Factores que dificultan el relacionamiento con comunidades locales

Por César Reyna Ugarriza, consultor en temas políticos, económicos y sociales. Correo: cesarreyna78@gmail.com

El relacionamiento siempre ha representado un desafío mayúsculo para cualquier empresa, sin importa la fase en la que se encuentre el proyecto del cual sea titular. La preocupación radica en las elevadas expectativas que puede tener la población local sobre los beneficios inmediatos y directos que puede generar la actividad minera en sus territorios. Otra razón es el rechazo inicial al desarrollo de las operaciones mineras o la dificultad para obtener la licencia social para operar. La desconfianza reinante en los primeros estadios del relacionamiento, la falta de conocimiento real entre las partes y métodos inadecuados de relacionamiento puede retrasar la aceptación social de los proyectos o impedir su avance de manera indefinida. De modo que para destrabar socialmente algunos proyectos es necesario contar con un equipo de gestión social afianzado y experimentado que sepa lidiar con los problemas que presenta la relación con diversos actores sociales.

Cabe mencionar que estos elementos surgen directamente del entorno social y la jurisdicción política donde se realizan las actividades mineras, por lo que involucran elementos de riesgo tanto internos como externos. Los elementos internos son generados por la propia empresa al no ser atendidos o identificados oportunamente, mientras que los externos provienen del contexto operativo inmediato de la empresa. Ambos pueden influir negativamente en la rentabilidad, perspectivas de crecimiento, continuidad de las operaciones y viabilidad a largo plazo de los proyectos.

Entre las causas o factores que explican la dificultad de arribar a acuerdos o consensos generales acerca del desarrollo o avance de la minería se encuentran los siguientes:

a) Bajo índice de desarrollo humano (IDH) en el área de influencia social directa e indirecta donde se pretende ejecutar el proyecto de exploración o explotación[1] (factor externo): Esto revela que factores como la pobreza, desempleo, desigualdad, anemia, desnutrición crónica, falta de oportunidades productivas y económicas, deficiencia de los servicios públicos, falta de infraestructura básica, entre otros, inciden en las presiones que reciben las empresas mineras para atender una serie de demandas sociales que en principio son responsabilidad del Estado. La conjunción de todos estos factores dificulta los acuerdos y aumenta los gastos de las empresas, ya que la población local suele condicionar cualquier acuerdo sustantivo a la atención de sus necesidades básicas insatisfechas.

b) Ubicación geográfica del proyecto[2] (factor externo): El lugar donde se encuentra el proyecto determina muchas veces la capacidad de sustentación o autosuficiencia de las comunidades locales ubicadas dentro de las áreas de influencia social. Por lo que a mayor altitud disminuye la posibilidad de encontrar alimentos más nutritivos y variados por las difíciles condiciones climáticas de la zona. Esto afecta sin duda la nutrición de la población local y su grado de desarrollo en materia de rendimiento escolar y estado de salud.

Para las empresas este factor incide en el tipo de asistencia que debe brindar para tratar de paliar algunas carencias o necesidades locales. La inseguridad alimentaria y la inclemencia del clima repercuten en la predisposición y percepción de los actores locales con respecto a las empresas mineras. Esta situación suele conducir a relaciones de gran dependencia entre empresa minera y población local al considerarse vulnerable la segunda. Lo que a su vez lleva a aplicar enfoques de relacionamiento extremadamente paternalistas o filantrópicos que no resuelven los problemas sociales y más bien perpetúan las desigualdades al no promover el desarrollo de capacidades o capital humano en la zona. El riesgo radica en mantener patrones de relacionamiento que sean nocivos para la empresa, ya que las exigencias y demandas sociales suelen aumentar con el tiempo, lo que puede tornar la situación inmanejable para las finanzas y la estabilidad de las operaciones mineras.

c) Presencia de asesores inescrupulosos[3] (factor externo): En algunos casos el asesoramiento técnico y legal recibido por parte de algunas comunidades locales, en cuyos territorios se desarrollan proyectos mineros importantes (caso Las Bambas), ha sido contraproducente y hasta peligroso, toda vez que algunos asesores influyen negativamente — en los actores sociales- con el objetivo de obtener rentas o beneficios inmediatos a través del ejercicio de mecanismos de violencia o presión sobre las actividades de las empresas mineras. En este supuesto estos agentes fomentan el denominado conflicto social inducido (Reyna, 2022) que, como su nombre lo indica, es provocado u originado para cumplir básicamente una finalidad: doblegar la voluntad de un tercero para que acceda a sus pretensiones y satisfaga sus demandas inmediatas, sean estas legítimas o no.

La instrumentalización del conflicto es lo característico en este tipo de fenómenos o situaciones, puesto que es utilizado deliberadamente para lograr ciertas metas como: a) lograr la atención del Estado, esto es, se aproxime a través de sus autoridades y funcionarios para resolver problemas y demandas por mejores servicios; b) obtener algunos beneficios económicos, obligando a ello a las empresas mediante paralizaciones violentas o bloqueos de vías; y c) imponer condiciones e intimidar a cualquier otro grupo o actor para afirmar o reafirmar autoridad sobre cierta zona o parte del territorio que se controla al margen de la ley.

Pero para que el conflicto social inducido -como medio y parte central de una estrategia- tenga realmente éxito, se requiere de algunas condiciones particulares como: a) la pasividad o inoperancia deliberada de las fuerzas del orden, es decir, su ausencia en momentos y lugares en los que debe restablecerse la tranquilidad y el Estado de Derecho; b) la incapacidad, desde el Estado, de prevenir hechos de semejante naturaleza por la falta de un sistema eficiente de prevención, alerta y gestión de conflictos; y c) la presencia de azuzadores profesionales (asesores) que promueven el enfrentamiento de las comunidades con las empresas del sector extractivo para conseguir ciertas ventajas económicas a corto plazo.

d) Preponderancia de actividades agrícolas y ganaderas (factor externo): En esta variable se considera la composición de la PEA (Población Económicamente Activa), es decir, las labores principales a las que se dedica la gente que, en el caso de la sierra peruana es la agricultura de autoconsumo, la ganadería, el comercio, etc. La agricultura, que es intensiva en mano de obra pero ofrece bajos salarios, puede ser desarrollada por comunidades campesinas, haciendas o pequeños agricultores no comunitarios. Las primeras la practican para proveerse de alimentos tradicionales y las segundas para el mercado doméstico o externo. La presencia de actividades agrícolas o agropecuarias en zonas donde se ejecutan o pretenden ejecutar proyectos de exploración o explotación ha generado grandes resistencias por temas de naturaleza ambiental.

Al respecto, hay posturas que consideran que las actividades mineras son incompatibles dentro de un mismo ámbito o territorio porque compiten por recursos clave como la tierra, y principalmente el agua, además de generar riesgos para los campos de cultivo y pastoreo (por la dispersión de material particulado), la reproducción de animales de granja y la propia salud humana.

Otra posición sostiene que la minería moderna que emplea tecnología de punta, elabora estudios de ingeniería y realiza importantes inversiones para mitigar o reducir impactos es capaz de asegurar el suministro de agua y su calidad para regar campos de cultivo y consumo humano o animal. Dentro de las potenciales afectaciones al entorno y las actividades económicas de la PEA agropecuaria encontramos el transporte de mineral por medio de camiones encapsulados y la carga logística, ya que ha producido numerosos reclamos y conflictos en el Corredor Minero del Sur (Apurímac-Cusco- Arequipa).

Esto ha encontrado solución en el pasado a través de la construcción de mineroductos como en el caso de Antamina en la Región Áncash. Los agricultores, sean comunidades o haciendas, pueden llegar a organizarse y propiciar alianzas con otros actores, sean otros potenciales afectados o no, lo que veremos más adelante, para opo-nerse al desarrollo minero, exigir más información y detalle sobre el proyecto, o cambios significativos en su diseño para garantizar la sostenibilidad de la operación (Reyna, 2020).

e) Actividades de ONGs antimineras (factor externo): La presencia de ONGs en la zona de operaciones puede representar un factor de alerta para la empresa minera si estas realizan labores de incidencia para generar temores infundados y difundir información falsa, incompleta o parcializada entre la población local para impedir el desarrollo de la actividad minera. Las empresas deben monitorear el entorno social para detectar a tiempo esta clase de actividades muchas veces contrarias a sus intereses. Para ello se precisa de un plan de gestión de riesgos sociales debidamente implementado para realizar reportes oportunos y desplegar acciones en pos de combatir campañas de desinformación en el área o terreno social, medios de comunicación y redes sociales (Reyna, 2020).

f) Antecedentes con actividades extractivas (factor externo): En esta variable se analiza el tipo de vinculación entre las comunidades locales con la industria extractiva (petróleo, minería, gas, etc.). Es importante conocer si la localidad ha tenido relación previa con empresas exploradoras o productoras porque ello suele influir en la aceptación o rechazo de nuevas actividades en la zona. En ese sentido, una mala experiencia puede condicionar la presencia de las actividades mineras (como exigir más garantías, más información, etc.), o impedirlas de plano fruto del historial negativo. Cabe señalar que desmontar este tipo de percepción toma tiempo y esfuerzo, y no es seguro que se logre en el corto o mediano plazo (Reyna, 2020).

g) Grado de organización de los actores locales (factor externo): Esta factor refleja la capacidad de las comunidades locales de preparar la defensa de sus intereses en caso de rechacen la presencia de actividades mineras dentro o fuera de sus territorios (en zonas adyacentes). Si se trata de un rechazo categórico a la actividad estamos frente a un conflicto de resistencia o alternativa, como plantean Hoetmer y Svampa (2013), y que se presenta cuando “las poblaciones defienden su territorio de la entrada de la minería en función de modelos de vida distintos”. Aunque la organización para la defensa de intereses colectivos también se puede presentar en el caso de un conflicto de connivencia o coexistencia en el que “las poblaciones locales se movilizan como parte de una suerte de negociación permanente sobre las condiciones de la actividad minera en la zona” (Hoetmer, 2013). Este factor comprende la articulación de una agenda con otros actores (autoridades locales[4], rondas campesinas, frentes de defensa, federaciones, etc.) que se unen bajo el supuesto de un “enemigo común”, es decir, la creencia o percepción -equivocada o no- de que la empresa minera representa una amenaza para el modo de vida tradicional, las actividades económicas preponderantes (agricultura), el medioambiente, etc (Reyna, 2020).

h) Gestión de recursos públicos (factor externo): Esto se refiere a la eficiencia en la ejecución del presupuesto público que incluye las asignaciones por canon minero y regalías mineras. Al respecto, la deficiente ejecución del presupuesto y de las obras de infraestructura pública por parte de gobiernos subnacionales (regionales, provinciales y municipales) no ha permitido el desarrollo de la población ubicada en zonas de influencia directa e indirecta de la minería. Esto se debe a la corrupción generalizada de funcionarios y servidores públicos, generando la percepción de que el aporte minero –en materia de tributos y otras contribuciones- no ha servido para reducir las brechas socioeconómicas que mantiene el país. Esto ha venido produciendo un alto grado insatisfacción o descontento, ya que las comunidades locales no perciben beneficios tangibles o reales debido a una indebida o mala administración de los recursos públicos.

Como alternativa a este problema, el cual incrementa la posibilidad de conflicto al mantener un alto nivel de descontento social y demandas históricas no atendidas o postergadas, se creó desde hace algunos años el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y la modalidad del Fondo de Adelanto Social (FAS), a través del primero varias empresas mineras ha realizado obras priorizadas por la población por medio de contratistas (constructoras). El primero se complementa con las asociaciones público-privadas (APP), una modalidad en la que las empresas asumen directamente el diseño, ejecución y mantenimiento de las obras para generar mayor confianza y bienestar (Reyna, 2020).

i) Índice de conflictividad social (factor externo): Si bien el Perú no cuenta con un Índice de conflictividad social (ICS) oficial, existen reportes gubernamenta-les (informes de Defensoría del Pueblo, Presidencia del Consejo de Ministros, etc.) o bases de datos de entidades privadas que determinan, en base a los casos de conflictos registrados, cuáles son los distritos, provincias y regiones que presentan mayor grado de conflictividad social a nivel nacional. Por lo general estas jurisdicciones se encuentran en el Sur peruano, donde se concentran grandes inversiones mineras y altos niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica[5].

Cabe precisar que la oposición de las comunidades locales a proyectos mineros, motivada por preocupaciones sobre el medio ambiente, la salud pública y el impacto en el modo de vida, puede generar conflictos y retrasos en la implementación de proyectos. Los conflictos sociales pueden afectar la reputación de las empresas mineras, generar costos adicionales y aumentar la incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos (Reyna, 2020).

j) La presencia de minería informal o ilegal (factor externo): Dada la penetración y alcance de estas prácticas en diversas partes del territorio nacional, la presencia de mineros informales o ilegales influye naturalmente en el relacionamiento con las comunidades locales. Esto se debe a que la operación informal o ilegal puede debilitar la estructura organizativa, valores e intereses de la propia comunidad cuando un sector de la misma respalda las actividades de este tipo, pero otro se opone radicalmente. También pueden presentarse casos en los que estas actividades se asocian con los comuneros locales, quienes optan por el trabajo minero informal o ilegal en perjuicio de las labores agropecuarias y comunales. Las alianzas y arreglos que se pueden llegar a formar repercuten en el desarrollo de la actividad minera formal, pues las empresas deben hacer frente a una compleja realidad social para la cual la mayoría no se encuentra preparada, por lo que vienen exigiendo al Estado la aplicación de políticas de mano dura y el restablecimiento del Estado de Derecho para combatir efectivamente estos tipos de minería, sobre todo en el caso de la minería ilegal que rivaliza y compite abiertamente con la minería formal en el aprovechamiento de los depósitos de oro y cobre, principalmente.

Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió una nota de presenta en la que condenó las actividades delincuenciales de grupos de mineros ilegales y bandas criminales que operan en la provincia de Pataz, donde laboran tres empresas mineras formales que se dedican a la explotación de oro. Además señaló que “la minería ilegal está buscando desplazar a actividades productivas formales que aportan a la reactivación de la economía”. Finalmente, invocó a las autoridades del Estado para que aborden esta problemática y a la ciudadanía en general para combatir este flagelo (SNMPE, 2024).

k) Incumplimiento de acuerdos (factor interno): El incumplimiento de acuerdos por parte de empresas figura como uno de los principales causantes de los conflictos en el sector extractivo, tanto para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como para la Defensoría del Pueblo en sus respectivos informes. Según datos del año 2019, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reportó que el 54.5% de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo están pendientes de cumplimiento, siendo un 79.9% responsabilidad de las entidades del Estado, frente al 18.7% de las empresas privadas (Reporte Willaqniki N°12, 2019). Este incumplimiento provoca el resurgimiento de la protesta y el deterioro de la relación entre el gobierno y la sociedad (Muñoz, 2022). Por ello es importante monitorear y dar seguimiento el cumplimiento de lo pactado, es decir, establecer mecanismos que permitan o faciliten la ejecución de los compromisos asumidos en un determinado momento, sean escritos o verbales. Esta variable también afecta a las entidades de Gobierno Central que no han podido implementar lo estipulado en actas u otros documentos oficiales con la población local. Esto último es importante porque los incumplimientos de entidades oficiales pueden afectar el desempeño de la empresa, ya que pueden desencadenar protestas que interrumpan las operaciones temporalmente, o exigirse a la empresa el cumplimiento de una obligación de origen estatal (Reyna, 2020).

l) Contaminación y accidentes (factor interno): La contaminación es una de las principales variables y genera preocupación aun cuando no se haya producido un incidente atribuible a alguna empresa. Dado el riesgo que generan las operaciones mineras, ocupa generalmente el primer lugar entre las causas del conflicto social. El factor que preocupa a la comunidad es la contaminación y el suministro del agua, lo segundo esencialmente por la posible restricción que puede afectar a una o varias cuencas agropecuarias (Reyna, 2020).

m) Demanda laboral y contratación con proveedores locales (factor interno): La exigencia de empleo y la contratación de empresas locales para convertirse en proveedoras regulares de las empresas son demandas habituales que reciben las empresas. La aspiración de las familias comuneras es que uno de sus miembros forme parte de la plantilla de la compañía o, en su defecto, de las contratistas que le brindan servicios. Con ello buscan asegurar ingresos superiores a los que obtienen del campo, y por fin, mejorar su calidad de vida. En muchos casos estas demandas forman parte de obligaciones asumidas en acuerdos para el inicio de actividades de exploración o explotación. Esto puede generar problemas de naturaleza sindical y social dentro la empresa. La exigencia de más puestos de trabajo y más oportunidades (contratos) para las empresas locales (comunales, familiares o individuales) genera mayores presiones a las empresas.

La contratación un porcentaje de mano de obra local y con proveedores puede dar lugar a problemas como huelgas laborales o fallas de proveedores –en materia de calidad y precio de bienes y servicios-, lo que puede alterar los cronogramas de producción, aumentar los costos operativos y provocar escasez de inventario, menor eficiencia productiva o retrasos en las entregas de minerales.

Por otro lado, una salida que las empresas mineras han encontrado para reducir la conflictividad social en sus zonas de influencia es aceptar que las comunidades brinden servicios empresariales cada vez más complejos como el transporte de personal, de carga logística e insumos y del propio concentrado de mineral. En ese sentido se ha pasado del alquiler de vehículos (camionetas, por lo general) y tomar en su mayoría de mano de obra no calificada a un esquema en el que las comunidades locales forman empresas comunales con fondos aportados por las empresas mineras para ofrecer servicios de distinta índole. El hecho de poder contratar con grandes y medianas mineras les facilita el acceso al crédito bancario para la adquisición de nuevos equipos y maquinarias para incrementar sus ingresos y productividad. De ese modo se ha conseguido cierta paz social, que no es del todo definitiva por las constantes demandas sociales, desencuentros abruptos (ruptura de negociaciones) y elevadas pretensiones económicas de las comunidades (Reyna, 2020).

n) Inadecuados enfoques de relacionamiento comunitario (factor interno): en algunos casos lo que puede dificultar la comunicación, el diálogo, las negociaciones y la celebración de acuerdos con los grupos de interés local (stakeholders) puede ser el empleo de métodos no apropiados para el entorno social en el que se trabaja. Esto puede deberse al desconocimiento de enfoques como el de interculturalidad, por ejemplo, que tiene un gran potencial para acercar posiciones y mejorar la comunicación entre grupos culturalmente diversos, como lo son los representantes de la empresa minera y los miembros de la comunidad local. En otros casos se ignoran algunas técnicas de medicación o facilitación de procesos sociales para promover el diálogo y el manejo de grupos. Incluso un mal diagnóstico sociocultural inicial (superficial) o una deficiente caracterización de los actores sociales y sus respectivas posiciones, intereses y necesidades (mapeo) puede generar problemas en la aplicación del plan de trabajo, sus instrumentos de gestión social y el propio relacionamiento.

o) Falta de coincidencia entre el plazo técnico y el plazo social (factor interno): este problema se refiere a la discrepancia entre el cronograma operativo de la empresa y el manejo del tiempo por parte de los actores sociales. En el primer caso la empresa –particularmente el equipo de geología en proyectos de exploración o de ingenieros de mineras en la etapa de explotación- desea avanzar conforme a lo planificado por su equipo profesional; en el segundo los integrantes de la comunidad deciden autónomamente cuándo convocar a asamblea general o reunión de la directiva para abordar los temas en agenda que solicita la empresa. El problema surge cuando se pretende acelerar el tiempo que toma normalmente la comunidad para definir ciertas cosas que son de interés de la empresa. Esto puede generar inconvenientes o impases, sobre todo cuando no existe suficiente grado de confianza entre las partes o actores. Lo que se recomienda habitualmente es no apurar a la comunidad para que tome una decisión sobre la autorización o permiso social para operar o definir los alcances de un acuerdo; pero sí incidir y tratar de sensibilizar a la población sobre la importancia de que podría generar la realización de actividades mineras en sus territorios.

Fuentes:

- Hoetmer, Raphael (2013). En: Minería. Movimientos Sociales y las Disputas del Futuro. PDTG y Cooperacción. Lima.

- Muñoz, C. (2022). Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos en Perú: Desafíos y oportunidades, del 17 de febrero. Disponible en: https://minsus.net/conflictos-sociales-y-cumplimiento-de-acuerdos-en-peru-desafios-y-oportunidades/

- Reyna Ugarriza, César (2022). El Conflicto Social en Minería: la aparición de la figura del Conflicto Inducido como método de presión para obtener ciertas ventajas de las empresas que operan en el Corredor Minero del Sur, del 11 de noviembre. Disponible en: https://www.linkedin.com/posts/ego-magui%C3%B1a-s-548587237_conflictos-sociales-el-conflicto-inducido-activity-6995366517127151616-v98O/

- Reyna Ugarriza, César (2020). Modelo predictivo de conflictos sociales (segunda parte). Medium, del 8 de enero. Disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/modelo-predictivo-de-conflicto-sociales-segunda-parte-782ad5f1aa08

- SNMPE (2024). La minería ilegal está buscando desplazar a actividades productivas formales que aportan a la reactivación de la economía, nota de prensa del 9 de mayo. Disponible en: https://issuu.com/sociedadmineroenergetica/docs/ndp-snmpe-la-mineria-ilegal-esta-buscando-desplaza

[1] Las cuestiones sociodemográficas comprenden el nivel o grado de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, la desigualdad (medida por el coeficiente de GINI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para medir el grado de progreso social. Cabe resaltar que factores clave como la pobreza y la desigualdad inciden en la gestación de conflictos (problemas crónicos o estructurales del Perú). Estos se encuentran en el sustrato que genera las condiciones para la aparición del conflicto, por lo que deben ser efectivamente tratados por la empresa extractiva, el Estado y las propias comunidades.

[2] Esta variable es considerada tanto por el BCRP (2017) y el BBVA (2017). La razón para incorporarla es que a mayor altitud la escasez de recursos o medios de vida es mayor, así como las necesidades, por lo que la competencia por el agua se torna más intensa. Hay que considerar que la proximidad a glaciares que se encuentran protegidos, por ejemplo, incrementa la resistencia a la minería.

[3] Últimamente la asistencia técnica o legal se ha convertido en un factor relevante porque influye en las estrategias, tácticas y acciones que pueden desplegar una comunidad. De ahí que un mal asesoramiento que solo busque satisfacer intereses personales puede distorsionar la finalidad de cualquier proceso de diálogo o negociación con la empresa, el Estado y generar incidentes o conflictos sociales. Un buen asesoramiento, por el contrario, conducirá a la comunidad por las vías de la legalidad y cautelará adecuadamente sus derechos e intereses colectivos. Sin embargo, dada la poca experiencia, preparación y especialidad de los asesores en temas complejos y multidisciplinarios, es probable que no brinden un correcto asesoramiento.

[4] En muchos casos de conflicto la participación de la autoridad local, generalmente el alcalde distrital o provincial, potencia al movimiento y le confiere representación política a los diversos intereses. El alcalde se convierte en un representante o vocero que gestiona el diálogo con el Gobierno Central y la empresa. Aquí vemos la articulación entre el poder político local, que incluso puede vincular al gobierno regional, con el poder social encarnado por la comunidad y sus aliados locales.

[5] Cabe mencionar que el autor desarrolló un indicador de conflictividad social (ICS) aún no validado ni utilizado por instituciones públicas o privadas, pero que constituye el primer desarrollo de un instrumento de este tipo para medir la conflictividad social. El Indicador de Conflictividad Social (ICS) es una herramienta metodológica que permite medir el nivel de conflictividad social jurisdicciones (distritos, provincias, regiones o países) y proyectos extractivos, particularmente mineros. El ICS está compuesto por dos variables independientes: la frecuencia del conflicto en un cierto periodo y la intensidad del mismo. La frecuencia del conflicto se mide a través de la cantidad de conflictos registrados en un determinado periodo (meses). La intensidad del conflicto, por su parte, se mide a través de cinco variables: a) humanitaria: número de fallecidos y heridos durante la vigencia del conflicto, b) territorial-poblacional: cantidad de jurisdicciones y tamaño de la población afectada, c) temporal: duración efectiva del conflicto, d) económica: valor monetario de los impactos sobre la actividad minera y e) institucional: grado de afectación sobre los servicios básicos. La investigación precisa de mayor evidencia empírica para que respalde su validez conceptual o metodológica. El ICS se ha aplicado interinamente a un conjunto de casos de estudio en base a los reportes de Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM. https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9sar-reyna-ugarriza-73602a156_indicador-de-conflictividad-social-ics-activity-7153882258003607552-61oP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop