Factores de riesgo político, económico y social que pueden afectar el desarrollo de proyectos mineros y las inversiones en el sector extractivo: ¿qué pueden hacer las empresas ante situaciones de crisis social y aguda tensión política? (primera parte)
ABSTRACT
This paper examines the risk factors faced by mining companies operating in emerging and developing countries, considering both micro (company-specific) and macro (environmental) aspects. Various micro risk factors are identified and described, such as the presence of informal mining, relationships with local communities, the influence of unscrupulous advisors, the prevalence of agricultural and livestock activities, anti-mining NGO activities, extractive history, the degree of organization of local actors, public resource management, the social conflict index, breach of agreements, pollution and accidents, labor demand, local supplier contracting, and the presence of informal or illegal mining.
Regarding macro risk factors, institutional weakness, poverty, and inequality, poor natural resource governance, infrastructure deficiencies, and natural disaster management are highlighted, alongside global factors such as climate change, geopolitics, and transnational crime. The impact of these risk factors on profitability, business growth prospects, and the overall sustainability and viability of mining operations is analyzed.
Additionally, strategies are proposed to address these risks, emphasizing the importance of multi-stakeholder dialogue, transparency, and effective management of social and environmental impacts. In summary, the need to manage these risks comprehensively is emphasized to ensure the long-term sustainability and success of mining operations.
Keywords: mining, informal mining, illegal mining, political risks, social risks, economic factors, community relations, social management, social responsibility, emerging countries, micro factors, macro factors, global risk, institutional weakness, political instability, poverty, inequality, breach of agreements, natural resource governance, infrastructure, natural disasters, climate change, geopolitics, transnational crime.
RESUMEN
El presente trabajo analiza los factores de riesgo que enfrentan las empresas mineras que operan en países emergentes y en desarrollo, considerando tanto los aspectos micro (propios de cada empresa) como macro (del entorno en el que operan). Se identifican y describen diversos factores de riesgo micro, como la presencia de minería informal, la relación con las comunidades locales, la presencia de asesores inescrupulosos, la prevalencia de actividades agrícolas y ganaderas, las actividades de las ONG antimineras, el historial de actividades extractivas, el grado de organización de los actores locales, la gestión de los recursos públicos, el índice de conflicto social, el incumplimiento de acuerdos, la contaminación y los accidentes, la demanda laboral y la contratación de proveedores locales, y la presencia de minería informal o ilegal.
En cuanto a los factores de riesgo macro, se destacan la debilidad institucional, la pobreza y la desigualdad, la deficiente gobernanza de los recursos naturales, las deficiencias de infraestructura y la gestión de desastres naturales, y los factores globales como el cambio climático, la geopolítica y la delincuencia transnacional. Se analiza el impacto de estos factores de riesgo en la rentabilidad, las perspectivas de crecimiento del negocio y la sostenibilidad y viabilidad general de las operaciones mineras.
Adicionalmente se proponen estrategias para abordar estos riesgos, enfatizando la importancia del diálogo multiactor, la transparencia y la gestión efectiva de los impactos sociales y ambientales. En síntesis, se destaca la necesidad de gestionar estos riesgos de manera integral para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las operaciones mineras.
Palabras clave: minería, minería informal, minería ilegal, riesgos políticos, riesgos sociales, factores económicos, relaciones comunitarias, gestión social, responsabilidad social, países emergentes, factores micro, factores macro, riesgo global, debilidad institucional, inestabilidad política, pobreza, desigualdad, incumplimiento de acuerdos, gobernanza de recursos naturales, infraestructura, desastres naturales, cambio climático, geopolítica, delincuencia transnacional.
Por César Reyna Ugarriza, consultor en temas políticos, económicos y sociales. Correo: cesarreyna78@gmail.com
I. Introducción. –
El desarrollo de proyectos mineros de exploración y explotación y las inversiones en el sector extractivo pueden enfrentar una serie de riesgos políticos, económicos y sociales que pueden afectar su viabilidad y rentabilidad a mediano y largo plazo. En tal sentido, las empresas de la industria deben estar preparadas para enfrentar una amplia gama de riesgos políticos, económicos y sociales en las jurisdicciones en las que operan. Ante ello, se recomienda adoptar un enfoque proactivo y centrado en el diálogo multiactor, la transparencia, la rendición de cuentas, la generación de beneficios para la sociedad y el compromiso con las comunidades locales para tratar de mitigar estos riesgos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades económicas.
Las empresas operan en un entorno donde la incertidumbre política nacional se ha vuelto omnipresente, y desafía con permanecer indefinidamente. Este fenómeno no solo afecta a países como Perú, sino a todo el resto de Latinoamérica, uno de los grandes núcleos de producción minera a nivel global. El regreso a tendencias políticas populistas en la región influye en el ánimo de los inversores, junto con la creciente fragilidad de las instituciones y el deterioro del Estado de Derecho. Esto plantea serios desafíos para las sociedades y gobiernos latinoamericanos que busca atraer inversión extranjera para desarrollar sus países. A través de este informe se busca aumentar la conciencia sobre los factores de riesgo político, económico y social que impactan decididamente en los entornos empresariales, especialmente en la industria minera y de metales, y presentar alternativas frente a diversos escenarios de riesgo para mejorar la capacidad de respuesta de las organizaciones empresariales.
Aunque las tensiones políticas y los riesgos para la seguridad son preocupantes, y pueden llegar a ser desalentadores, también existen oportunidades para abordar diferentes brechas y mejorar las perspectivas y resiliencia del sector. Mediante consultas a los actores involucrados y análisis, se identificaron los principales de riesgo actual en el ámbito minero y descubrieron áreas para fortalecer las estrategias, enfocándose en narrativas, asociaciones intersectoriales y preparación proactiva a nivel del sitio de operaciones.
Como es conocido, el sector minero se encuentra particularmente expuesto a riesgos políticos, regulatorios, sociales, entre otros, debido a su relevancia nacional en muchos países productores al tratarse de inversiones y desarrollos de muy largo plazo por lo general. El propio alcance de sus operaciones en ambientes muy desiguales en materia socioeconómica y de prestación de servicios básicos, ausencia del Estado[1] y relaciones sociales muy complejas con los actores locales, hace que la actividad sea propensa a conflictos de diversa índole y magnitud que suelen afectar el desarrollo de sus operaciones. Sin embargo, esto también posiciona al sector como un actor clave en la configuración de la realidad política, económica y social actual, es decir, como un agente cuyas capacidades pueden aportar significativamente al desarrollo de la economía mediante la reducción de brechas y tensiones sociales.
Este informe explora preguntas centrales para la industria minera tales como:
- ¿Cuáles son los principales factores riesgos micro, macro y globales que enfrentan las empresas mineras?
- ¿Cuáles son las estrategias que puede adoptar la industria para hacerle frente al desafiante panorama de riesgos?
A raíz del abordaje de estas y otras cuestiones relevantes, este reporte pretende ser un modelo o referente sobre cómo abordar la incertidumbre política, manejar las crisis sociales y económicas, y el descontento con la democracia a nivel regional, a fin de mejorar los resultados empresariales del sector minero. Es posible que mediante una comprensión más sólida de los riesgos y su papel en el panorama político regional y local, el sector minero pueda participar de manera más constructiva en el diálogo nacional y abordar desafíos del entorno político, económico y social de manera más efectiva.
II. Factores de riesgo micro. –
Los factores de riesgo micro se refieren a las amenazas potenciales e incertidumbres que pueden afectar negativamente el desempeño operativo y la estabilidad de las operaciones mineras de empresas de exploración o explotación en un determinado país. Estos riesgos surgen directamente del entorno social y la jurisdicción política donde se realizan las actividades mineras, por lo que involucran elementos de riesgo tanto internos como externos. Los elementos internos son generados por la propia empresa al no ser atendidos o identificados oportunamente, mientras que los externos provienen del contexto operativo inmediato de la empresa. Ambos pueden influir negativamente en la rentabilidad, perspectivas de crecimiento, continuidad de las operaciones y viabilidad a largo plazo de los proyectos.
Los factores de riesgo micro afectan directamente a una compañía minera en particular, en contraposición a los riesgos macro, que son más amplios y pueden afectar a la industria minera en su conjunto. Los riesgos micro pueden variar según las labores que realizan las empresas y su interacción con el entorno social. Algunos de los riesgos identificados de esta clase son:
2.1. Presencia de actividades de minería informal o ilegal: Aunque la distinción legal entre minería informal e ilegal no es del todo clara en la ley peruana, se considera que la preocupación número uno del sector minero son las actividades que estos tipos o prácticas mineras desarrollan sobre las concesiones legamente otorgadas a empresas formales de la actividad minera, principalmente de la mediana y gran minería. De las dos, la presencia de la minería ilegal representa la mayor amenaza para la seguridad de las operaciones mineras formales, pues compite directamente y busca desplazar a las empresas formales en la explotación de recursos minerales. Así lo reconoce Gonzalo Quijandría, presidente del Simposio — XV Encuentro Internacional de Minería y Director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Minsur en entrevista concedida al diario El Comercio (El Comercio, 2024).
La minería ilegal es aquella que no solo contamina e invade concesiones mineras ajenas, sino emplea métodos como la violencia o intimidación para asegurar la realización de sus actividades sobre el terreno. Para ello emplea grupos armados que le brindan protección, roba material mineralizado, destruye equipos e instalaciones privadas, amedrenta a los trabajadores formales y ejecuta atentados con la intención de paralizar indefinidamente las operaciones de las empresas formales.
A diferencia de la minería informal, que aún no recurre a la violencia para imponer condiciones en los sitios en los que opera, los grupos dedicados a la minería ilegal cuentan con capital suficiente para desarrollar actividades de la mediana minería –no son mineros artesanales ni pequeños productores- y reciben financiamiento de fuentes ilícitas como el narcotráfico y otras actividades delictivas. Esta modalidad se ha convertido en la principal forma de blanquear o lavar activos en países como Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, afectados por la rápida expansión de esta práctica que no solo representa una amenaza directa para la viabilidad de los proyectos mineros, sino para la propia seguridad nacional.
2.2. Relacionamiento con comunidades locales: Esta cuestión sigue preocupando sobremanera a las empresas mineras formales. El relacionamiento siempre ha representado un desafío mayúsculo para cualquier empresa, sin importa la fase en la que se encuentre el proyecto del cual sea titular. La preocupación radica en las elevadas expectativas que puede tener la población local sobre los beneficios inmediatos y directos que puede generar la actividad minera en sus territorios. Otra razón es el rechazo inicial al desarrollo de las operaciones mineras o la dificultad para obtener la licencia social para operar. La desconfianza reinante en los primeros estadios del relacionamiento, la falta de conocimiento real entre las partes y métodos inadecuados de relacionamiento puede retrasar la aceptación social de los proyectos o impedir su avance de manera indefinida. De modo que para destrabar socialmente algunos proyectos es necesario contar con un equipo de gestión social afianzado y experimentado que sepa lidiar con los problemas que presenta la relación con diversos actores sociales.
Entre las causas o factores que explican la dificultad de arribar a acuerdos o consensos generales acerca del desarrollo o avance de la minería se encuentran los siguientes:
a) Bajo índice de desarrollo humano (IDH) en el área de influencia social directa e indirecta donde se pretende ejecutar el proyecto de exploración o explotación[2] (factor externo): Esto revela que factores como la pobreza, desempleo, desigualdad, anemia, desnutrición crónica, falta de oportunidades productivas y económicas, deficiencia de los servicios públicos, falta de infraestructura básica, entre otros, inciden en las presiones que reciben las empresas mineras para atender una serie de demandas sociales que en principio son responsabilidad del Estado. La conjunción de todos estos factores dificulta los acuerdos y aumenta los gastos de las empresas, ya que la población local suele condicionar cualquier acuerdo sustantivo a la atención de sus necesidades básicas insatisfechas.
b) Ubicación geográfica del proyecto[3] (factor externo): El lugar donde se encuentra el proyecto determina muchas veces la capacidad de sustentación o autosuficiencia de las comunidades locales ubicadas dentro de las áreas de influencia social. Por lo que a mayor altitud disminuye la posibilidad de encontrar alimentos más nutritivos y variados por las difíciles condiciones climáticas de la zona. Esto afecta sin duda la nutrición de la población local y su grado de desarrollo en materia de rendimiento escolar y estado de salud.
Para las empresas este factor incide en el tipo de asistencia que debe brindar para tratar de paliar algunas carencias o necesidades locales. La inseguridad alimentaria y la inclemencia del clima repercuten en la predisposición y percepción de los actores locales con respecto a las empresas mineras. Esta situación suele conducir a relaciones de gran dependencia entre empresa minera y población local al considerarse vulnerable la segunda. Lo que a su vez lleva a aplicar enfoques de relacionamiento extremadamente paternalistas o filantrópicos que no resuelven los problemas sociales y más bien perpetúan las desigualdades al no promover el desarrollo de capacidades o capital humano en la zona. El riesgo radica en mantener patrones de relacionamiento que sean nocivos para la empresa, ya que las exigencias y demandas sociales suelen aumentar con el tiempo, lo que puede tornar la situación inmanejable para las finanzas y la estabilidad de las operaciones mineras.
c) Presencia de asesores inescrupulosos[4] (factor externo): En algunos casos el asesoramiento técnico y legal recibido por parte de algunas comunidades locales, en cuyos territorios se desarrollan proyectos mineros importantes (caso Las Bambas), ha sido contraproducente y hasta peligroso, toda vez que algunos asesores influyen negativamente — en los actores sociales- con el objetivo de obtener rentas o beneficios inmediatos a través del ejercicio de mecanismos de violencia o presión sobre las actividades de las empresas mineras. En este supuesto estos agentes fomentan el denominado conflicto social inducido (Reyna, 2022) que, como su nombre lo indica, es provocado u originado para cumplir básicamente una finalidad: doblegar la voluntad de un tercero para que acceda a sus pretensiones y satisfaga sus demandas inmediatas, sean estas legítimas o no.
La instrumentalización del conflicto es lo característico en este tipo de fenómenos o situaciones, puesto que es utilizado deliberadamente para lograr ciertas metas como: a) lograr la atención del Estado, esto es, se aproxime a través de sus autoridades y funcionarios para resolver problemas y demandas por mejores servicios; b) obtener algunos beneficios económicos, obligando a ello a las empresas mediante paralizaciones violentas o bloqueos de vías; y c) imponer condiciones e intimidar a cualquier otro grupo o actor para afirmar o reafirmar autoridad sobre cierta zona o parte del territorio que se controla al margen de la ley.
Pero para que el conflicto social inducido -como medio y parte central de una estrategia- tenga realmente éxito, se requiere de algunas condiciones particulares como: a) la pasividad o inoperancia deliberada de las fuerzas del orden, es decir, su ausencia en momentos y lugares en los que debe restablecerse la tranquilidad y el Estado de Derecho; b) la incapacidad, desde el Estado, de prevenir hechos de semejante naturaleza por la falta de un sistema eficiente de prevención, alerta y gestión de conflictos; y c) la presencia de azuzadores profesionales (asesores) que promueven el enfrentamiento de las comunidades con las empresas del sector extractivo para conseguir ciertas ventajas económicas a corto plazo.
d) Preponderancia de actividades agrícolas y ganaderas (factor externo): En esta variable se considera la composición de la PEA (Población Económicamente Activa), es decir, las labores principales a las que se dedica la gente que, en el caso de la sierra peruana es la agricultura de autoconsumo, la ganadería, el comercio, etc. La agricultura, que es intensiva en mano de obra pero ofrece bajos salarios, puede ser desarrollada por comunidades campesinas, haciendas o pequeños agricultores no comunitarios. Las primeras la practican para proveerse de alimentos tradicionales y las segundas para el mercado doméstico o externo. La presencia de actividades agrícolas o agropecuarias en zonas donde se ejecutan o pretenden ejecutar proyectos de exploración o explotación ha generado grandes resistencias por temas de naturaleza ambiental.
Al respecto, hay posturas que consideran que las actividades mineras son incompatibles dentro de un mismo ámbito o territorio porque compiten por recursos clave como la tierra, y principalmente el agua, además de generar riesgos para los campos de cultivo y pastoreo (por la dispersión de material particulado), la reproducción de animales de granja y la propia salud humana.
Otra posición sostiene que la minería moderna que emplea tecnología de punta, elabora estudios de ingeniería y realiza importantes inversiones para mitigar o reducir impactos es capaz de asegurar el suministro de agua y su calidad para regar campos de cultivo y consumo humano o animal. Dentro de las potenciales afectaciones al entorno y las actividades económicas de la PEA agropecuaria encontramos el transporte de mineral por medio de camiones encapsulados y la carga logística, ya que ha producido numerosos reclamos y conflictos en el Corredor Minero del Sur (Apurímac-Cusco- Arequipa).
Esto ha encontrado solución en el pasado a través de la construcción de mineroductos como en el caso de Antamina en la Región Áncash. Los agricultores, sean comunidades o haciendas, pueden llegar a organizarse y propiciar alianzas con otros actores, sean otros potenciales afectados o no, lo que veremos más adelante, para opo-nerse al desarrollo minero, exigir más información y detalle sobre el proyecto, o cambios significativos en su diseño para garantizar la sostenibilidad de la operación (Reyna, 2020).
e) Actividades de ONGs antimineras (factor externo): La presencia de ONGs en la zona de operaciones puede representar un factor de alerta para la empresa minera si estas realizan labores de incidencia para generar temores infundados y difundir información falsa, incompleta o parcializada entre la población local para impedir el desarrollo de la actividad minera. Las empresas deben monitorear el entorno social para detectar a tiempo esta clase de actividades muchas veces contrarias a sus intereses. Para ello se precisa de un plan de gestión de riesgos sociales debidamente implementado para realizar reportes oportunos y desplegar acciones en pos de combatir campañas de desinformación en el área o terreno social, medios de comunicación y redes sociales (Reyna, 2020).
f) Antecedentes con actividades extractivas (factor externo): En esta variable se analiza el tipo de vinculación entre las comunidades locales con la industria extractiva (petróleo, minería, gas, etc.). Es importante conocer si la localidad ha tenido relación previa con empresas exploradoras o productoras porque ello suele influir en la aceptación o rechazo de nuevas actividades en la zona. En ese sentido, una mala experiencia puede condicionar la presencia de las actividades mineras (como exigir más garantías, más información, etc.), o impedirlas de plano fruto del historial negativo. Cabe señalar que desmontar este tipo de percepción toma tiempo y esfuerzo, y no es seguro que se logre en el corto o mediano plazo (Reyna, 2020).
g) Grado de organización de los actores locales (factor externo): Esta factor refleja la capacidad de las comunidades locales de preparar la defensa de sus intereses en caso de rechacen la presencia de actividades mineras dentro o fuera de sus territorios (en zonas adyacentes). Si se trata de un rechazo categórico a la actividad estamos frente a un conflicto de resistencia o alternativa, como plantean Hoetmer y Svampa (2013), y que se presenta cuando “las poblaciones defienden su territorio de la entrada de la minería en función de modelos de vida distintos”. Aunque la organización para la defensa de intereses colectivos también se puede presentar en el caso de un conflicto de connivencia o coexistencia en el que “las poblaciones locales se movilizan como parte de una suerte de negociación permanente sobre las condiciones de la actividad minera en la zona” (Hoetmer, 2013). Este factor comprende la articulación de una agenda con otros actores (autoridades locales[5], rondas campesinas, frentes de defensa, federaciones, etc.) que se unen bajo el supuesto de un “enemigo común”, es decir, la creencia o percepción -equivocada o no- de que la empresa minera representa una amenaza para el modo de vida tradicional, las actividades económicas preponderantes (agricultura), el medioambiente, etc (Reyna, 2020).
h) Gestión de recursos públicos (factor externo): Esto se refiere a la eficiencia en la ejecución del presupuesto público que incluye las asignaciones por canon minero y regalías mineras. Al respecto, la deficiente ejecución del presupuesto y de las obras de infraestructura pública por parte de gobiernos subnacionales (regionales, provinciales y municipales) no ha permitido el desarrollo de la población ubicada en zonas de influencia directa e indirecta de la minería. Esto se debe a la corrupción generalizada de funcionarios y servidores públicos, generando la percepción de que el aporte minero –en materia de tributos y otras contribuciones- no ha servido para reducir las brechas socioeconómicas que mantiene el país. Esto ha venido produciendo un alto grado insatisfacción o descontento, ya que las comunidades locales no perciben beneficios tangibles o reales debido a una indebida o mala administración de los recursos públicos.
Como alternativa a este problema, el cual incrementa la posibilidad de conflicto al mantener un alto nivel de descontento social y demandas históricas no atendidas o postergadas, se creó desde hace algunos años el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y la modalidad del Fondo de Adelanto Social (FAS), a través del primero varias empresas mineras ha realizado obras priorizadas por la población por medio de contratistas (constructoras). El primero se complementa con las asociaciones público-privadas (APP), una modalidad en la que las empresas asumen directamente el diseño, ejecución y mantenimiento de las obras para generar mayor confianza y bienestar (Reyna, 2020).
i) Índice de conflictividad social (factor externo): Si bien el Perú no cuenta con un Índice de conflictividad social (ICS) oficial, existen reportes gubernamenta-les (informes de Defensoría del Pueblo, Presidencia del Consejo de Ministros, etc.) o bases de datos de entidades privadas que determinan, en base a los casos de conflictos registrados, cuáles son los distritos, provincias y regiones que presentan mayor grado de conflictividad social a nivel nacional. Por lo general estas jurisdicciones se encuentran en el Sur peruano, donde se concentran grandes inversiones mineras y altos niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica[6].
Cabe precisar que la oposición de las comunidades locales a proyectos mineros, motivada por preocupaciones sobre el medio ambiente, la salud pública y el impacto en el modo de vida, puede generar conflictos y retrasos en la implementación de proyectos. Los conflictos sociales pueden afectar la reputación de las empresas mineras, generar costos adicionales y aumentar la incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos (Reyna, 2020).
j) La presencia de minería informal o ilegal (factor externo): Dada la penetración y alcance de estas prácticas en diversas partes del territorio nacional, la presencia de mineros informales o ilegales influye naturalmente en el relacionamiento con las comunidades locales. Esto se debe a que la operación informal o ilegal puede debilitar la estructura organizativa, valores e intereses de la propia comunidad cuando un sector de la misma respalda las actividades de este tipo, pero otro se opone radicalmente. También pueden presentarse casos en los que estas actividades se asocian con los comuneros locales, quienes optan por el trabajo minero informal o ilegal en perjuicio de las labores agropecuarias y comunales. Las alianzas y arreglos que se pueden llegar a formar repercuten en el desarrollo de la actividad minera formal, pues las empresas deben hacer frente a una compleja realidad social para la cual la mayoría no se encuentra preparada, por lo que vienen exigiendo al Estado la aplicación de políticas de mano dura y el restablecimiento del Estado de Derecho para combatir efectivamente estos tipos de minería, sobre todo en el caso de la minería ilegal que rivaliza y compite abiertamente con la minería formal en el aprovechamiento de los depósitos de oro y cobre, principalmente.
Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió una nota de presenta en la que condenó las actividades delincuenciales de grupos de mineros ilegales y bandas criminales que operan en la provincia de Pataz, donde laboran tres empresas mineras formales que se dedican a la explotación de oro. Además señaló que “la minería ilegal está buscando desplazar a actividades productivas formales que aportan a la reactivación de la economía”. Finalmente, invocó a las autoridades del Estado para que aborden esta problemática y a la ciudadanía en general para combatir este flagelo (SNMPE, 2024).
k) Incumplimiento de acuerdos (factor interno): El incumplimiento de acuerdos por parte de empresas figura como uno de los principales causantes de los conflictos en el sector extractivo, tanto para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como para la Defensoría del Pueblo en sus respectivos informes. Según datos del año 2019, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reportó que el 54.5% de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo están pendientes de cumplimiento, siendo un 79.9% responsabilidad de las entidades del Estado, frente al 18.7% de las empresas privadas (Reporte Willaqniki N°12, 2019). Este incumplimiento provoca el resurgimiento de la protesta y el deterioro de la relación entre el gobierno y la sociedad (Muñoz, 2022). Por ello es importante monitorear y dar seguimiento el cumplimiento de lo pactado, es decir, establecer mecanismos que permitan o faciliten la ejecución de los compromisos asumidos en un determinado momento, sean escritos o verbales. Esta variable también afecta a las entidades de Gobierno Central que no han podido implementar lo estipulado en actas u otros documentos oficiales con la población local. Esto último es importante porque los incumplimientos de entidades oficiales pueden afectar el desempeño de la empresa, ya que pueden desencadenar protestas que interrumpan las operaciones temporalmente, o exigirse a la empresa el cumplimiento de una obligación de origen estatal (Reyna, 2020).
l) Contaminación y accidentes (factor interno): La contaminación es una de las principales variables y genera preocupación aun cuando no se haya producido un incidente atribuible a alguna empresa. Dado el riesgo que generan las operaciones mineras, ocupa generalmente el primer lugar entre las causas del conflicto social. El factor que preocupa a la comunidad es la contaminación y el suministro del agua, lo segundo esencialmente por la posible restricción que puede afectar a una o varias cuencas agropecuarias (Reyna, 2020).
m) Demanda laboral y contratación con proveedores locales (factor interno): La exigencia de empleo y la contratación de empresas locales para convertirse en proveedoras regulares de las empresas son demandas habituales que reciben las empresas. La aspiración de las familias comuneras es que uno de sus miembros forme parte de la plantilla de la compañía o, en su defecto, de las contratistas que le brindan servicios. Con ello buscan asegurar ingresos superiores a los que obtienen del campo, y por fin, mejorar su calidad de vida. En muchos casos estas demandas forman parte de obligaciones asumidas en acuerdos para el inicio de actividades de exploración o explotación. Esto puede generar problemas de naturaleza sindical y social dentro la empresa. La exigencia de más puestos de trabajo y más oportunidades (contratos) para las empresas locales (comunales, familiares o individuales) genera mayores presiones a las empresas.
La contratación un porcentaje de mano de obra local y con proveedores puede dar lugar a problemas como huelgas laborales o fallas de proveedores –en materia de calidad y precio de bienes y servicios-, lo que puede alterar los cronogramas de producción, aumentar los costos operativos y provocar escasez de inventario, menor eficiencia productiva o retrasos en las entregas de minerales.
Por otro lado, una salida que las empresas mineras han encontrado para reducir la conflictividad social en sus zonas de influencia es aceptar que las comunidades brinden servicios empresariales cada vez más complejos como el transporte de personal, de carga logística e insumos y del propio concentrado de mineral. En ese sentido se ha pasado del alquiler de vehículos (camionetas, por lo general) y tomar en su mayoría de mano de obra no calificada a un esquema en el que las comunidades locales forman empresas comunales con fondos aportados por las empresas mineras para ofrecer servicios de distinta índole. El hecho de poder contratar con grandes y medianas mineras les facilita el acceso al crédito bancario para la adquisición de nuevos equipos y maquinarias para incrementar sus ingresos y productividad. De ese modo se ha conseguido cierta paz social, que no es del todo definitiva por las constantes demandas sociales, desencuentros abruptos (ruptura de negociaciones) y elevadas pretensiones económicas de las comunidades (Reyna, 2020).
n) Inadecuados enfoques de relacionamiento comunitario (factor interno): en algunos casos lo que puede dificultar la comunicación, el diálogo, las negociaciones y la celebración de acuerdos con los grupos de interés local (stakeholders) puede ser el empleo de métodos no apropiados para el entorno social en el que se trabaja. Esto puede deberse al desconocimiento de enfoques como el de interculturalidad, por ejemplo, que tiene un gran potencial para acercar posiciones y mejorar la comunicación entre grupos culturalmente diversos, como lo son los representantes de la empresa minera y los miembros de la comunidad local. En otros casos se ignoran algunas técnicas de medicación o facilitación de procesos sociales para promover el diálogo y el manejo de grupos. Incluso un mal diagnóstico sociocultural inicial (superficial) o una deficiente caracterización de los actores sociales y sus respectivas posiciones, intereses y necesidades (mapeo) puede generar problemas en la aplicación del plan de trabajo, sus instrumentos de gestión social y el propio relacionamiento.
o) Falta de coincidencia entre el plazo técnico y el plazo social (factor interno): este problema se refiere a la discrepancia entre el cronograma operativo de la empresa y el manejo del tiempo por parte de los actores sociales. En el primer caso la empresa –particularmente el equipo de geología en proyectos de exploración o de ingenieros de mineras en la etapa de explotación- desea avanzar conforme a lo planificado por su equipo profesional; en el segundo los integrantes de la comunidad deciden autónomamente cuándo convocar a asamblea general o reunión de la directiva para abordar los temas en agenda que solicita la empresa. El problema surge cuando se pretende acelerar el tiempo que toma normalmente la comunidad para definir ciertas cosas que son de interés de la empresa. Esto puede generar inconvenientes o impases, sobre todo cuando no existe suficiente grado de confianza entre las partes o actores. Lo que se recomienda habitualmente es no apurar a la comunidad para que tome una decisión sobre la autorización o permiso social para operar o definir los alcances de un acuerdo; pero sí incidir y tratar de sensibilizar a la población sobre la importancia de que podría generar la realización de actividades mineras en sus territorios.
III. Factores de riesgo macro. –
Las empresas mineras que operan en países emergentes o en desarrollo enfrentan un conjunto único de factores de riesgos políticos, económicos y sociales que pueden afectar significativa-mente su rentabilidad, perspectivas de crecimiento, y la sostenibilidad general de su opera-ción. Estos riesgos surgen de la situación coyuntural y de las propias condiciones estructurales de estos países, que se pueden describir y caracterizar de la siguiente manera:
3.1. Riesgos coyunturales. –
Estos riesgos surgen de factores políticos, económicos y sociales de corto plazo y algunos otros acontecimientos que involucran a todas las dimensiones de análisis mencionadas que pueden tener un impacto repentino y sustancial en el desempeño de una empresa en particular o de la industria minera en su conjunto.
Los riesgos coyunturales para la actividad minera en países emergentes de América Latina pueden ser diversos y pueden variar según el contexto específico de cada país y proyecto minero. Algunos de los riesgos coyunturales más relevantes son de carácter político y son los siguientes:
a) Enfrentamiento político-institucional entre Gobierno Central y Congreso de la República (riesgo político): Los choques entre los poderes ejecutivo y legislativo son frecuentes cuando el partido de gobierno no alcanza una sólida mayoría parlamentaria, es decir, cuando su bancada y la de sus aliados no constituye el bloque político mayoritario para frenar cualquier intento de vacancia presidencial, censuras de gabinetes ministeriales y pérdidas de confianza a ministros por parte de los sectores de oposición. Esto último no ha venido ocurriendo durante las últimas gestiones presidenciales en Perú, más concretamente a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y sí tras la caída de Alberto Fujimori (1990–2001) hasta el gobierno de Ollanta Humala (2011–2016).
En la actualidad esta lucha se produce cuando desde el Parlamento se cuestiona la labor de algunos ministros, a los que se busca censurar para buscar reemplazantes que sintonicen mejor con la agenda de las bancadas que promovieron la censura. En una situación en la que el Gobierno Central se encuentra expuesto y debilitado por la falta de una bancada propia y numerosa frente a los arrebatos de la oposición, este se ve obligado a buscar aliados circunstanciales entre distintos grupos congresales a cambio de prebendas políticas. Pero estas alianzas son precarias y puramente coyunturales, ya que dichos grupos parlamentarios pueden convertirse en fácilmente en rivales cuando consideren que la asociación con un Ejecutivo ineficiente e impopular es perjudicial en términos electorales, es decir, cuando se acercan los comicios generales en los que buscarán distanciarse de las autoridades de gobierno.
Este tipo de enfrentamientos no solo desgasta a los actores políticos, sino que puede paralizar la actividad política o desviarla de los asuntos que debe atender con urgencia como la promoción de la inversión minera, el combate de la minería ilegal, una mejor ejecución del presupuesto público, la lucha contra la corrupción en los distintos niveles de gobierno, la dotación de mejores servicios básicos a la población más vulnerable, el diseño de medidas efectivas para afrontar las consecuencias del cambio climático, entre otros.
b) Proximidad de las elecciones generales (riesgo político): La cercanía de la campaña electoral genera la aparición de nuevos partidos o movimientos políticos, así como la eventual formación de alianzas o coaliciones políticas, pero todo la de aspirantes presidenciales de diversas tendencias. Entre las que más preocupan al electorado, y sobre todo al gremio minero son las candidaturas de extrema izquierda y de carácter populistas pues promueven una agenda contraria la inversión privada y el crecimiento y el desarrollo. En dicho espectro se ubican candidatos que apoyan abiertamente actividades informales e ilegales como la minería ilegal, prometiendo incluso un marco legal más flexible que facilite el reconocimiento legal de sus operaciones como en el caso de Antauro Humala (Expreso, 2024), hermano del expresidente Ollanta Humala, exmilitar y expresidiario sentenciado por el asesinato de cuatro policías y el delito de rebelión en el año 2005. Antauro se declara etnonacionalista, ideología que implica reconocer privilegios a la denominada “raza cobriza”, conformada por los descendientes de las poblaciones oriundas de Los Andes peruanos, para que las actividades productivas en manos de capitalistas criollos y extranjeros pasen a sus manos, una expropiación en la práctica.
Las elecciones suelen generar un periodo de gran incertidumbre y paralización de inversiones por la situación de indefinición política que se vive cada cinco años. Por lo general la disputa de la presidencia se resuelve en una segunda vuelta entre dos candidatos que reciben mucho antivoto, esto es, tienen más rechazo electoral que aceptación ciudadana, por lo que tras ganar la contienda y asumir el gobierno el nuevo mandatario asume el poder con una baja legitimidad. La desconfianza es mayúsculo debido a que las elecciones está caracterizadas por una alta polarización política en la que los extremos suelen ganar terreno. La población más que elegir por propuestas pragmáticas y planes de gobierno coherentes opta por el denominado mal menor, que significa elegir el menor entre dos males. No existe un voto por convicción o creencia de que la situación mejorará a corto o mediano plazo, sino un sufragio destinado a evitar que la peor opción -para los intereses individuales o de grupo- asuma el control del poder. Este problema se debe fundamentalmente a la crisis de representación política que escapa ya al análisis coyuntural por tratarse de un elemento estructural de la sociedad y política peruana, y probablemente latinoamericana.
c) Tramitología o permisología (riesgo administrativo-regulatorio): El exceso de requisitos y procedimientos a los que es sometida la minería formal resta competitividad a Perú con respecto a otras jurisdicciones mineras. La falta de claridad en las regulaciones y procesos, y la demora en la aprobación de los permisos o autorizaciones para el desarrollo de proyectos mineros genera más incertidumbre a las empresas y los inversionistas. La necesidad de una reforma administrativa que permita centralizar la evaluación y aprobación de solicitudes debe ser una prioridad para devolver el protagonismo al sector, uno de los pocos que es capaz de dinamizar la economía atraer divisas para financiar el presupuesto público. Las trabas o barreras burocráticas que enfrentan las empresas pueden generar demoras y costos adicionales en la implementación de proyectos, así como aumentar el riesgo de litigios y disputas legales.
d) Inseguridad jurídica (riesgo legal): Este factor es de naturaleza coyuntural porque se presenta en determinados periodos y en función a los intereses de cada gobierno de turno, que pueden ser incluso muy cambiantes entre un gabinete ministerial y otro. Las inversiones mineras, que por lo general son de largo plazo, sufren con modificaciones legales abruptas e irreflexivas en materia tributaria, laboral, ambiental y en seguridad. La ausencia de justificaciones técnicas desincentivan la inversión y la contraen por largos años hasta mostrar señales de mayor estabilidad en el país. Es importante también que los tribunales de justicia ofrezcan garantías a la inversión en aspectos cruciales como la defensa de la propiedad privada y la libertad de contratar y para hacer empresa, pilares en toda economía de mercado. Países con alta informalidad e inestabilidad política suelen generar cambios normativos poco consensuados, realistas e idóneos, lo que preocupa sobre manera al sector minero.
Una manera de protegerse contra este tipo situaciones ha sido el establecimiento de contratos-ley hace algunas décadas atrás para evitar que se alteren las reglas de juego para ciertas inversiones. Los candados constitucionales de momento impiden modificaciones radicales en el régimen minero que se sustenta en la titularidad de las concesiones otorgadas bajo el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos. Sin embargo, cada elección se abre la posibilidad de que ciertas reglas desaparezcan y con ello la posibilidad de desarrollar el potencial del sector y generar más desarrollo.
Los cambios en la política gubernamental, como modificaciones en los impuestos, regalías o regulaciones ambientales, pueden impactar de manera significa la viabilidad económica de los proyectos mineros. La incertidumbre política y la falta de estabilidad en las reglas pueden disuadir la inversión extranjera y obstaculizar el desarrollo de proyectos mineros a largo plazo. Esto explicaría en parte el retraso que experimenta la ejecución de la cartera de proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que supera los 50 mil millones de dólares.
e) Imagen y percepción de la minería (riesgo social): Es importante hacer notar que la imagen que proyecta la minería en la sociedad no es igual tratándose del entorno urbano o rural, por lo que no se pueden realizar generalizaciones, incluso dentro de una misma región. Una encuesta realizada por Ipsos en 2021 reveló que en Lima el 76% respaldaba la minería, mientras que en el interior recibía el apoyo de 67%. Asimismo, el sondeo señaló que un 53% de peruanos cree que la minería formal beneficia a la población de la zona donde operan. En la capital peruana este porcentaje ascendió a 64% y en el interior llegó a 47% (IIMP, 2021).
Sin duda la minería goza de mayor aceptación en zonas urbanas que en las áreas más alejadas de estos núcleos, ello se debería -en parte- a que las ciudades no perciben impactos o externalidades negativas de manera significativa. En cambio las áreas rurales pueden experimentar grandes cambios o transformaciones en el espacio físico y social mediante el desarrollo de un proyecto minero. Estos cambios pueden generar impactos que deben ser inicialmente identificados, monitoreados y reducidos para obtener el suficiente respaldo social que permita el desarrollo de la minería.
En otras palabras, en lugares donde campea la pobreza, desigualdad y otros problemas sociales se debe conseguir la llamada licencia social para operar, tanto para labores de exploración como de explotación. A las empresas mineras formales les interesa sobremanera saber cómo vienen siendo percibidas por los grupos de interés local (stakeholders) para reducir riesgos sociales, evitar conflictos y aumentar su capital social a fin de asegurar la viabilidad social de sus proyectos. Esto implica invertir en tareas de gestión social y realizar programas de responsabilidad social, valor compartido y sostenibilidad para disminuir su impacto negativo y potenciar el efecto económico que generan. Solo de esa manera pueden maximizar el beneficio social y mejorar su percepción entre diferentes sectores de la población.
3.2. Riesgos estructurales. –
Los riesgos estructurales para la actividad minera en países emergentes de Latinoamérica son aquellos que están arraigados en las condiciones de largo plazo y en las características fundamentales de la industria minera y el entorno socioeconómico en el que operan. Estos son de naturaleza permanente, por lo que impactan de manera indefinida a los proyectos, restándoles competitividad o mayor eficiencia de la deseada. Abarcan una variedad de riesgos que obstaculizan las perspectivas de crecimiento y sostenibilidad empresarial a largo plazo. Estos riesgos surgen de profundas raíces económicas, sociales y desafíos ambientales que caracterizan a la región y plantean obstáculos importantes a la industria minera. Algunos de estos riesgos son:
a) Debilidad institucional: La debilidad de las instituciones gubernamentales, la corrupción y la falta de capacidad administrativa pueden dificultar la implementación efectiva de políticas y regulaciones relacionadas con la actividad minera. La fragilidad institucional puede aumentar los riesgos para las empresas mineras, incluido el riesgo de expropiación, arbitrariedad regulatoria y conflicto con las comunidades locales. Esto último debido a las reducidas capacidades para la prevención y medicación en casos de conflicto social.
En palabras de Darío Zegarra, Country Manager de Newmont Perú y presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP): “La debilidad institucional es el desafío más grande que tenemos para poder convertir esta oportunidad histórica que nos brinda la minería en una mayor generación de renta, más oportunidades fiscales y reducir radicalmente la pobreza” (Energiminas, 2023).
Las empresas mineras operan en espacios donde la política es volátil, los funcionarios son reemplazados rápidamente y no existen planes de largo plazo que permitan lograr objetivos claros y alcanzar cierta estabilidad. A esto se suma que la burocracia estatal no cuenta con el mejor personal o talento disponible debido a la ausencia de meritocracia y la falta de una carrera pública debidamente establecida. Esto no permite que los funcionarios y servidores públicos atiendan de manera célere los trámites que ingresan las empresas mineras cuando solicitan permisos para explorar, construir, explotar, transportar o cerrar actividades. La ineficiencia del aparato público genera ineficiencias que se materializan en mayores pérdidas económicas y costos de oportunidad.
La fragilidad del marco institucional se retroalimenta con la inestabilidad política, que es la vez causa y consecuencia de este fenómeno. La mala política o la pésima forma de hacer política tienen impactos económicos y operativos notables en el ámbito de la minería, y se manifiesta en el retraso o postergación de inversiones, el redirecciona-miento de la inversión hacia otros países o latitudes, el mayor gasto en seguridad ante la vulnerabilidad de las operaciones por injerencia de la criminalidad organizada (falta de protección policial), elaboración de planes de contingencia ante paralizaciones producidas por el bloqueo de vías (reducción de la rentabilidad), entre otros.
b) Pobreza y desigualdad: Estos dos problemas de la economía peruana y latinoameri-cana son de naturaleza o raíz estructural debido a la dificultad que implica reducirlas de manera significativa y se vienen manifestando desde hace siglos por la falta de productividad, capital humano y modernización de la economía, además de una mala asignación y ejecución del presupuesto público orientado primordialmente al financiamiento de obras públicas y entrega de subsidios, en lugar de destinarse a la mejora en la prestación de servicios básicos o esenciales para generar oportunidades y cerrar brechas sociales.
El crecimiento económico experimentado hace más de una década producto del ‘boom minero’ (aumento de precios de las materias primas, entre las que destacaban los minerales) generó mayores ingresos fiscales que fueron diluyéndose rápidamente en proyectos de infraestructura poco rentables desde el punto de vista social (Maldonado, 2011), además de filtraciones y pérdidas originadas por la corrupción durante los procesos de licitación de obras y su posterior y controvertida ejecución.
La reciente medición sobre la pobreza del año 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), revela que la pobreza creció de 27.5% a 29% con respecto al año anterior (2022). Esta cifra alarmante implica un serio retroceso en la reducción de la pobreza que se venía registrando antes del inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19. En los últimos tres años, de acuerdo con una nota publicada en el diario El País de España, “se estima que 9.780.000 peruanos no tuvieron los ingresos económicos mínimos para cubrir la canasta básica de consumo durante el año pasado. Se trata nada menos que 3,2 millones más de personas en comparación al 2019, el año prepandemia que registró un 20,2%. Perú registra tres años consecutivos donde la pobreza monetaria solo se ha agravado” (El País, 2024).
Ahora bien, la pobreza y la desigualdad pueden representar importantes factores de riesgo macro para la inversión minera en países latinoamericanos por tres razones fundamentales:
i. Inestabilidad social: La pobreza y la desigualdad pueden alimentar la inestabilidad social, creando un entorno propicio para la protesta social, los conflictos laborales y la agitación política. Estas tensiones pueden aumentar el riesgo de interrupciones en las operaciones mineras, ya sea por protestas comunitarias, huelgas laborales o actos de violencia auspiciados por grupos o movimientos que intentan cuestionar el papel que cumple la actividad minera en el desarrollo nacional.
ii. Conflictos sociales y ambientales: La pobreza y la desigualdad pueden exacerbarse por la actividad minera, especialmente cuando no se abordan adecuadamente los impactos sociales y ambientales, lo que ocurre con frecuencia en el caso de la minería informal e ilegal, pero como no se hacen responsables y abandonan los sitios de explotación dejando pasivos ambientales, un sector de la ciudadanía termina acusando a las empresas mineras formales de dichos impactos.
Por otro lado, las comunidades menos beneficiadas por la actividad minera, sobre todo las que no se encuentran en las zonas de influencia directa e indirecta, pueden sentir que no están siendo atendidas o que perciben menores beneficios que otras comunidades, lo que puede generar tensiones y conflictos con las empresas mineras. Además, la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades puede intensificar los conflictos sociales relacionados con el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales.
iii. Riesgo reputacional: Las empresas mineras pueden enfrentar riesgos reputacionales si son percibidas como contribuyentes a la pobreza y la desigualdad, o si se las acusa de explotar recursos naturales a expensas de las comunidades locales por parte de activistas o líderes inescrupulosos. La mala gestión de los impactos sociales y ambientales puede dañar la reputación de una empresa y afectar su capacidad para atraer inversiones y obtener licencias sociales para operar, pero sobre todo puede acentuar la pobreza si daña fuentes de agua y afecta campos de cultivo o pastoreo.
c) Gobernanza de los recursos naturales: La gobernanza de los recursos naturales determina cómo se gestionan y regulan los recursos minerales en un país. Cuando la gobernanza es débil, esta se caracteriza por la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas, la presencia de actos de corrupción y la ineficiencia en la aplicación de los marcos regulatorios como fiscalizaciones o supervisiones en materia ambiental y de seguridad operativa. Estos problemas pueden tener varios impactos negativos en las empresas mineras como i) aumentar el costo de hacer negocios, ii) limitar las decisiones de inversión, y iii) plantear riesgos operacionales y legales para las empresas mineras.
i. Aumento del costo de hacer negocios: La corrupción y la falta de transparencia pueden dar lugar a sobornos y pagos indebidos para obtener permisos y licencias, lo que aumenta los costos operativos para las empresas mineras. Esto puede reducir la rentabilidad de los proyectos mineros y hacer que sean menos atractivos para los inversores. Para controlar esto las empresas adoptan mecanismos efectivos de compliance, gobernanza corporativa y transparencia en la gestión de intereses privados.
ii. Limitación de las decisiones de inversión: La incertidumbre creada por una gobernanza débil puede disuadir a los inversionistas de comprometer capital en proyectos mineros. La falta de claridad en los marcos regulatorios y la posibilidad de cambios arbitrarios en las políticas gubernamentales pueden hacer que las empresas sean reacias a realizar inversiones a largo plazo en el sector minero. Ante esta situación, las empresas cautelan sus intereses bajo convenios de estabilidad jurídica con el Estado que garanticen determinadas reglas de juego y tratados de protección de inversiones entre países emisores y receptores de la inversión privada extranjera.
iii. Riesgos operacionales y legales: La falta de claridad o ambigüedad en las regulaciones y la inconsistencia en su aplicación pueden generar riesgos operacionales para las empresas mineras. Además, la corrupción y la falta de transparencia pueden plantear riesgos legales, como disputas contractuales y litigios, que pueden afectar la viabilidad y la estabilidad de los proyectos mineros.
d) Deficiencias de infraestructura y gestión de desastres naturales: El déficit en infraestructura o contar con infraestructura inadecuada que necesita mantenimiento y reparaciones como carreteras, puertos, y fuente de suministro eléctrico puede aumentar significativamente los costos de transporte, retrasar los cronogramas del proyecto y plantear serios desafíos logísticos. Desastres naturales como deslizamientos de rocas, lodos y maleza por lluvias intensas o inundaciones, y sequías prolongadas[7], también pueden perturbar las operaciones y causar daños importantes por la falta de agua para los proyectos y las comunidades de la zona. La infraestructura deficiente puede limitar la capacidad de transporte de minerales, generar accidentes lamentables y dificultar la exportación de productos, lo que afecta la competitividad de los proyectos mineros.
Al respecto, las empresas mineras le hacen frente a este riesgo mediante inversiones canalizadas a través de mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) o Alianzas Público Privadas (APP) para reducir la brecha en infraestructura. Asimismo, algunas compañías se empeñan en dotar de servicios básicos como agua, telecomunicaciones o electricidad a través de la implementación de programas de responsabilidad social y valor compartido.
IV. Factores de riesgo global. –
Los factores de riesgo global representan desafíos que trascienden las fronteras nacionales y pueden impactar significativamente en la industria minera a nivel mundial. Se trata de aquellas amenazas externas que pueden afectar significativamente las finanzas, la proyección del negocio, y la viabilidad general de las empresas mineras que operan en la región.
A continuación, se detallan algunos de estos factores:
4.1. Cambio climático: El cambio climático presenta una serie de riesgos para las empresas mineras, incluidos eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y tormentas, que pueden interrumpir las operaciones y dañar la infraestructura. Además, el aumento de las regulaciones ambientales relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la gestión del agua puede aumentar los costos operativos y dificultar el acceso a recursos naturales clave.
4.2. Geopolítica: Las crecientes tensiones en la escena geopolítica, los conflictos regionales y las guerras en otras regiones (Rusia y Ucrania; Israel y Palestina) pueden alterar el comercio internacional, las cadenas de suministro y los flujos de inversión, lo que genera inestabilidad económica y mayores riesgos comerciales.
En el caso peruano esto se evidencia en la pugna entre Estados Unidos y China por el acceso a rutas comerciales importantes en el Pacífico (puerto de Chancay), el suministro de commodities (minerales estratégicos como el cobre y el litio), la predominancia de inversiones en sectores clave (infraestructura energética, minería, petróleo, gas, etc.), entre otros factores.
La viabilidad económica de los proyectos mineros depende de un contexto internacional estable y del libre intercambio comercial, por lo que sanciones comerciales y altos aranceles aplicados a empresas de origen chino pueden afectar la demanda a largo plazo de ciertos productos como los concentrados de minerales. En este caso la elevación del arancel a la importación de vehículos eléctricos chino del 25 al 100% en Estados Unidos puede generar la contracción de la producción en el país asiático y la consiguiente reducción del consumo de minerales (New York Times, 2024). Un efecto similar ocurriría si se imponen tasas en Europa a estos vehículos.
E&Y (2023) indica que “(…) los mineros deberán ser lo suficientemente ágiles para aprovechar nuevas oportunidades y al mismo tiempo gestionar el riesgo de intervención gubernamental. La nacionalización de recursos y más impuestos, regalías y restricciones significan que las mineras deberían esperar condiciones operativas más duras en algunos países”.
4.3. Delincuencia trasnacional: La delincuencia transnacional, que incluye actividades como el contrabando, el lavado de dinero, el sicariato y la extorsión, puede representar una amenaza para la seguridad de las operaciones mineras y el personal en áreas propensas a la actividad criminal. Además, la presencia de grupos delictivos organizados puede socavar la gobernanza local y dificultar la aplicación efectiva de la ley y los derechos de propiedad en determinadas regiones.
En Perú diversas bandas criminales de procedencia extranjera vienen operando en zonas de actividad minera, principalmente de oro, donde ejercen el control, roban cargamentos, amedrentan a trabajadores, incursionan en campamentos e instalaciones, y realizan atentados de remembranza terrorista al derribar torres de distribución eléctrica que abastece a las operaciones de empresas mineras formales en el distrito de Pataz, en la región La Libertad al norte del Perú (Infobae, 2024). Este accionar de grupos delictivos paraliza las actividades mineras, la generación de empleo, el pago de tributos y la acumulación de inversión privada.
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Fuentes:
- El País (2024). La pobreza extrema en Perú durante el Gobierno de Boluarte supera ya los niveles de la pandemia, del 9 de mayo. Disponible en: https://elpais.com/america/2024-05-10/la-pobreza-extrema-en-peru-durante-el-gobierno-de-boluarte-supera-ya-los-niveles-de-la-pandemia.html
- E&Y (2023). Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2024, by Paul Mitchell, EY Global Mining & Metals Leader, from October 11. Available in: https://www.ey.com/en_gl/insights/energy-resources/risks-opportunities
- El Comercio. Gonzalo Quijandría (entrevista): “La minería ilegal es el riesgo más grande que enfrenta el sector minero”, del 5 de mayo. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/pataz-gonzalo-quijandria-la-mineria-ilegal-es-el-riesgo-mas-grande-que-enfrenta-el-sector-minero-proyectos-mineros-cobre-litio-estano-noticia/
- Expreso (2024). Antauro Humala: líder etnocacerista confesó estar a favor de la minería ilegal, del 2 de mayo. Disponible en: https://www.expreso.com.pe/variedades/antauro-humala-lider-etnocacerista-confeso-estar-a-favor-de-la-mineria-ilegal-ollanta-humala-alejandro-toledo-noticia/1094510/
- Hoetmer, Raphael (2013). En: Minería. Movimientos Sociales y las Disputas del Futuro. PDTG y Cooperacción. Lima.
- IIMP (2021). Ipsos: 70% de peruanos considera que la minería formal beneficia al país, del 30 de noviembre. Disponible en: https://iimp.org.pe/raiz/ipsos-70-de-peruanos-considera-que-la-mineria-formal-beneficia-al-pais
- Infobae (2024). Nuevo atentado contra la minera Poderosa en pleno estado de emergencia: dinamitan torre de electricidad en Pataz, del 8 de mayo. Disponible en: https://www.infobae.com/peru/2024/05/08/nuevo-atentado-contra-la-minera-poderosa-en-pleno-estado-de-emergencia-dinamitan-torre-de-electricidad-en-pataz/
- Maldonado, S. (2011). Boom minero y corrupción de funcionarios públicos de los gobiernos locales en el Perú: Evidencia de un experimento natural, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP) Universidad de California, Berkeley. Informe Final CIES-IDRC Versión: 26 de diciembre del 2011 (Primera versión: 12 de marzo de 2010). Disponible en: https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/boom_minero_y_corrupcion_de_funcionarios_publicos_0.pdf
- Muñoz, C. (2022). Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos en Perú: Desafíos y oportunidades, del 17 de febrero. Disponible en: https://minsus.net/conflictos-sociales-y-cumplimiento-de-acuerdos-en-peru-desafios-y-oportunidades/
- New York Times (2024). U.S. to Announce New Tariffs on Chinese Electric Vehicles, published on May 10th. Available in: https://www.nytimes.com/2024/05/10/us/politics/us-biden-china-tariffs-electric-vehicles.html
- Reyna Ugarriza, César (2022). El Conflicto Social en Minería: la aparición de la figura del Conflicto Inducido como método de presión para obtener ciertas ventajas de las empresas que operan en el Corredor Minero del Sur, del 11 de noviembre. Disponible en: https://www.linkedin.com/posts/ego-magui%C3%B1a-s-548587237_conflictos-sociales-el-conflicto-inducido-activity-6995366517127151616-v98O/
- Reyna Ugarriza, César (2020). Modelo predictivo de conflictos sociales (segunda parte). Medium, del 8 de enero. Disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/modelo-predictivo-de-conflicto-sociales-segunda-parte-782ad5f1aa08
SNMPE (2024). La minería ilegal está buscando desplazar a actividades productivas formales que aportan a la reactivación de la economía, nota de prensa del 9 de mayo. Disponible en: https://issuu.com/sociedadmineroenergetica/docs/ndp-snmpe-la-mineria-ilegal-esta-buscando-desplaza
Notas:
[1] Según el PNUD (2007): “La densidad del Estado en el Perú se estima con base en una canasta de servicios básicos e ineludibles que aquel debe garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas, como plataforma mínima para que puedan aspirar al desarrollo humano” Ver “Una mirada de conjunto a la densidad del Estado”. Informe sobre Desarrollo Humano en Perú 2009. P. 41. Disponible en:
La baja densidad del Estado en zonas altoandinas es una de las causas centrales de la desigualdad territorial con respecto a los distritos, provincias y regiones de la costa, por ejemplo. Esto acentúa las brechas socioeconómicas en materia de servicios básicos y programas gubernamentales de asistencia o desarrollo. De modo que a menor presencia del Estado en determinadas áreas de interés geológico, mayores serán las pre-siones para la empresa en lo referido a atención básica en salud, educación, empleo, obras de infraestructura, etc., por ende, un incremento en la posibilidad de conflicto si dichas demandas no son debidamente atendidas en el corto o mediano plazo.
[2] Las cuestiones sociodemográficas comprenden el nivel o grado de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, la desigualdad (medida por el coeficiente de GINI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para medir el grado de progreso social. Cabe resaltar que factores clave como la pobreza y la desigualdad inciden en la gestación de conflictos (problemas crónicos o estructurales del Perú). Estos se encuentran en el sustrato que genera las condiciones para la aparición del conflicto, por lo que deben ser efectivamente tratados por la empresa extractiva, el Estado y las propias comunidades.
[3] Esta variable es considerada tanto por el BCRP (2017) y el BBVA (2017). La razón para incorporarla es que a mayor altitud la escasez de recursos o medios de vida es mayor, así como las necesidades, por lo que la competencia por el agua se torna más intensa. Hay que considerar que la proximidad a glaciares que se encuentran protegidos, por ejemplo, incrementa la resistencia a la minería.
[4] Últimamente la asistencia técnica o legal se ha convertido en un factor relevante porque influye en las estrategias, tácticas y acciones que pueden desplegar una comunidad. De ahí que un mal asesoramiento que solo busque satisfacer intereses personales puede distorsionar la finalidad de cualquier proceso de diálogo o negociación con la empresa, el Estado y generar incidentes o conflictos sociales. Un buen asesoramiento, por el contrario, conducirá a la comunidad por las vías de la legalidad y cautelará adecuadamente sus derechos e intereses colectivos. Sin embargo, dada la poca experiencia, preparación y especialidad de los asesores en temas complejos y multidisciplinarios, es probable que no brinden un correcto asesoramiento.
[5] En muchos casos de conflicto la participación de la autoridad local, generalmente el alcalde distrital o provincial, potencia al movimiento y le confiere representación política a los diversos intereses. El alcalde se convierte en un representante o vocero que gestiona el diálogo con el Gobierno Central y la empresa. Aquí vemos la articulación entre el poder político local, que incluso puede vincular al gobierno regional, con el poder social encarnado por la comunidad y sus aliados locales.
[6] Cabe mencionar que el autor desarrolló un indicador de conflictividad social (ICS) aún no validado ni utilizado por instituciones públicas o privadas, pero que constituye el primer desarrollo de un instrumento de este tipo para medir la conflictividad social. El Indicador de Conflictividad Social (ICS) es una herramienta metodológica que permite medir el nivel de conflictividad social jurisdicciones (distritos, provincias, regiones o países) y proyectos extractivos, particularmente mineros. El ICS está compuesto por dos variables independientes: la frecuencia del conflicto en un cierto periodo y la intensidad del mismo. La frecuencia del conflicto se mide a través de la cantidad de conflictos registrados en un determinado periodo (meses). La intensidad del conflicto, por su parte, se mide a través de cinco variables: a) humanitaria: número de fallecidos y heridos durante la vigencia del conflicto, b) territorial-poblacional: cantidad de jurisdicciones y tamaño de la población afectada, c) temporal: duración efectiva del conflicto, d) económica: valor monetario de los impactos sobre la actividad minera y e) institucional: grado de afectación sobre los servicios básicos. La investigación precisa de mayor evidencia empírica para que respalde su validez conceptual o metodológica. El ICS se ha aplicado interinamente a un conjunto de casos de estudio en base a los reportes de Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM. https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9sar-reyna-ugarriza-73602a156_indicador-de-conflictividad-social-ics-activity-7153882258003607552-61oP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
[7] Bloomberg (2024). La mitad de las minas de cobre del mundo corre riesgo de sequía debido al cambio climático, del 2 de mayo. Disponible en: https://www.bloomberglinea.com/2024/05/02/la-mitad-de-las-minas-de-cobre-corre-riesgo-de-sequia-debido-al-cambio-climatico/
