Capítulo III — Marco Teórico de la Informalidad.-
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Por César Reyna Ugarriza
La informalidad como fenómeno multidimensional, pero por sobre todas las cosas, cultural, ha intentado ser explicada por distintas ciencias como la economía, sociología, psicología social, antropología, historia, etc. La mayoría de las reflexiones o hipótesis se centraron en los aspectos económicos de la informalidad para esclarecer el origen de determinadas conductas o prácticas de los sectores populares o marginales en las ciudades. Pero nunca se la consideró estrictamente como un fenómeno cultural del cual derivan o emergen las interpretaciones más convincentes sobre su procedencia y naturaleza.
Se han ensayado diversas explicaciones económicas para revelar su aparición en la realidad, así como argumentos de raigambre jurídico o legal, razonamientos políticos y socioculturales, entre otros. En la mayoría de casos el surgimiento del sector informal bajo la disciplina económica, tanto en variante micro o como macro la analizó desde el plano productivo, empresarial, laboral y tributario básicamente. En ese campo surgieron las teorías más consistentes sobre el trabajo informal y el micro o pequeño emprendimiento en países emergentes o en vías de desarrollo.
Las aproximaciones teóricas más difundidas sobre la informalidad en el campo laboral son el enfoque dualista, el estructuralista y el jurídico o legalista, los que se convirtieron a la postre en los tres referentes teóricos o escuelas que explicaron esta problemática a lo largo del siglo XX. Posteriormente, con la llegada del nuevo milenio, apareció una cuarta línea de investigación, el denominado enfoque holístico que se caracteriza por enfatizar en la heterogeneidad del fenómeno de la informalidad y emplea las formulaciones generales de las teorías anteriores.
Ahora bien, por medio de una rigurosa revisión de los referidos enfoques, este ensayo formulará un sucinto análisis crítico de las principales causas de la informalidad laboral a partir de cada una de las corrientes teóricas estudiadas, presentando, finalmente, el corpus teórico de la Teoría General de la Informalidad (TGI) como último avance o desarrollo analítico en la materia en la que abordamos la naturaleza y complejidad del mercado o economía informal, así como sus respectivos elementos e interacciones.
Algunos conceptos clave: la informalidad
La informalidad como concepto presenta varias dificultades para ser definida. En la literatura revisada encontramos múltiples definiciones de la misma. Esto se debe a que puede expresarse a través de distintas actividades como la laboral, tributaria, productiva, empresarial, financiera, registral, entre otras. De ahí que a través de la Teoría General de la Informalidad (TGI) hayamos formulado una definición genérica de la informalidad como un fenómeno esencialmente cultural o sociocultural, antes que exclusivamente económico o legal.
Con respecto a los factores económicos y legales, por ejemplo, si bien promueven o incrementan el grado de informalidad en un país, estos son en realidad consecuencias más que sus propias causas o detonantes, ya que, tratándose del caso normativo, las leyes, reglamentos y procedimientos administrativos solo son expresiones de la cultura local de un país en un momento o periodo determinado. Dicho de otro modo, las reglas jurídicas son producto de un sistema de valores culturales de una determinada sociedad en momento dado, de modo lo que cualquier sociedad proscriba, incentive o valore se verá reflejado, en mayor o menor grado, en su cuerpo normativo o marco legal.
Aunque, desde luego, se podría argumentar contrario sensu; es decir, que culturas muy legalistas como la peruana -que pretende regular conductas y supuestos bajo leyes promulgadas por autoridades oficiales- serían muy estrictas al describir un gran número de conductas delictivas y sancionarlas con penas elevadas; pero esto, cabe precisar, solo se presenta en el papel toda vez que muchas actividades ilícitas no solo quedan sin castigo o sanción efectiva, sino que son realmente admitidas, toleradas o, peor aún, incentivadas por parte de la sociedad; y hasta cierto punto se han convertido en la norma, práctica o estándar habitual en las actuaciones de autoridades, empresas privadas y ciudadanos en general.
La legalidad, en conclusión, colisiona con la realidad social o sociocultural que impide su realización o eficacia jurídica, pues lo que buena y razonablemente pueda o intente promover no alcanza su materialización real. Esta situación calificaría de anómica en países como Perú, en el que el cumplimiento de la ley es laxo, relativo, poco probable o solo realizable en función de las circunstancias. Esto se debe esencialmente a la primacía de la cultura de la informalidad, ya que una de sus principales características es el relajamiento o ambivalencia de grupos o individuos frente al cumplimiento de la ley.
De otro lado, si el sistema legal peruano aparenta ser tan estricto en materia penal o administrativa -en el caso de la comisión de delitos, faltas, infracciones, etc.-; y, si exis-ten innumerables requisitos para autorizar la realización de actividades económicas, es porque los legisladores reconocen que los ciudadanos, sin importar su clase o posición socioeconómica son susceptibles de cometer ilícitos bajo distintas modalidades, en las que incluso innovan para evadir su cumplimiento y estar un paso adelante de las autoridades.
Asimismo, es sabido que los legisladores abruman con una serie de requisitos, documentos y trámites burocráticos –algunos poco claros o ni siquiera tipificados- asumiendo que los solicitantes de licencias, permisos o autorizaciones para iniciar un negocio pueden defraudar al fisco, sus proveedores, clientes y cualquier otro contratante. De ahí pues que surge la exigencia –aparentemente ilógica o irracional- de ciertas garantías y diversas responsabilidades a los gestores de negocios cuyo efecto inhibe la creación de nuevas sociedades comerciales formales y, por ende, de riqueza. Lo que pretendemos decir es que si las normas y procedimientos son tan complicados es por la previa identificación, por parte del legislador, de una cultura de la informalidad que tiende a fomentar la ilegalidad o ilicitud de determinas prácticas sociales, algunas de las cuales se encuentran muy difundidas o arraigadas como no declarar ingresos o rentas tributarias, contratar personal de manera irregular, operar negocios sin autorización, realizar actividades altamente rentables que impactan negativamente en el medio ambiente (como los casos de la minería, tala y pesca ilegal, por ejemplo), evadir la fiscalización de agentes municipales, entregar una coima para evitar el cierre o sanción de establecimientos comerciales, entre otras.
En otras palabras, lo que busca evitar el legislador es que un buen número de agentes, cuyo comportamiento o conducta no necesariamente se ajustaría a pautas mínimas o elementales, realice actividades económicas en el mercado formal, sobre todo bajo el ropaje o cobertura empresarial, que existe la posibilidad de que defraude a terceros mediante su accionar. Este razonamiento de las autoridades se funda, principalmente, en la falta de confianza entre ciudadanos, entre estos y el Estado, y viceversa. La falta de capital social o relacional impide tener o contar con requisitos simples para autorizar actividades empresariales de diversa índole bajo declaración jurada, por ejemplo, como ocurre en países desarrollados donde la confianza no presenta déficit sino superávit. La desconfianza en el accionar del otro es recíproca, de ahí que las normas y procedimientos sean más exigentes, engorrosas, interminables, etc. Ello solo eleva los costos de transacción porque se requiere asesoría legal, tributaria y de otros tipos para sortear la maraña burocrática.
En cuanto a la economía laboral que investiga el surgimiento del empleo informal, cabe precisar que para explicar su aparición se han ensayado las siguientes razones: factores o elementos de exclusión social de grupos poblacionales, falta de desarrollo de capital humano en los sectores socioeconómicos pobres (escasa educación)[1], mer-cado laboral constreñido o limitado a un tamaño determinado, ausencia de competitividad y productividad empresarial y laboral; excesiva legalidad que reduce la creación de nuevos negocios (alto costo para formalizarse), desconocimiento del marco legal (falta de orientación o asesoramiento, muchas veces incapaz de ser costeado por el emprendedor), entre otras.
Ahora bien, las explicaciones hasta aquí presentadas parecen razonables al encontrar cierta evidencia que las respalda; sin embargo, existen también fundamentaciones de otra índole que complementan, aclaran, delimitan o, inclusive, sustituyen a las esboza-das por la literatura especializada sobre la materia. Así, tenemos a los factores socioculturales ya que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017 del INEI revela que aquellos pequeños o micro empresarios que no inscriben sus unidades productivas en la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) lo hacen porque consideran innecesario registrar sus actividades económicas (48,5%). La siguiente razón era que el tamaño de su negocio es pequeño (33,7%), y en tercer lugar los encuestados manifestaron que su trabajo es eventual (12,2%) y por ello no merece seguir el trámite. Esto parece contradecir lo planteado por De Soto en El otro sendero ya que solamente el 0,7% señaló que omitía el registro por la complejidad de los trámites burocráticos. Esta mirada, distinta a la considerada por amplios sectores de la academia, el empresariado y el Estado pone de relieve a la cultura como factor determinante de la informalidad que afecta al país.
Bajo nuestra posición la informalidad de las actividades productivas goza de enorme legitimidad por ser fiel reflejo de la forma o manera de ser de muchos individuos. De modo que el argumento de la sobrerregulación en el mercado del trabajo no sería válido o no justificaría por si solo la existencia de altas tasas de informalidad laboral en Perú y gran parte de Latinoamérica. A la luz de los resultados, casi la mitad considera innecesario vincularse con el Estado (48.5%) pero no por razones económicas y/o legales, sino por resultar ajeno a su modo de vida o reproducción social.
En ese orden de ideas, el componente cultural explicaría que un grueso de la Población Económicamente Activa (PEA) prefiere emprender u operar en la informalidad por un sentido de pertenencia con sus visiones sobre cómo es o debe ser la realidad. Al concebir un mundo bajo sus propias reglas y valores, en el que crecieron y aprendieron a so-brevivir mediante el apoyo el familiar y algunas redes de solidaridad local (comedores populares, por ejemplo), siempre al margen de la acción del Estado (ausente o incapaz de generar desarrollo), consideran natural o inherente que toda su actividad produc-tiva se desarrolle de la misma manera, es decir, prescindiendo en todo sentido del control o regulación de la autoridad que poco o nada ha hecho por mejorar sus condiciones de vida.
Retornando al concepto de informalidad laboral, este fue empleado por primera vez en el año 1972 al ser consignado en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el mercado laboral de Kenia. En ese documento se describió al sector informal urbano y se utilizó ese término para referirse al gran número de auto-empleados dedicados a ventas callejeras y los que laboraban en talleres domiciliarios (Gerxhani, 2004)[2]. Desde la acuñación del concepto, se identificaron a tres corrientes teóricas principales que trataron de explicar los orígenes de la informalidad laboral.
En primer lugar sobresale la aproximación teórica dualista sobre las causas del sector informal en ciudades[3]. Durante la década del ochenta, aparecieron una variedad de estudios que constituyeron el enfoque estructuralista, a la par se desarrolló el enfoque legalista, considerado como una tercera corriente de investigación, inaugurada en su momento por el economista peruano Hernando De Soto. De esta última línea surgió el fundamento del escape plasmado posteriormente en investigaciones del Banco Mundial (BM).
A partir de la década de los noventa distintas investigaciones encontraron evidencia factual acerca de la heterogeneidad y multidimensionalidad del fenómeno de la informalidad, cuya naturaleza conceptual fue transformándose a lo largo del tiempo. Una serie de estudios difundidos durante este nuevo milenio destacaron la validez de los antecedentes o formulaciones teóricas al momento de explicar diferentes componentes del fenómeno, dando lugar a una nueva corriente denominada como enfoque holístico o de informalidad laboral en mercados multisegmentados (Chen, 2012)[4].
A continuación, se presentan los primeros desarrollos académicos sobre la materia, para luego exponer en la parte final del presente capítulo la Teoría General de la Informalidad (TGI) como último avance y explicación principal del fenómeno en cuestión.
Enfoques teóricos de investigación tradicionales: a) el enfoque dualista; b) las explicaciones estructuralistas, c) el modelo legalista y d) el método holístico
A) El enfoque dualista.-
Se denomina a este enfoque dualista porque considera que en las urbes latino-americanas coexiste un sector laboral moderno –tecnificado- que ofrece empleos de calidad y a la vez otro que concentra actividades que absorben las labores de individuos no calificados que actúan en los márgenes del sistema legal. Esta problemática fue producto de las migraciones internas que experimentaron diversos países de la región a mediados del siglo XX, las que estuvieron asociadas al crecimiento de grandes bolsones de pobreza en las ciudades, exhibiendo de ese modo un problema antes ignorado y proveniente de las zonas rurales, lo que a su vez generó un amplio debate académico sobre la marginalidad en las sociedades latinoamericanas.
Es en el seno de la OIT, por medio del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), es que se dio lugar a la línea de investigación sobre el Sector Informal Urbano (SIU) ya que tomó interés en el análisis de los trabajadores autoempleados. Se postuló por entonces que dicho grupo poblacional, en su mayoría migrantes del campo, no accedían a empleos formales en los sectores vanguardistas de las economías latinas, por lo que debían realizar distintas tareas marginales y escasamente productivas en las ciudades para conseguir ingresos por debajo del mínimo -de subsistencia- y así evitar la indigencia (Neffa, 2008)[5].
Para los investigadores del PREALC, la SIU se definía como aquel “grupo de empresas y/o personas ocupadas en actividades no organizadas (tanto en términos legales como capitalistas), que emplean procesos tecnológicos sencillos y que además están insertadas en mercados competitivos” (Tokman y Souza, 1976). En el caso de los trabajadores autoempleados, el PREALC los consideraba como informales al ocuparse por cuenta propia y no ser calificados de profesionales, estos comprendían a los trabajadores familiares no remunerados, a los propietarios y asalariados en microempresas de hasta cinco trabajadores y a los que prestaban servicios domésticos (PREALC, 1976)[6].
Se definió por aquel entonces a las pequeñas unidades productivas informales en función a una serie de características y su particular forma de producir. Así, la OIT estimaba que dichas empresas formaban parte del SIU si se ajustaban a tres requisitos, a saber: i) el encubrimiento o solapamiento entre el capital y el trabajo; ii) la inserción en mercados de competitivos; iii) y el incumplimiento de normativas o regulaciones laborales (Lipton, 1984)[7].
En lo que respecta a la calificación de la mano de obra informal, Tokman (1982)[8] revela que destacaba por su limitada capacidad (no profesional), la inexistencia de relaciones salariales, la proliferación de actividades de sustento unipersonales y de trabajo familiar no remunerado. En relación a los mercados en los que opera, se señalaba la elevada competencia en las calles, mínimas barreras de entrada, la falta de regulación de instituciones públicas, el control de la fabricación y comercialización de bienes de consumo final, las disputas con otros actores como competidores o autoridades municipales por el uso indebido del espacio público, así como el incumplimiento extendido de las normativas y del pago de impuestos (Souza y Tokman, 1995)[9].
Sobre los medios de producción, los funcionarios del PREALC destacaban el empleo de tecnología tradicional, la escasa o inexistente división técnica del trabajo dentro de la propia unidad productiva, la poca inversión de capital, la intensiva utilización de mano de obra poco calificada, el reducido volumen de producción, así como la imposibilidad de distinguir entre los bienes de capital de la familia propietaria con los pertenecientes a la unidad productiva (Pok y Lorenzetti 2007)[10]. Para el PREALC prevalecía una clase de microempresa familiar cuya pauta de funcionamiento no obedecía a la maximización de beneficios económicos, sino a la lógica de obtener suficientes ingresos para lograr la subsistencia, sobre todo por la falta de oportunidades para acceder a empleos en mejores condiciones laborales (Beccaria y Groisman, 2015)[11].
Entre las causas que motivaban la existencia de la informalidad laboral, los investigadores del PREALC resaltaban que el sector más moderno o formal no ofrecía suficientes puestos de trabajo para los migrantes de zonas rurales en el caso de las economías latinoamericanas (Gallart, 2007)[12]. La explicación era que en los países latinoamericanos el sector moderno de las economía era incapaz de generar suficientes excedentes económicos, además mencionaron el limitado tamaño del mercado interno, la forma (inequitativa) de distribuir los beneficios del avance tecnológico, la (falta) de adopción de tecnologías capital intensivas y la naturaleza transnacional de la industrialización (Tokman y Souza, 1976)[13]. Bajo esa visión, el PREALC considera al sector informal de la economía como inferior dentro de la estructura productiva de las naciones latinoamericanas (Pérez Sainz, 1998)[14].
Asimismo, Cortés (2002)[15] refiere que el principal fundamento en la orientación del PREALC se centraba en la variable del crecimiento demográfico y la dinámica migratoria. Sabiendo de antemano que en los países en vías de desarrollo prácticamente no existía seguro de desempleo y había un limitado sistema de protección social, los trabajadores -no calificados o poco calificados- tuvieron que agenciarse empleos, sea produciendo o comercializando mercaderías por su cuenta, con el único motivo de obtener ingresos para su alcanzar la subsistencia (Tokman, 2001b)[16].
En ese sentido, los trabajos no asalariados del sector informal urbano eran común-mente entendidos como una fuente de ingresos para los migrantes del campo que no conseguían trabajo en los sectores formales de la economía, evitando así la indigencia (OIT, 1972)[17]. Por ello, consideraban positivamente el rol del mercado informal al constituirse como una alternativa frente a la desocupación para muchos ciudadanos. A su vez, para esta vertiente de pensamiento, el mercado informal de trabajo presentaba un comportamiento opuesto al del ciclo económico, pues asumían que el crecimiento económico producía más oportunidades de trabajo en el sector formal (PREALC, 1976)[18].
Durante la década del setenta, la OIT reafirmaba la necesidad de estimular el desarrollo de las actividades económicas del sector informal urbano como un elemento indispensable para luchar contra la pobreza urbana (OIT, 1972)[19]. En efecto, los representantes del enfoque dualista proponían la implementación de diversas políticas de desarrollo socioeconómico, desde microcréditos hasta subsidios focalizados para promover su formalización, con la intención de promover el crecimiento y la modernización de las unidades empresariales informales (Tokman y Souza, 1976)[20]. También postulaban la imperiosa necesidad de incentivar la inversión en el sector moderno de la economía para absorber a un mayor número de trabajadores (Candia, 2003)[21]. Finalmente, el análisis y las recomendaciones del PREALC constituyeron la posición oficial de la OIT respecto al tema durante las décadas posteriores (Beccaria et al.1999)[22].
B) Los postulados estructuralistas.-
La posición estructuralista sobre los orígenes de la informalidad en el trabajo apareció en la región durante la década de los ochenta. Las primeras bases de este enfoque, según Fernández Massi (2015)[23], se encuentran en los trabajos de algunos teóricos neomarxistas que, durante la década anterior, cuestionaron el modelo dual planteado por la OIT, proponiendo, en cambio, una nueva corriente o línea metodológica basada en el análisis estructural del sistema económico capitalista. Entre estos destaca, Moser (1978)[24], quien estudia las vinculaciones entre las empresas familiares informales de escasa producción y las compañías capitalistas del sector moderno de una economía, caracterizadas, principalmente, por producción en gran escala. Por su parte, otros autores como Le Brum y Gerry (1975)[25] resaltan que la dependencia de los productores informales (más pequeños) con respecto al gran capital (sector formal) es la causa determinante de los reducidos salarios de sus trabajadores, entre otras condiciones desfavorables para estos.
En síntesis, los teóricos neomarxistas del enfoque estructuralista se centraron en analizar la subordinación de los pequeños comercios familiares del sector informal para con las mayores empresas capitalistas de la economía moderna, a quienes consideraban responsables del rumbo de la producción nacional (Beccaria et al., 1999;)[26]. En contraposición del modelo dual, estos autores reorientan la atención del análisis estructuralista desde de la unidad económica familiar pasar a abordar las particularidades de la relación de trabajo.
En ese orden de ideas, Portes (1989)[27] conceptualiza el problema (de la informalidad) como un engranaje más de la economía moderna y no como un sector marginal o subdesarrollado. En otras palabras, como una forma de utilización del factor trabajo identificado por la carencia de un nexo contractual formalmente hablando. Por ello, estos teóricos rechazaban la noción de informalidad manejada por el PREALC, centrada en el modo de producir para hacer hincapié en qué normas se empleaban o no en las relaciones de trabajo (Neffa et al., 2010)[28]. Esta noción de informalidad asignaba al Estado un rol fundamental y se manifestaba por medio del examen de la protección social laboral como indicativo de formalidad (Portes, 1989)[29].
Según Castells y Portes (1989)[30], los problemas de los países capitalistas a partir de la década del 1970 originaron el regreso a relaciones de producción de explotación y sin supervisión, aunque bajo un nuevo contexto, ya que los Estados tenían el deber de regular las actividades de generación de ingresos a través de la aplicación de las leyes. Para esta escuela de pensamiento, las prácticas comerciales informales no eran valoradas como un remanente de formas de fabricación precapitalistas ni se restringían a segmentos tradicionales y subdesarrollados, sino que conformaban un fenómeno propio a la totalidad del sistema capitalista moderno no solo de las economías de la periferia, como se asumía hasta ese momento (Pok y Lorenzetti, 2007)[31].
Los teóricos estructuralistas mencionaban como las principales causas del fenómeno el desarrollo de la descentralización económica ligada a la globalización y a los cambios profundos en la división del trabajo a nivel global, sobre los que las compañías pretendían flexibilizar para aumentar la eficiencia de su producción para maximizar beneficios (Bertranou y Casanova, 2013)[32].
En ese sentido, Castells y Portes (1989)[33] señalan que al subcontratar personas y empresas por medio de contrataciones informales se facilita a las firmas reducir costos de producción, así como evadir los pagos a la seguridad social y las remune-raciones fijadas en los convenios colectivos con la finalidad de incrementar su rentabilidad y competitividad en un entorno de competencia cada vez más aguda.
Al referirse a las industrias intensivas en mano de obra, estos autores afirmaban que las formas irregulares de contratación laboral se consideraban como la regla, generadas fundamentalmente por el incremento de la competencia global relacionada al boom de algunos países asiáticos en circunstancias de desarrollo de las Cadenas Mundiales de Valor, como se las denominaría posteriormente (Portes, 1989)[34]. El proceso funcionaba a través de una inclinación por la adopción de bajos costos de mano de obra, en particular en bienes manufacturados de consumo masivo, que conducía a los fabricantes nacionales a la bancarrota o a disminuir costos laborales al orientarse hacia la informalidad (Fernández-Kelly y García, 1989)[35].
Ahora bien, la valoración sobre las causas de la informalidad laboral de los estructuralistas no se limitaba a la estrategia de reducir costos laborales y flexibilizar la producción en el caso de las empresas formales, sino que consideran una serie de factores adicionales. Así, Portes y Benton (1987)[36] mencionan que la cantidad de fuerza de trabajo disponible y el debilitamiento paulatino de los sindicatos mantie-nen ese tipo de patrones informales.
Los teóricos estructuralistas rompieron con el consenso preconizado de la OIT y de la CEPAL acerca de que la existencia de la informalidad laboral se debe a la incapacidad del sector formal (moderno) de las economías regionales de absorber al univer-so de los trabajadores en el mercado (Fernández Massi, 2015)[37]. Estos demostra-ron, en efecto, que el grado de incorporación de mano de obra por parte del sector formal (capitalista) de los países latinoamericanos era superior si se reparaba en los modos de contratación informal (Portes, 1989)[38]. Otro de sus aportes fue sumar dentro del estudio del fenómeno no solamente a los empleados informales que eran contratados de manera directa por la empresa matriz, sino también a los trabajadores subcontratados por medio de unidades informales a las que las firmas del sector formal tercerizaban determinadas funciones (Portes y Haller, 2004)[39].
Un carácter adicional destacado por los estructuralistas fue el rechazo de la idea de que el crecimiento económico generara la disminución de la magnitud del sector informal, esto debido que era concebido como un resultado de la propia evolución del capitalismo (OIT y OMC, 2009)[40]. En síntesis, los estructuralistas resaltaban la dinámica procíclica del sector informal en tanto instrumento promotor del despegue del sector moderno (formal) en periodos de crecimiento económico, en tanto que en etapas de declive era previsible aguardar la reducción de ambos (Busso, 2005)[41].
Posteriormente se produjo un diálogo interesante entre investigadores de esta escuela de pensamiento y del PREALC[42], lo que mejoró el entendimiento del tema. Producto de ese intercambio, Portes (1995)[43] entregó una novedosa categorización de labores informales identificando tres grupos, a saber: i) economía informal de supervivencia de un trabajador o familia que produce o comercializa bienes y servicios (en el caso de los ambulantes); ii) economía informal subordinada (explotación dependiente), dirigida a facilitar la producción y reducir costos de las compañías formales por medio de la subcontratación de pequeñas unidades informales; iii) economía informal de crecimiento, conformada por pequeñas empresas que pretenden reunir capital a mediante mayor flexibilidad y costos reducidos (por ejemplo, asociaciones de microempresarios artesanales) (Portes y Haller, 2004)[44].
C) El modelo legalista.-
A mediados de los ochenta apareció otra escuela que ofreció una nueva explicación sobre el surgimiento del sector de la informalidad empresarial y del trabajo en países latinoamericanos. Se trató de la aproximación iniciada por De Soto. Esta escuela pone énfasis en el estudio del ordenamiento jurídico al momento de dilucidar el asunto. De Soto es coautor de “El Otro Sendero: la Revolución Invisible en el Tercer Mundo” en el que dio cuenta de la informalidad en el comercio, el transporte y el acceso a la tierra y la vivienda.
De Soto define como informales al conjunto de empresas, individuos y actividades que se encuentran al margen de los ámbitos normativos que regulan las actividades económicas. Estos podían incumplir en forma total o parcial algún dispositivo legal (Bromley, 1998)[45]. Por lo general formar parte del sector informal implica no pagar impuestos ni asumir el costo de cumplir con las regulaciones, a la vez de no disfrutar de la seguridad que el Estado debe brindar en materia de servicios.
Bajo el esquema de De Soto se considera que la informalidad es una condición atribuida a hechos, operaciones y actividades, más que un rasgo característico de identidad de los grupos o personas. Así, pues, se trata de una categoría que realizan las empresas que, con fines lícitos, operan en los márgenes o sombras del ámbito legal. Este es un sector difícil de dimensionar al ser eminentemente dinámico. Si las personas deciden actuar informalmente es porque ser formal tiene un costo, y ese costo, el de la legalidad, no puede ser asumido por todos. Para De Soto los informales realizan un análisis costo/beneficio -apelan a su racionalidad de homo economicus- para determinar cuándo conviene serlo. En ese sentido, si los costos de observar las normas superan a los beneficios, pues el incentivo para ser informal resulta o es muy claro (De Soto, 1986)[46].
El planteamiento guarda relación con la postura estructural en lo que dimensionar la informalidad se refiere (como incumplimiento del sistema regulatorio) y en emplear como elemento de análisis la relación laboral. Empero, difería en las causas de la informalidad laboral al señalar que la informalidad era la respuesta de los agentes a la imposición de la maraña normativa estatal. Por ende, De Soto (1986)[47] sostiene en que cumplir con las regulaciones produce costos en materia de tiempo y dinero, los que muchas veces superan a los beneficios de cumplir con la legalidad.
Para De Soto, la fuente primordial de la informalidad en las urbes radicaba en las normas complicadas ya que solo excluían a los agentes más vulnerables (De Soto, 1986)[48]. Por tanto, los migrantes del campo que arribaban a las ciudades chocaban con un orden legal tan complicado y oneroso que los obligaba a inventar fuentes de trabajo informales, algunas de estas margen de la ley (Cortés, 2002)[49]. En “El Otro Sendero”, los colaboradores de De Soto en el ILD calcularon los costos de registrar un taller de costura en Lima, cuyo resultado arrojó la suma de U$S 1.231 en un tiempo de 289 días. El monto refleja los costos del trámite y lucro cesante por el tiempo invertido a ello (De Soto, 1986)[50].
Para este autor, la informalidad era la reacción natural de los grupos menos favorecidos frente a un sistema -económico y legal- que los obligaba a mantenerse fuera del mercado formal y la ley. Las raíces del pensamiento de De Soto pueden encontrarse en el trabajo original de Hart (1973)[51], quien entendía al sector informal como una expresión del dinamismo emprendedor de la población. El modelo legalista reconocía en los sectores populares un impulso empresarial, semejante al de los innovadores que identificó Schumpeter en su obra Socialismo, Capitalismo y Democracia de 1942.
De esta manera, para De Soto los emprendimientos informales representaban el ascenso de las fuerzas vibrantes del mercado en una economía maniatada por las regulaciones del Estado. Esta escuela destacaba al sector informal y lo calificaba como una válvula de escape para aquellos que debían sortear la pobreza. Al ofrecer una fuente de ingresos, aun cuando no fuera regular o estable, el sector informal de la economía desempeñaba un rol esencial en la contención de la gran problemática social en la mayoría de países latinoamericanos.
Para superar estas dificultades, este modelo planteaba rebajar impuestos y reducir el tamaño de la burocracia gubernamental con el propósito de aminorar los requisitos, costos y condiciones que debían observar las pequeñas y micro empresas para constituirse legalmente. En lo que concierne propiamente al ámbito laboral, De Soto estimaba imprescindible simplificar la incorporación y el cese de empleados (De Soto, 1986)[52].
En resumen, su trabajo propone una serie de condicionantes que ejercen influencia sobre las acciones del emprendedor, desde la imposibilidad de afianzar su negocio debido a trabas de orden institucional (tiempo, regulaciones y requisitos a cumplir, excesiva carga impositiva, entre otras razones), que conducen inexorablemente a un emprendimiento de tipo informal. Hacia fines del siglo XX se popularizaron definiciones, explicaciones y recetas sobre la ocupación informal, todas bajo un denominador común: una causa legal y una fundamentación económica.
Tiempo después, las ideas de De Soto derivaron o ayudaron en la formación de la visión del escape (o también llamada voluntaria o de la opción), a través de la cual Perry et al (2007)[53], trataron de determinar “la razón de ser” de las causas de la informalidad laboral en Latinoamérica por medio de dos categorías: por exclusión y escape. Si bien no son los únicos casos, los investigadores del Banco Mundial (BM) las consideraron como modalidades predominantes, y, en función de estas, determinaron su participación en la informalidad en diferentes países de la región.
La exclusión, por parte de los trabajadores informales, se entiende como la sustracción -de las garantías legales- y beneficios -en materia de servicios- del Estado y de los ámbitos de la economía formal, mientras el escape hace referencia al análisis individual de costo/beneficio de permanecer o no en la esfera de la informalidad. En entornos de privación –exclusión- generada por las limitaciones del mercado la-boral y la escasa calificación de una gran masa de trabajadores, los sujetos permanecen al margen de las oportunidades de trabajo formal. Los informales de decisión propia o voluntarios, por su parte, eligen esta alternativa porque tras un análisis de costo/beneficio infieren las ganancias que reserva la informalidad, las cuales son de tipo dinerario y no dinerario. En las no dinerarias resalta la flexibilidad en la administración del tiempo[54].
Además de las influencias de De Soto, los exponentes de la visión del escape reto-maron los aportes de Fields (1990)[55], uno de los precursores en identificar la diversidad dentro del propio sector informal, conformado por un grupo inferior de trabajadores sin barreras de acceso y por una capa superior de empleados informales, para quienes es preferible optar al mismo empleo pero en dentro del sector formal para disfrutar de un ingreso o salario más amplio (Kucera y Roncolato, 2008)[56].
Finalmente, Chen (2012)[57] subraya que la corriente del escape y el enfoque legalista difieren en los objetivos del análisis: mientras la primera presta atención a la decisión de evitar reglas y tributos, la segunda se centra en la complejidad de los trámites de registro o constitución legal de las empresas. Sin embargo, dado que las dos se focalizan en los emprendedores informales y su determinación de cumplir los requerimientos de la formalidad, Chacaltana et al. (2018)[58] entiende a la visión del escape como una variante ubicada dentro del enfoque legalista.
D) El método holístico.-
Una cuarta orientación teórica se encuentra conformada por el método holístico o también llamado informalidad laboral multisegmentada, la cual sostiene, particular-mente, que las teorías precedentes no han podido explicar cabalmente el problema de la informalidad laboral, sin embargo, han coadyuvado en menor o mayor grado a com-prender las distintas causas que generan la informalidad en el sector laboral. Actual-mente, las corrientes las explicaciones únicas o exclusivas sobres las causas del fenó-meno han sido dejadas de lado por aquellos desarrollos o postulados que reconocen la heterogeneidad y complejidad de la problemática abordada, además ponen de manifiesto que los distintos enfoques pueden complementarse al momento de estudiar distintos aspectos del problema.
Para Chen (2012)[59], las causas del conjunto de las ocupaciones informales también obedecen a factores socioculturales (de género) ya que existen diversas clases de trabajo realizados casi exclusivamente por mujeres en el sector informal. Por ello, muchas mujeres no suelen percibir salarios en el caso del trabajo doméstico, o si se trata de algún emprendimiento familiar dirigido por un hombre. Esto genera condiciones desiguales y brechas de ingreso, así como dependencia significativa. Las normas no escritas de las tradiciones tienen un rol fundamental al momento de explicar por qué se presentan y reproducen este tipo de prácticas o situaciones en las que los papeles que desempeñan uno y otro son tan marcados.
Por su parte, Gagnon (2008)[60] señala que este enfoque destaca la existencia de transiciones constantes entre los trabajadores de los distintos grupos o segmentos -esto depende de las condiciones individuales (capital social y humano) y de las barreras de acceso a cada segmento. Asimismo, el enfoque holístico realza las características del entorno institucional (tributos, reglas laborales y comerciales) al momento de valorar la importancia y la orientación de los desplazamientos de trabajadores entre los distintos segmentos (OIT y OMC, 2009)[61]. Varias investigaciones sostienen que las particularidades del mercado (dinamismo macroeconómico, tendencia de la demanda, apertura comercial, tipo de cambio real) y las características de las compañías (tamaño, tipo de actividad, eslabonamiento productivo, localización geográfica) determinan el número de mano de obra demanda en cada uno de los sectores (Gagnon, 2008; OIT y OMC, 2009).
Una última orientación dentro del enfoque holístico corresponde al trabajo de Kanbur (2009)[62], que concentra su interés en las regulaciones laborales establecidas por el Estado y su capacidad para supervisar el cumplimiento de las mismas (o enforcement, en inglés), identificando cuatro situaciones que van desde el cumplimiento hasta la inaplicación de la regulación por gobiernos, empresas u otros agentes privados.
Notas:
[1] Según el INEI, las personas con mayor participación en el sector informal son aquellas que cuentan con un menor nivel educativo. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017.
[2] Gerxhani, Klarita. (2004). The informal sector in developed and less developed countries: a literature survey. Public choice, 120(3–4), 267–300.
[3] Sustentado en los desarrollos del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT.
[4] Chen, Martha Alter (2012). The informal economy: Definitions, theories and policies. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) Working Paper (1).
[5] Neffa, J. C. (2008). La informalidad, la precariedad laboral y el empleo no registrado en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
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[18] PREALC (1976). Ibid.
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[20] Tokman, V. y Souza, Ibid.
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[50] De Soto, H. (1986). Ibid.
[51] Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. The Journal of Modern African Studies, 11(1), 61–89.
[52] De Soto, H. (1986). Ibid.
[53] Informe del Banco Mundial Informalidad: Escape y exclusión de Perry et al. (2007)
[54] En la determinación de mantenerse en la formalidad o no, participan diversos elementos como la cobertura de los beneficios de la seguridad social y la capacidad del Estado para controlar, fiscalizar y hacer cumplir las normas (Banco Mundial, 2007).
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[59] Chen, Martha Alter (2012). Ibid.
[60] Gagnon, J. (2008). Moving out of bad jobs — More mobility, more opportunity. En: J. Jütting; J. R. de la Iglesia (eds.), Is informal normal? Towards more and better jobs in developing countries (pp. 115–142). París: OECD.
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[62] Kanbur, R. (2009). Conceptualizing Informality: Regulation and Enforcement. Indian Journal of Labour Economics. Discussion Paper (4186).
