambiente, social y gobernanza), además de cumplir con las regulaciones vigentes. Este cumplimiento le conferirá legitimidad social (licencia social) ante las comunidades del entorno y la aceptación de los inversionistas.

c) La obtención de una renta equilibrada por parte del Estado (no confiscatoria): se debe evitar cualquier modificación antitécnica del marco tributario para no perder competitividad frente a otras jurisdicciones productoras en la región. El establecimiento de impuestos no debe vulnerar el principio de equidad (el mismo trato a todos los contribuyentes). En el caso de las regalías estas deben aplicarse de acuerdo los criterios establecidos en la normativa vigente.

d) La participación real en los beneficios de los grupos de interés (comunidades locales): se debe procurar la distribución justa de la riqueza generada por la actividad litífera entre los grupos de la zona de influencia, pero no solo a través del pago de impuestos y regalías, sino mediante convenios marco que asignen fondos para financiar el desarrollo humano, productivo y sostenible.

En cuanto a los objetivos secundarios, se proponen los siguientes:

a) La exploración eficiente: se refiere a que los plazos para la aprobación de solicitudes sean perentorios y no extensivos, y que los requisitos sean definitivos y no arbitrarios.

b) La explotación responsable: se entiende que las operaciones se desarrollen bajo el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

c) La generación de cadenas de valor: se trata de la participación de distintos actores desde la etapa de exploración como proveedores hasta el potencial empleo del producto final (carbonato) en desarrollos industriales de mayor valor agregado (cátodos, celdas, baterías, etc.).

d) El fomento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D): esto corresponde a la formación de alianzas estratégicas entre el sector público y privado para crear un clima que posibilite la innovación científica y minera mediante acuerdos de cooperación con universidades, centros de investigación, expertos y la sociedad civil en general.

Ahora bien, toda política debe contar con principios generales que sirvan de orientación en lo que a la interpretación del contenido de la Política Nacional del Litio (PNL) se refiere.

En tal sentido, se presentan la siguiente relación de principios –lista abierta y no taxativa- a ser tenidos en consideración:

i) Participación: por participación se entiende que deben intervenir todos aquellos que posean algún legítimo interés que deba ser considerado o cautelado durante la construcción e implementación de la PNL.

ii) Transparencia: se refiere a que las convocatorias, discusiones y planteamientos -en el marco del debate de la PNL- deben gozar de la mayor apertura posible. La información debe estar disponible para todos y de un modo apropiado.

iii) Buena fe: bajo este principio el trato entre las partes o actores debe ser tolerante, respetuoso y bienintencionado para propiciar un clima de confianza y mayor colaboración.

iv) Equidad: se refiere a que el valor de las opiniones o expresiones entre los participantes tiene la misma consideración en la discusión.

v) Inclusividad: por medio de este principio se busca incorporar en el diálogo a aquellos que no suelen estar debidamente representados (grupos vulnerables).

vi) Desarrollo sostenible: mediante esta noción se persigue que la PNL produzca resultados que beneficien equilibradamente a todas las partes que participan en el desarrollo de la minería de litio.

8. Condiciones políticas actuales y contenido esencial para la elaboración de la futura Política Nacional del Litio (PNL)

A partir de la sección anterior, se puede colegir que la Política Nacional del Litio (PNL) planteada debe ser promotora al contemplar una exención justificada de tributos (devolución del pago del Impuesto General a la Venta para no exportar impuestos). También que debe acortarse algunos trámites y procedimientos innecesarios (permisología), sin que por ello se reduzcan estándares, sino que los actos administrativos sean cada vez más ágiles, predecibles, objetivos y razonables para los administrados.

Además, esta política debe ser articuladora para definir los alcances y objetivos de una agenda común entre el sector público y privado, a fin de coordinar, formar asociaciones o alianzas y establecer convenios de beneficio mutuo. Adicionalmente, este instrumento debe ser garantista, en el sentido de brindar seguridad jurídica a inversores nacionales y extranjeros por igual. Asimismo, la Política Nacional del Litio (PNL) será reguladora en lo concerniente a la fiscalización de compromisos sociales, asuntos laborales, obligaciones ambientales y en materia de seguridad de las operaciones.

Por último, esta encarnaría una visión o enfoque desarrollista al buscar mayores encadenamientos económicos (promoción de proveedores locales) y la generación de valor agregado a lo largo de la cadena productiva (como transformar el recurso en productos con mayor grado de industrialización).

8.1. El carácter de recurso estratégico del litio y sus implicancias. –

La Política Nacional del Litio (PNL) no se agota en lo mencionado en el preámbulo, puesto que es necesario que precise el carácter de recurso estratégico del litio y sus implicancias para los actores que participan en la industria. A la fecha, el Ejecutivo no ha reglamentado la Ley Nº 31283, «que declara de necesidad pública, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y de sus derivados», por lo que se carece de una definición oficial del concepto.

En una serie de hechos que revelan la tendencia intervencionista (nacionalizadora) de ciertos grupos políticos, desde el Congreso de la República peruano se avanzó en la aprobación de un dictamen que recae sobre el proyecto N° 04775/2022-CR en la Comisión de Energía y Minas para crear una planta nacional de litio y disponer que «la explotación de este recurso deberá satisfacer la demanda nacional y sus excedentes se comercializarán a nivel internacional». Cabe precisar que el proyecto en cuestión aún debe pasar por la aprobación de la Comisión de Economía para poder ser debatido en el pleno.

Además, se tiene conocimiento de otras iniciativas con un propósito similar: nacionalizar los recursos de litio y explotarlos bajo una empresa nacional. Estas acciones se hacen bajo un supuesto «interés nacional» y «razones necesidad pública», según los proyectos de ley revisados como el P.L. Nº 4184/2022-CR.

En esa línea, el último intento por parte de un grupo de congresistas es crear una empresa pública que no solo opere una fábrica de litio para producir celdas y baterías utilizables en vehículos eléctricos, sino que el Estado ingrese en todas las fases de la actividad minera desde la prospección hasta la comercialización de compuestos químicos y materiales electroquímicos que se emplean en las baterías más avanzadas. En concreto, se trata del Proyecto de Ley Nº 5799/2023-CR, mediante la que se desea derogar la Ley Nº 31283, «Ley que declara de necesidad pública, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y de sus derivados».

Bajo esta nueva formula legal se busca una evaluación favorable por parte del Ejecutivo para se constituya la «Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos Peruanos de Litio, Uranio y otros minerales y/o materiales no tradicionales para industrias bajas en carbono», bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Esta propuesta también pretende declarar al litio y sus derivados (subproductos químicos o compuestos industrializados) como recursos estratégicossupone y supone un riesgo de tipo político y legal de aprobarse en el Pleno del Congreso, toda vez que implica la incursión del Estado en la realización de actividades empresariales, la cual, en el caso particular de la minería de litio es riesgosa económicamente por la volatilidad que experimentan los precios de los diferentes compuestos o productos en China, la falta de transparencia en las transacciones u operaciones de futuros, la posibilidad real de disrupción por el ingreso de sustitutos al litio basados en el sodio, zinc, etc.; innovaciones prometedoras como los prototipos de baterías de protones, celdas de hidrógeno, entre otros como perjuicios causados por conflictos sociales.

La iniciativa resulta sin duda riesgosa para los intereses del Estado, y principalmente para los contribuyentes, en vista de la enorme ineficiencia estatal demostrada en la gestión de empresas públicas y la administración del presupuesto nacional, horadado por décadas por el flagelo de la corrupción en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal).

Por parte del Gobierno Central, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se muestra reacio a la introducción de una política intervencionista y más bien considera que esa vía ahuyenta inversiones. El MEF plantea también la creación de una mesa ejecutiva con el propósito de desarrollar la industria de litio. Esta instancia aún no se ha instalado por la convulsión social que azotó a Puno durante el primer trimestre de 2023. El ministro de la cartera, Álex Contreras, consideró que de la mesa ejecutiva saldría el consenso para aprobar el marco legal para la explotación del mineral (Gestión, 2023).

En el caso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), esta entidad conformó un grupo de trabajo mediante la Resolución Ministerial Nº 317–2022-Minem/DM para reglamentar la Ley Nº 31283, a fin de establecer el marco regulatorio de la exploración y explotación de litio (La República, 2023).

En ambos casos, tanto el MEF como el MINEM se encuentran equivocados, pues la exploración y explotación del litio no requiere de un marco normativo especial ya que se emplearían las mismas técnicas, procesos y medidas aplicables a otros minerales que se vienen extrayendo y procesando en Perú. El litio no precisa de un tratamiento específico pues métodos actuales como el chancado y la lixiviación serán utilizados en su procesamiento al encontrarse el litio en yacimientos en roca. Además, los químicos y compuestos necesarios para la obtención de carbonato de litio grado batería equivalente (LCE) se encuentran autorizados por las autoridades, por lo que no se necesitará de una regulación específica.

El procesamiento de depósitos de litio en roca presenta el siguiente esquema: a) pretratamiento / molienda, b) separación térmica / química (o ambas), c) eliminación de impurezas, d) precipitación de subproductos, e) precipitación de compuesto de Li y f) refinación (Bowell, 2019).

8.2. El fomento de las inversiones mineras (litíferas). –

Otro punto que debe ser puesto en consideración de las autoridades es el fomento de las inversiones mineras (litíferas), pues el retraso en la aprobación de permisos o autorizaciones deteriora el ánimo de los inversionistas y aumenta los costos. Si bien es saludable que desde el MINEM exista la preocupación por reducir los plazos de los trámites, aún no se ha avanzado lo suficiente en la creación de una ventanilla única, ni en la unificación de criterios para evaluar aspectos ambientales de los proyectos de inversión.

La disparidad de opiniones, los cambios a nivel interno de funcionarios, la falta de personal, entre otros factores, afecta sobremanera el avance de proyectos mineros, sean de exploración, construcción o explotación.

En ese sentido, corresponde al poder político tomar las decisiones que correspondan para incrementar la inversión en exploración, sin la cual no será posible encontrar nuevos yacimientos de litio ni desarrollar los actuales dentro de la ventana de oportunidad que tiene Perú en el mercado internacional para aprovechar y poner en valor proyectos como el de Falchani en Puno, cuyo titular es Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense American Lithium.

8.3. La asociación entre el sector público y el privado. –

La tercera cuestión central a abordar es la asociación entre el sector público y el privado para determinar el tipo de alianza que podría surgir entre distintas instituciones y organizaciones interesadas en estudiar las bondades del litio y poder desarrollar la industria. Los términos, objetivos y plazos bajo los que se conformaría una asociación semejante serán vitales para definir la gobernanza del sector, esto es, la participación de todas las partes interesadas en su transparencia, equilibrio, sostenibilidad, rentabilidad social y viabilidad económica.

8.4. El grado de desarrollo de la industria de litio

Esto último conduce inexorablemente a este cuarto tema de discusión. En este apartado se discute sobre el nivel de industrialización buscado a corto, mediano y largo plazo. En el nivel primario de industrialización se encuentra la producción de carbonato de litio (Li2Co3) para ser utilizado en las baterías de vehículos eléctricos. En el segundo nivel se halla la elaboración de cátodos o celdas para baterías. En el tercero se ubica la fabricación de baterías tanto para vehículos de todo tamaño y utilidad, como para el almacenamiento de la energía producida por fuentes renovables (solar, eólica, hídrica, etc.) como las estacionarias.

La opción de política industrial se sustenta, en cada caso, en las preferencias políticas de los funcionarios y la sociedad, pero también en las posibilidades reales de cada país. Esto último es lo más importante porque la capacidad técnica, científica y académica es determinante para incursionar efectivamente en uno u otro camino. De ahí que para países con un menor grado de desarrollo industrial sea bastante difícil reunir las capacidades necesarias, además del financiamiento requerido para diseñar y emprender ambiciosos planes o programas de industrialización y diversificación productiva.

8.4.1. Principales obstáculos para el desarrollo de una industria de baterías. –

Ahora bien, entre los principales desafíos o limitaciones que enfrentan países como Perú para la fabricación de baterías, se consideran los siguientes:

a) La ausencia de una industria automotriz. Este factor por sí solo es determinante para la no instalación o inviabilidad de una industria semejante, puesto que las plantas automotrices requieren del abastecimiento de factorías cercanas para ensamblar distintos modelos de vehículos en sus líneas de producción. Por lo que la carencia en el país de la industria principal (automotriz) reduce drásticamente la posibilidad de construir baterías en base al litio.

b) La falta de otros minerales esenciales. El litio, que se usa en el cátodo, no es el único elemento de las baterías que utilizan vehículos eléctricos, pues se requiere, dependiendo de su composición, de níquel, manganeso, cobalto, grafito, etc. El Perú no posee cobalto ni grafito, por lo que debería importarse de países vecinos como Chile, Brasil o el continente africano.

c) La gran distancia con los centros de fabricación de vehículos eléctricos. En caso de que Perú llegase a producir baterías, estas deberían cruzar el Pacífico o Atlántico para llegar a su destino en China, Japón, Corea del Sur, Alemania, EE. UU., etc. Este largo recorrido resultaría peligroso por la cantidad de baterías que deben ir dentro de contenedores en barcos mercantes. El costo del transporte marítimo sería elevado por la peligrosidad de la carga y el flete, además de los gastos de desaduanaje. En conclusión, restaría competitividad al producto.

d) La intensiva competencia internacional. Si Perú decidiese producir baterías con recursos públicos, enfrentaría la dura competencia de importantes empresas tecnológicas, centros de investigación universitarios, grandes conglomerados industriales y países desarrollados que llevan décadas mejorando la densidad, seguridad y eficiencia en la transmisión de calor y energía de las baterías. La innovación en este campo es constante, de ahí que no cesan los nuevos desarrollos y diseños que ofrecen mejores capacidades y rendimientos.

e) Los derechos de propiedad. Otra limitante son las patentes protegidas sobre la composición electroquímica de las mejores baterías del mercado. Ello no permitiría que Perú pudiese progresar debido a que no tendría permisos ni licencias para aprovechar los desarrollos de los electrolitos existentes.

f) La carencia de personal calificado. La falta de personal especializado por falta de financiamiento y políticas de investigación científica eficaces impide, a corto y mediano plazo, el concurso o disposición del capital humano necesario a nivel local para construir y operar una fábrica de baterías.

g) La incertidumbre política. Esta situación pone en riesgo la continuidad de cualquier política nacional y la propia estabilidad del país, por lo que el factor político representa una clara desventaja para abordar el desafío de la industrialización y diversificación productiva.

h) La conflictividad social. Dados los niveles de conflictividad registrados desde hace varios años, es difícil que en Perú puedan asentarse inversiones tecnológicas de largo plazo por las últimas crisis sociales desatadas que afectaron el transporte, el orden público y el desarrollo de varias actividades productivas. Este factor eleva el riesgo-país y dificulta aún más la estabilidad que requieren las inversiones en general.

8.5. La competitividad de la Política Nacional del Litio (PNL). –

El quinto punto es la competitividad de la PNL y los instrumentos legales que deriven de esta. Esta parte es muy importante porque del grado de competitividad la política dependerá los resultados que se pretenda lograr. Para medir la competitividad de una eventual PNL se deben considerar los siguientes factores:

i) La política tributaria del país, en concreto, la carga impositiva que soporta el sector minero, así como los incentivos ofrecidos para compañías exploradoras (exoneración del IGV) y productoras (doble depreciación de activos). Sobre ello, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE) (2022) “(…) las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) encuentran que la carga fi­scal de la minería en el Perú (que es el segundo productor mundial de cobre) se ubica por encima de los regímenes evaluados de nuestros principales competidores de cobre como Chile –el primer productor- y China, el tercer productor (…)”.

En ese sentido, queda aún mucho por trabajar en el campo de la política fiscal para mejorar el atractivo minero del país.

ii) La permisología y la consulta previa. Sobre este asunto, el Ing. Miguel Cardozo, director del IIMP, reveló que existen 74 proyectos de exploración en cartera, 30 de ellos en ejecución o por ejecutar y los 44 restantes aguardan autorización de exploración o la aprobación del instrumento ambiental de gestión DIA (Declaración de Impacto Ambiental) o ficha técnica. Asimismo, señala que de los proyectos de exploración con IGA (Instrumento de Gestión Ambiental Aprobado), la demora probablemente se deba a la consulta previa (IIMP, 2023).

El impacto de la demora en la aprobación de permisos o autorizaciones resta competitividad al país porque retrasa el inicio de actividades exploratorias o productivas (explotación), ello supone un indudable costo adicional para los inversionistas y atrasa la puesta en valor de proyectos que pueden contribuir con mayor generación de renta, empleo formal y el establecimiento de cadenas productivas.

En cuanto a la consulta previa, esta se podría realizar antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado o semidetallado, puesto que en la etapa exploratoria los impactos son leves o moderados, social y ambientalmente hablando.

iii) Incentivos para la integración vertical. En el caso del litio, sobre todo si se busca generar mayor valor agrado en la producción, es necesario que la futura PNL contemple incentivos para la integración vertical del negocio entre unidades productoras (minas de litio) y fabricas para la refinación del mineral.

En ese sentido, entran a tallar incentivos de tipo tributario y arancelario para exonerar y facilitar el ingreso de bienes de capital (maquinarias y equipos) para la instalación de plantas procesadoras que convertirán el litio en carbonato de litio grado batería equivalente (LCE). También entra en la ecuación los requisitos ambientales y de seguridad para construir las plantas, los estudios en detalle a realizar y los plazos para el otorgamiento de los respectivos permisos.

iv) La gestión de conflictos. El Perú presenta altos índices de conflictividad social, especialmente en el sur, donde se ubican importantes proyectos mineros de cobre que vieron paralizadas sus actividades en más de una ocasión. En la región Puno, por ejemplo, donde se encuentra el Proyecto de Exploración Avanzada Falchani, de Macusani Yellowcake, las protestas sociales afectaron el avance de las actividades programadas durante el primer trimestre de 2023.

Por tal motivo, es imprescindible que el Estado atienda los problemas sociales que se encuentran comúnmente en el sustrato de los conflictos (pobreza, desigualdad, desempleo, falta o deficiencia de servicios básicos) y acompañe a las empresas mineras para que resuelva la problemática local. Muchas de las necesidades de la población vienen siendo atendidas por las empresas ante la ausencia o incapacidad manifiesta del Estado. Ello no solo desnaturaliza la función pública, sino también la de las propias empresas que contribuyen de la mejor manera en el marco de sus políticas y programas de valor compartido, responsabilidad social y sostenibilidad.

Es preciso mencionar que las empresas exploradoras, especialmente, al no generar ingresos propios (comerciales), no se encuentran en condiciones económicas de dar solución o respuesta a las grandes necesidades de personas en situación de vulnerabilidad que residen en zonas altoandinas desatendidas.

Además, las autoridades deben hacer valer el Estado de Derecho para evitar daños y sancionar ejemplarmente a los responsables de atentados contra la vida, integridad y propiedad, entre otros derechos y libertades cuando se producen episodios de crisis o convulsión social.

8.6. La conformación de alianzas con otros países. –

Un sexto asunto es la viabilidad de conformar una alianza con países productores de la región. En principio, se parte de la premisa de que toda cooperación internacional a priori resulta interesante, pero debe analizarse a fondo para determinar si es beneficiosa para el Perú. En esa línea, es necesario conocer más de cerca las experiencias chilena y argentina, por ser dos de los principales actores del mercado -por nivel de producción e inversión acumulada-, sin dejar de lado que las fuentes de sus recursos y reservas difieren de las peruanas al encontrarse las primeras en salares.

Chile hizo mucho para promover la inversión en litio en el pasado, y por ello es el segundo productor mundial. Pero ahora el Gobierno del presidente Boric ha apostado por un modelo de corte nacionalista. Ello ha generado mucha preocupación entre las empresas operadoras (SQM y Albemarle) por las negociaciones a las que vienen siendo obligadas, sobre todo la primera, para aumentar los beneficios (regalías), ceder ante la empresa estatal recientemente creada y permitir que ingresen otros actores al salar de Atacama (concentra el 90% de las reservas chilenas), donde se extrae la mayor parte del litio chileno (Barañao, 2023).

En Argentina, en cambio, el modelo de explotación no depende el Ejecutivo Central sino de las provincias norteñas (Catamarca, Jujuy y San Juan). Esto debido a las prerrogativas que brinda la Constitución argentina de 1994 y su régimen federal. Pero esto no libra del todo a las empresas de los apetitos de cierto sector de la política deseosa de sobrerregular, aumentar impuestos y controlar totalmente la industria (Bloomberg Línea, 2023).

En cuanto a Bolivia, bajo la Constitución de 2009, los recursos naturales fueron declarados de carácter estratégico e interés público. En 2017 se creó la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para controlar la explotación de los recursos evaporíticos de los salares de Uyuni y Coipasa en el sur del país.

Otros países a considerar en el contexto latinoamericano son México y Brasil, quienes tienen modelos o enfoques de política diferentes dado que el presidente mexicano López Obrador declaró la nacionalización del litio en 2023 (Europapress, 2023) y Brasil más bien apuesta por la atracción de capitales. Brasil y Perú presentan una macroeconomía y una moneda estables, grado de inversión (buena calificación crediticia internacional) y gobiernos enfocados en facilitar y desarrollar actividades empresariales.

Ahora bien, dada la disimilitud entre los enfoques, políticas y estrategias de los países antes mencionados, no sería factible, por ejemplo, la creación de un cártel del litio similar al de OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo) porque poseen diferentes marcos legales (constitucionales), orientaciones políticas y las empresas privadas juegan un papel preponderante en algunos de ellos (el peso de los agentes privados en Chile y Argentina haría inviable un planteamiento semejante a corto y mediano plazo).

Otra dificultad es que aun cuando se constituyan empresas estales, estas no tienen el conocimiento ni la experiencia (know how), el capital suficiente, la tecnología, ni patentes desarrolladas para explotar el litio de los salares de manera eficiente, rentable y menor impacto.

Entonces, en el mejor de los casos, la cooperación internacional giraría en torno a intercambiar experiencias entre funcionarios, expertos, técnicos y científicos para generar mayor conocimiento en el procesamiento del litio y el diseño de plantas que permitan su transformación paulatina desde carbonato o hidróxido de litio a baterías para vehículos o estacionarias, así como toda una cadena de valor conexa o asociada.

9. La rentabilidad de la fabricación de baterías.

Mucho se discute en la región latinoamericana sobre la construcción de plantas para elaborar baterías para vehículos eléctricos, pero no se aborda un asunto clave: la rentabilidad o margen que ofrece su producción. La ausencia de este tema en el debate público indica que los principales interesados en la industrialización no son las empresas fabricantes de autos o baterías, sino más bien algunos Estados productores o con potencial para la extracción de litio. Así, quienes promueven la opción de dar mayor valor agregado a las materias primas son en su mayoría políticos, dirigentes sociales o algunos académicos; los primeros para ganar más simpatías y aumentar su popularidad, los segundos para asociar su imagen con un tema de mediático y vanguardia, y los terceros para obtener algunas subvenciones económicas que financien sus investigaciones. Pero ninguno de ellos ha presentado estudios de mercado o factibilidad que sustenten la viabilidad económica de las iniciativas productivas relacionadas con la industrialización del litio en grado batería equivalente.

Esta omisión no debería pasar por alto pues la información financiera sobre el tipo o modelo de negocio, a saber: mineras de litio versus plantas de baterías es relevante para definir la alternativa más conveniente. De ahí que al entrar en la dinámica del mercado se observa que las fabricantes de baterías en China presentan un aumento de costos cuando suben los precios de los insumos, en este caso, carbonato o hidróxido de litio, que reducen los márgenes EBITDA. Dada que la estructura de costos de empresas mineras y fabricantes de baterías es distinta y sus resultados económicos inversamente proporcionales, cuando las primeras presentan altos márgenes las segundas experimentas caídas en la rentabilidad.

El Gráfico Nº 1 muestra que el aumento de los costos de los insumos reduce los márgenes EBITDA de los fabricantes de baterías chinas (%)

S&P (2023) revela que el alza de los precios del litio, níquel y cobalto disparó los costos. Entre 2020 y 2021 las graves interrupciones en la producción durante la pandemia de COVID-19 hizo que los precios de las materias primas antes mencionadas aumentaran significativamente. El costo del carbonato de litio aumentó al menos décuplo (creció 10 veces). Estas presiones al alza se vieron exacerbadas por la intensificación de la competencia en el sector de las baterías, mercado que ha limitado la capacidad de los jugadores de baterías para pasar completamente costos incrementales para los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles.

Como resultado, la rentabilidad de los fabricantes de baterías se ha deteriorado notablemente desde el año 2012. Por ejemplo, los márgenes EBITDA informados de Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, cayó al 12,4% en 2022 desde el 17% en 2021 y 20% en 2020 (S&P, 2023).

La competencia que afrontan los fabricantes de baterías no solo proviene de su mismo sector, sino de las automotrices que incursionan en su segmento para lograr la integración vertical del negocio. Este factor determinará en adelante cuántos jugadores quedarán en el mercado.
Según Campbell et al (2023). “Las empresas automotrices tradicionalmente fabrican sólo un puñado de sus propios componentes y entregan la mayoría a proveedores. Los vehículos a batería, que contienen una fracción de las partes móviles de sus antepasados, cambian esa ecuación”.

En un artículo de los autores antes mencionados, se presenta un gráfico muy elocuente, ya que muestra que a las mineras de litio les va mejor en cuestión de márgenes de ganancia en periodos de ascenso o descenso de precios del litio, mientras que a los fabricantes de baterías o sus componentes les va mal al registrar menores niveles de ganancia cuando el valor del litio cae, como ocurre durante el 2023.

El precio del litio cotiza en $26,889 al lunes 11 de setiembre de 2023, un descenso importante desde los $42 mil que promediaba en el año. Este valor es el más bajo en cuatro meses. Los futuros del carbonato de litio también se han desplomado. Sin embargo, el margen para los productores de litio es de 55.4% en promedio, mientras que para los fabricantes de baterías es de 15.6% de media en el margen de beneficio bruto (%).

Como país, esto obliga a pensar si es realmente conveniente incursionar en la industria de las baterías de litio, cualquiera sea su composición electroquimica, toda vez que la evidencia financiera derriba las elucubraciones y planteamientos de los políticos de turno, es decir, existe una ventaja notable en términos de beneficio entre las ganancias proporcionadas por la minería moderna y los menores rendimientos e ingresos que ofrece la fabricación de baterías.

10. La gestión de impactos sociales, ambientales y económicos del litio como parte de la Política Nacional del Litio (PNL). –

La explotación de litio genera desafíos en materia de sostenibilidad, y por ende de riesgos para los Estados, las empresas y la sociedad en general. Estos asuntos o desafíos pueden clasificarse de la siguiente manera:

a) Ambientales: se trata de desafíos acerca de la gestión del agua para consumo humano, animal y agrícola. Además de los desechos y relaves del proceso minero, como sus emisiones (material particulado, gases, etc.). Las empresas deben poder eliminar, reducir y mitigar estos impactos en aras de mantener un entorno ambiental sano y equilibrado. Adicionalmente se requiere mayor esfuerzo en la transición energética hacia fuentes sostenibles en la producción y transporte.

b) Sociales: se analizan los aspectos laborales (política, contratación y régimen de trabajo). Se toma en cuenta las cuestiones de género a fin de que haya igualdad de oportunidades. Lo social también comprende temas como el relacionamiento, negociación y acuerdos con comunidades, así como su eventual reasentamiento en condiciones favorables. La cultura local es parte de este ámbito, por lo que debe respetarse y preservarse.

c) Económicos: se abordan los beneficios que genera la actividad mediante la celebración de acuerdos temporales (uso de terreno superficial para exploración) o convenios marco para canalizar la atención de necesidades básicas a largo plazo. En este ámbito se aplican enfoques como el desarrollo territorial, responsabilidad social empresarial (RSE), valor compartido y filantropía. También se trata la creación de cadenas de valor a través de proveedores locales. En otras palabras, la rentabilidad social de la actividad.

d) Gobernanza: se refiere a la toma de decisiones vinculantes y la transparencia en la información relacionada con los proyectos mineros. En términos de gobernanza se requiere la divulgación efectiva de reportes de sostenibilidad y la riqueza generada por medio de mecanismos como el EITI (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, en español).

e) Derechos humanos: en materia de derechos humanos corresponde verificar el empleo de instrumentos de debida diligencia, el respeto de los derechos colectivos de pueblos indígenas, la realización de consultas, el establecimiento de mecanismos para la atención de quejas y reclamos, habilitación de procedimientos reparación, indicadores sobre afectaciones potenciales a los derechos humanos, diseño de políticas corporativas que incorporen dicho enfoque, etc.

11. El proyecto Falchani. –

El titular del proyecto es Macusani Yellowcake S.A.C, empresa minera dedicada a la exploración de litio y uranio, principalmente, formada a partir de capitales canadienses, cuyo accionista principal es American Lithium Corp. (cotiza en las Bolsas de Toronto, NYSE y Frankfurt (TSX-V: LI | OTCQB: LIACF | Frankfurt: 5LA1), y que también desarrolla un interesante proyecto en Nevada, EE. UU (Proyecto TLC, condado de Tonopah). Las actividades de exploración de la compañía se concentran en los distritos de Corani y Macusani de la provincia de Carabaya, Región de Puno.

El proyecto empezó en 2017 con el descubrimiento de importantes muestras de litio en la Comunidad Campesina de Chacaconiza (distrito de Corani), lo que posteriormente se convirtió en un yacimiento de clase mundial del que se podrían obtener 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio (Li2CO3) o carbonato de litio equivalente grado de batería (LCE). La pureza del mineral encontrado facilita enormemente su comercialización en el mercado, pues se obtienen valores entre 3 mil 500 a 4 mil ppm (partículas por millón), en comparación con depósitos vecinos como los de Chile o Argentina, donde los valores llegan a 600 u 1000 ppm, aproximadamente (Macusani Yellowcake, 2023).

Esto le confiere un gran potencial a ser desarrollado cuando se construya la mina y la planta de procesamiento. Se calcula que la inversión inicial (Capex) podría alcanzar los 580 millones de dólares y posiblemente se llegue a 800 millones de dólares tras realizar algunas modificaciones contempladas para incrementar la producción, que dentro de los primeros años se estima en 20 mil toneladas anuales hasta llegar a un ritmo de 50 a 75 mil toneladas métricas de carbonato de litio (Li2CO3) como producto principal (Macusani Yellowcake, 2023).

Tabla Nº — Recursos de litio del Proyecto Falchani

Por si fuera poco, también se encuentran subproductos del litio como el potasio (potash), con el que se pretende producir fertilizantes para atender la demanda nacional. Esto no solamente aseguraría el abastecimiento del mercado doméstico, sino que permitiría desarrollar una industria local en Puno capaz de generar rentas adicionales por exportación y cientos de empleos calificados, además de ofrecer fertilizantes a un precio asequible al campesinado nacional (Saldarriaga, El Comercio, 2023).

En la actualidad Macusani Yellowcake viene ejecutando un interesante plan de exploraciones en la Comunidad de Quelcaya que espera culminar a fines de 2023, zona contigua al Proyecto Falchani, y viene elaborando un EIA semidetallado que será presentado en el tercer trimestre de 2023 para convertir los recursos en reservas del referido proyecto, esto con la finalidad de determinar el volumen total del mineral.

Una vez concluido este programa se debe presentar un estudio de prefactibilidad y conseguir los respectivos permisos y autorizaciones de las distintas instituciones gubernamentales. A la par, la empresa viene fortaleciendo su relación con las comunidades locales poseedoras de los terrenos superficiarios sobre los que se superponen las concesiones en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, Región Puno.

11.1. Las ventajas del litio peruano. –

La principal diferencia entre el yacimiento encontrado en Perú y los que poseen los integrantes del Triángulo del Litio (Argentina, Chile y Bolivia) es que el primero se obtiene a partir de depósitos en roca (pegmatitas y mineralización asociada de estilo Greisen). Por el contrario, los segundos provienen de depósitos en salmuera (salares como el de Atacama, Uyuni, del Hombre Muerto, etc.). Actualmente, los depósitos en roca representan alrededor del 26% de los recursos globales de litio se encuentra dentro de rocas duras en 2022 (U.S. Geological Survey, 2023).

La ventaja del procesamiento de litio en roca es la reducción del tamaño del mineral, la utilización de la gravedad (medios densos), flotación por espuma, separación magnética y la segregación basada en sensores (Bowell, 2019). A nivel mundial, los recursos de Perú en la región de Puno ocuparían el sexto lugar entre los yacimientos de litio en roca (los primeros cinco se encuentran en Australia (Zuleta, 2019).

Entre las ventajas de esta clase de recurso con el litio extraído de salares se tienen las siguientes:

i) En términos de costos la ventaja es relativa, puesto que depende del químico que estemos hablando. Para salmuera el paso natural de cloruro de litio es a carbonato de litio. Luego a hidróxido, lo que involucra un paso adicional que se refleja en la estructura de costos (premium). El costo de producción de químicos de litio es más o menos similar, independiente se produzca Li2CO3 o LiOH. (Hofer, 2019)

ii) La ventaja en términos operacionales es absoluta, pues para producir concentrado de litio existe un mayor grado de certeza geológica asociada. Por el contrario, los salares no son homogéneos, ya que las concentraciones de litio varían incluso en distintos meses del año dependiendo de la precipitación, aridez del terreno, radiación solar, dirección de los vientos, etc. (Hofer, 2019).

iii) Otra ventaja del litio peruano es su alta calidad, pues el promedio de las muestras analizadas supera las 3,000 ppm (mil partículas por millón), arrojando valores de 99.87% de pureza, con lo cual la refinación adicional lo pone apto para utilizarlo en baterías como carbonato de litio grado batería equivalente (Li2CO3) (Macusani Yellowcake, 2023).

iv) Como país minero, el Perú facilita, en general, la realización de actividades extractivas. Su larga tradición, que data de tiempos precolombinos, y su dependencia de ingresos provenientes de las exportaciones mineras, básicamente de oro, cobre, zinc, plata, plomo y estaño generan un clima proclive para las inversiones en el sector. Además, a diferencia de otros países, su estabilidad macroeconómica, un marco legal favorable, bajo costo de energía, habilitación infraestructura pública (carreteras, puertos y aeropuertos) y mano de obra calificada, brindan las condiciones necesarias para su desarrollo.

v) El buen relacionamiento con las comunidades locales. Se trata de la aprobación o consentimiento de actividades mineras de exploración y explotación por parte de grupos de interés local, conformados esencialmente por comunidades y rondas campesinas, familias propietarias y posesionarios. Estos actores apuestan decididamente por la minería moderna como fuente de oportunidades de desarrollo.

La realización de labores de exploración se ha producido en virtud a convenios temporales en los que la población accede a puestos de trabajo formales, asistencia en materia educativa y sanitaria, construcción de infraestructuras básicas, programas de capacitación laboral, incentivos para la formación de emprendedores locales como futuros proveedores de la empresa, entre otros beneficios. Además, se informa regularmente sobre los alcances del proyecto, particularmente sobre asuntos ambientales para atender cualquier preocupación social.

12. Beneficios de la exploración y explotación del litio. –

La exploración de litio genera una serie de beneficios para la economía y a la vez reducidos impactos sociales y ambientales por no ser de naturaleza permanente ni alterar el paisaje, el curso o disposición de fuentes de agua ni perjudicar a la biodiversidad. Entre los beneficios se tienen los siguientes:

a) Generación de puestos de trabajo temporales y permanentes, tanto calificados como no calificados en la zona de operaciones.

b) Contratación de proveedores locales, regionales y a nivel nacional. Esto ayuda a dinamizar la economía y generar ingresos a los actores más vulnerables.

c) Realización de estudios ambientales y de líneas de base socioeconómica, instrumentos que actualizan la data local y permiten una mejor toma de decisiones a nivel del distrito, provincia o región.

d) Ingresos por la utilización del terreno superficial de grupos de interés local (comunidades y familias).

e) Atención de diversos asuntos en materia de salud, educación, alimentación, agricultura, ganadería, etc., mediante campañas asistenciales específicas o programas de desarrollo local.

f) Puesta en valor de territorios o zonas con aptitud minera, los cuales pueden convertirse en destino de inversiones de largo plazo.

g) Habilitación de accesos, vías y caminos y su respectivo mantenimiento, además de la construcción de obras de infraestructura como puentes, locales comunales, plazas, veredas, ambientes deportivos, almacenes, etc.

En cuanto a los beneficios producidos por la extracción o explotación de litio, y su posterior procesamiento o transformación en carbonato grado batería equivalente, se presentan los siguientes:

a) Ingresos por exportación de carbonato de litio grado batería (LCE): con una demanda global en aumento, la exportación de litio y sus derivados puede representar una fuente significativa de ingresos para el país. De esta se derivan el canon y las regalías.

b) Creación de empleos directos, indirectos e inducidos: la minería de litio puede generar cientos empleos directos (planilla de la empresa), indirectos en la cadena de valor (proveedores) a nivel nacionalm regional y distrital, indicidos en actividades económicas no asociadas que se benefician con el inicio de operaciones.

c) Diversificación económica y productiva: la economía peruana ya no solo dependería de las exportaciones tradicionales de cobre, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, etc., sino del litio para aumentar su oferta exportadora generadora de renta minera.

d) Atracción de capitales: al tener un marco normativo promotor, predecible y favorable se atraería más inversión extranjera directa para expandir las operaciones productivas y explorar en otras zonas y regiones donde existe potencial.

e) Desarrollo sustentable: por medio de prácticas responsables e inversiones sociales focalizadas en el área de influencia, es posible generar un modelo de desarrollo minero litífero que combine beneficios económicos con responsabilidad ambiental que llegue a reducir brechas socioeconómicas para lograr un incremento del bienestar general y la calidad de vida de la población local.

f) Desarrollo científico e industrial: se trata de la inyección de inversiones privadas para fomentar la investigación en centros técnicos y universitarios mediante alianzas estratégicas a fin de generar nuevos conocimientos, métodos y procedimientos que ayuden a elevar la calidad de educativa y permitan el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas o no al litio.

13. Conclusiones. –

Entre las conclusiones se presentan las siguientes:

I. La agenda a definir en el ámbito de la Política Nacional del Litio (PNL) debe considerar el papel que desempeñará el Estado en el desarrollo de la minería de litio y su eventual industrialización.

II. En esta investigación se considera que el Estado debe seguir siendo promotor y facilitador de la inversión minera, además de regulador, en vista de que el intervencionismo estatal ha ofrecido malas experiencias por corrupción, ineficiencia y pérdidas económicas. El intervencionismo (nacionalismo) desalienta la atracción de capitales y desvía recursos que servirían para reducir las enormes brechas socioeconómicas que presenta el país.

III. Una futura PNL debe definir los criterios, principios y elementos centrales de su gobernanza. De modo que de la orientación política dependerá poder aprovechar el potencial que puede generar la exploración y explotación del litio en zonas donde existen grandes necesidades socioeconómicas.

IV. La demora en la aprobación de solicitudes para realizar exploraciones sobre litio puede hacer perder la ventana de oportunidad que ofrece el mercado mundial en materia de cotizaciones del carbonato de litio grado batería.

V. La pretendida industrialización del litio debe sustentarse obligatoriamente en estudios económicos de mercado y factibilidad antes de adoptar cualquier decisión que implique la creación empresas nacionales para que el Estado participe en la exploración, explotación, la construcción de plantas de procesamiento y la eventual fabricación de baterías.

VI. La posibilidad de explotar litio y producir carbonato de litio grado batería (LCE) depende, entre otros factores, del mantenimiento de la seguridad jurídica, la estabilidad política y social, y la implementación de medidas razonables y simplificadas a nivel legislativo y administrativo que reduzcan la permisología innecesaria y agilicen los plazos de respuesta.

VII. No tiene sentido que el Estado se embarque en la construcción de una planta procesadora de litio cuando la empresa Macusani Yellowcake prevé instalar una refinería para procesar hasta 100 mil toneladas de carbonato de litio anuales al octavo año de operaciones, según su Gerente General, Ulises Solís (Rumbo Minero, 2023). Por lo que sería totalmente contraproducente, constitucionalmente hablando, que el Estado ingrese a competir en una actividad cubierta por el sector privado.

VIII.El desarrollo del litio, a través de una PNL promotora, razonable y consistente, ofrecería al Perú la posibilidad de ampliar de su oferta exportadora tradicional (minera), ya que los ingresos fiscales y por regalías no solo dependerían de los generados por la producción de cobre, oro, plata, zinc, plomo, molibdeno, estaño, etc., sino de otro mineral cuya cotización se encuentra en niveles récord en términos históricos, lo que incrementaría las exportaciones nacionales y mejoraría la balanza comercial.

IX. La formación de un cártel del litio (OPEP del litio) para fijar precios -a nivel regional- en el que el Perú participe, no es factible debido a diversos factores como el control, por parte de empresas privadas, de la exploración y explotación de litio, además de la diferencia de marcos normativos entre países sudamericanos: unos orientados a la participación preponderante del sector privado (Argentina y Perú) y otros inclinados a la nacionalización de la actividad (Bolivia y Chile), lo que no permite la unificación de criterios para constituir una asociación de esa naturaleza.

X. Es necesario mantener la estabilidad jurídica para afianzar la inversión, por lo que discusiones acerca la nacionalización del litio no ayudan a generar un clima propicio para ello. En tal sentido, las políticas adoptadas en otros países no necesariamente deben ser imitadas, sino observadas con la debida cautela, ya que algunas medidas pueden generar efectos indeseados los inicialmente pretendidos o buscados.

14. Recomendaciones. –

En lo concerniente a las recomendaciones concebidas durante el desarrollo de la presente investigación, se presentan las siguientes:

I. Para maximizar los impactos socioeconómicos que genere la minería de litio a partir de la etapa de explotación, se precisa de funcionarios y servidores públicos preparados para gestionar los ingresos generados por canon y regalías en los distritos, provincias y regiones, a fin de que sean eficazmente aprovechados. Esto resulta necesario para la correcta elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública en jurisdicciones litíferas.

II. Con el propósito de aumentar el interés de los inversionistas en el desarrollo de nuevas exploraciones de litio, urge realizar reformas que dinamicen el otorgamiento de permisos para explorar como la reducción o eliminación de trámites y requisitos administrativos innecesarios.

III. Se requiere mantener incentivos económicos o tributarios como la depreciación acelerada de activos, el beneficio a la reinversión de utilidades y la devolución o reintegro en el caso del Impuesto General a la Venta (IGV) para preservar la competitividad minera del país. En caso de que la política en torno al litio sea más ambiciosa, se puede considerar incentivos como la exención del Impuesto a la Renta (IR) por un determinado número de años, y después ir bajando o reduciendo gradualmente la tasa siempre que el beneficiario (empresa) cumpla con algunos objetivos o requisitos como contratar un porcentaje significativo mano de obra local calificada y no calificada, fomentar la investigación y desarrollo mediante alianzas con universidades locales, aumentar el nivel de calidad de vida de la población del área de influencia, entre otras que podrían adoptarse.

IV. Dado que la industrialización del litio es una tarea demasiado compleja y riesgosa (financieramente) para que sea asumida por el Estado, esta debiera recaer en manos privadas, pero mediante incentivos que faciliten el eventual desarrollo de investigaciones científicas, innovación y tecnologías. Esto pasa, necesariamente, por el establecimiento de asociaciones estratégicas entre empresas, universidades, centros de investigación y otros, a fin de elaborar una hoja de ruta que facilite la obtención de conocimientos aplicables para el desarrollo nacional.

V. Una manera de lograr lo anterior es incentivando la investigación científica en torno a los usos y potencialidades del mineral mediante la asignación de fondos concursables para investigadores, universidades y la creación de alianzas estratégicas entre el sector público y privado.

VI. Para que el Perú pueda convertirse en un importante actor en el marco de la transición energética, los poderes del Estado deben ayudar a destrabar administrativa, legislativa y socialmente diversos proyectos, tanto de litio como de cobre, ya que esto contribuiría a la viabilidad de los mismos e impulsaría las inversiones que necesita el país.

VII. Si bien el litio ha ganado relevancia en el escenario internacional (al ser uno de los metales base, junto con el níquel, cobalto, manganeso y grafito para la fabricación de baterías), su importancia no se encuentra bien dimensionada en círculos de poder y decisión nacionales.

Además, no existe mayor conocimiento o difusión sobre las características y potencialidades de este recurso entre la población, porque el marco de debate y discusión debiera ser el de la gestación de una política pública en el que participen representantes de gobierno (PCM, MEF, MINEM, MINAM, OEFA, INGEMMET, entre otras entidades), grupos parlamentarios, colegios profesionales (de ingenieros de minas, geología, metalurgia), universidades públicas y privadas, titulares de concesiones con recursos de litio, autoridades de gobiernos subnacionales y otros sectores interesados de la sociedad civil.

VIII. Al requerirse un alto grado de consenso para el desarrollo de proyectos de litio a nivel político, social y económico, debe considerarse la creación de espacios de diálogo inicialmente en el o los distritos donde se encuentre el mineral para tener en cuenta las opiniones de los residentes locales, compartir información oportuna, completa y relevante, y atender consultas u observaciones. Esto permitiría contar un mayor grado de certeza acerca de las percepciones locales para entender y atender necesidades, despejar dudas, aclarar conceptos y promover relaciones horizontales con todos los grupos de interés.

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Nombre del autor: César Daniel Reyna Ugarriza

Reseña profesional: Se desempeña como jefe de Relaciones Comunitarias, asesor, consultor, investigador multidisciplinario, columnista y expositor con formación en negociación intercultural entre comunidades locales y empresas extractivas (minería y petróleo), responsabilidad social, resolución de conflictos, Creación de valor compartido y desarrollo sostenible, con labores en instituciones públicas y privadas.